La emergencia por COVID-19 agudizó algunos de los problemas más urgentes de la región, como la desigualdad y la crisis climática. La política fiscal tiene potencial para combatir estos desafíos. Esto dijo un grupo de expertos al respecto:

Tras casi tres años del inicio de la pandemia por COVID-19, nuestra región aún no se recupera de los efectos que generó. Como si se tratara de cicatrices, el desempleo, la pobreza y la desigualdad se perpetúan. Según datos recopilados por Amnistía Internacional, 44 millones de latinoamericanos comenzaron a sufrir inseguridad alimentaria desde 2020 y este lado del mundo sigue siendo el más desigual: el 1% de las personas más ricas concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.

Con este escenario, durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, nuestra iniciativa convocó a un grupo de expertas y expertos que discutieron el escenario postpandémico. Para Soledad García Muñoz, relatora especial sobre DESCA de la CIDH, ni siquiera es claro si ya se puede hablar de postpandemia, pues el virus del COVID-19 sigue mutando, las vacunas aún no alcanzan para todas y todos y estamos entrando en una serie de emergencia sanitarias que exigen poner las lentes de los derechos humanos. Entretanto, agregó, en América Latina y el Caribe la pandemia tiene lugar en un contexto de profunda fragilidad económica y social, con altos niveles de informalidad laboral y con impactos desproporcionados para los grupos históricamente desaventajados.

Sobre esto, el grupo de expertas y expertos plantearon una serie de alternativas para la recuperación de la región a la luz de la justicia fiscal y los derechos humanos:

1. Lo primero es que el rol de la política fiscal se está reevaluando: ya no es solo un instrumento para ajustar el ciclo económico, sino para cerrar brechas sociales y apuntar a un crecimiento equitativo y sostenible.
   
   
2. Los estados deben seguir con atención las recomendaciones que están en tres resoluciones que la CIDH adoptó por unanimidad en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que, como lo expresó la Relatora Especial, guardan relación con nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal: la resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos, la resolución sobre Derechos Humanos de las Personas con Covid-19 y la que se refiere a vacunas contra el Covid 19.
   
   
3. Para Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, la pandemia dejó al menos dos lecciones en materia fiscal: que la política fiscal no es infinita per sé y que las emergencias de gran dimensión necesitan una mirada estratégica, y no soluciones y ajustes prematuros. En ese sentido, propone pensar en la sostenibilidad fiscal y poner la mirada en cómo aumentar la composición de los ingresos tributarios para aumentarlos de manera progresiva, mientras se avanza con contundencia en los problemas de la evasión y la elusión.
   
   
4. Tal y como lo contempla el Principio # 10 de nuestra Iniciativa, los estados deben movilizar los máximos recursos disponibles para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales(DESCA). En ese sentido, Olivia Minatta, de CESR, hizo un llamado para que los estados piensen en cuántos recursos se necesitan para financiar los derechos, antes de contemplar un recorte fiscal.
   
   
5. De acuerdo con Marcio Ferreira, secretario ejecutivo de CIAT, no es momento de endeudarse para América Latina. Lo que está faltando, dijo, es un grito de la sociedad civil para luchar contra las elevadas tasas de evasión y el debilitamiento de las estructuras tributarias. La evasión fiscal en nuestra región cuesta cerca de 300.000 millones de dólares en ingresos fiscales, lo que equivale a 6.1% del PIB regional.
   
   
6. Las instituciones financieras internacionales han debilitado su práctica de rendición de cuentas, especialmente en la pandemia. Por eso, dijo Maia Seeger, directora de Sustentarse e integrante de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la sociedad civil debe fortalecer la fiscalización de estas instituciones exigir que se cumplan los estándares de transparencia en esa materia.
   
   
7. En el mismo sentido, hay un gran desafío para buscar que inversión pública sea transparente y se focalice en la garantía de los derechos de las poblaciones.
   
   
8. Los estados deben implementar políticas públicas con enfoque de derechos. Las personas y colectivos con mayor vulnerabilidad o que enfrentan mayor riesgo de discriminación requieren especial atención.
   
   
9. En este sentido, anotó la Relatora Especial, las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad son claves para combatir la desigualdad, y deben integraras en políticas económicas y fiscales de los países de América Latina, así como en el sistema financiero internacional y regional.
   
   
10. En un contexto de bajo crecimiento y alta inflación, como ocurre en América Latina, la política fiscal se ve fuertemente demandada. Esto desvía recursos de presupuesto público. ¿Cómo mantener una política fiscal activa que ayude a un crecimiento económico, inclusivo y sostenible?, se preguntó Daniel Titelman, de la CEPAL, durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal, a lo que respondió que con economía política y diálogos constructivos.

Mujeres y referentes del modelo social de discapacidad se encontraron para reflexionar sobre la financiación de sistemas integrales de cuidado. ¿Cómo construirlos? Aquí dejamos algunas ideas.

Hay sinergias y desafíos comunes que se tejen cuando se diseñan políticas públicas que resuelvan las desigualdades que afectan a las mujeres y personas LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Sobre todo, cuando se piensa en crear y financiar sistemas integrales de cuidado cada vez más justos.

Sobre esto dialogaron referentes de la economía feminista y del modelo social de discapacidad durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos.

Estas fueron las principales conclusiones:

Hay que construir sistemas de cuidado fuertes

En un horizonte lejano, con sistemas de cuidados vigentes, ser un varón de América Latina que no paga el apoyo o la obligación alimentaria a la madre de sus hijos será mal visto por la sociedad, pues se tratará de una excepción, y no de la norma, como ocurre en la actualidad.  ¿Cómo llegar a ese escenario? Para Lucía Cirmi Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, la clave para un cambio cultural y material de este tipo debería estar en que las familias siempre tengan una opción b: un sistema de cuidado fuerte en el que el tiempo y las labores de cuidadoras y cuidadores se represente en dinero.

¿Y cómo llegar a un sistema de cuidado fuerte? Según dijo Noelia Méndez, economista del CIEPP y de IAFFE, no solo se trata de identificar estrategias para generar nuevos recursos que lo permitan, sino de priorizar este gasto en la agenda de los gobiernos y de generar mecanismos donde los recursos sean de asignación específica y fácilmente trazables, sin que dependan del gobierno de turno. “El financiamiento tiene que partir de bases de solidaridad, porque cuidar es responsabilidad de todos. Pero hay fuertes sesgos de género. Las mujeres accedemos al sistema de cuidado de forma más precaria”, afirmó Méndez.

Es prioritario fortalecer la institucionalidad

Colombia, uno de los países sobre los que se reflexionó en este diálogo, lleva 10 años en discusiones para tener una política pública del cuidado, y ninguno de los gobiernos ha podido concretar algo. Es por eso que Ana Isabel Arenas, integrante de la Mesa Integral de Economía del Cuidado de Colombia, insiste en que el país y la mayoría de los de la región necesitan crear iniciativas novedosas para que los estados sepan qué hacer, por ejemplo, con el trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares y con los obstáculos que tienen muchas mujeres cuidadoras para entrar al mundo laboral.

De nuevo, en Colombia, existen programas en ese sentido, pero no tienen en cuenta las sobrecargas para las mujeres ni para personas en situación de discapacidad y sus cuidadores. Por eso, dijo Noelia Méndez, la construcción de sistemas de cuidado debe tener en cuenta una intención de universalidad que permita incluir características propias de cada persona y achicar las desigualdades con sus intervenciones.

“Hay que visibilizar el costo de no hacer estas políticas. Lo que no hagamos hoy, va a repercutir en la calidad de vida en el futuro”, dijo, y apuntó que poder movilizar recursos para este tipo de políticas, no solo va a uno de los nudos de la desigualdad (la injusta distribución del cuidado), sino que puede ayudar a generar empleo y otros efectos multiplicadores en la economía. “Lo ideal es que se logren revertir estos roles tradicionales y se redistribuyan y valorice el cuidar, porque me da la impresión de que las feministas llevamos las luchas, pero necesitamos convocar a otros colectivos, que pongan su voz y experiencia para hacer una construcción más colectiva”, concluyó.

El modelo social de discapacidad da lecciones sobre el cuidado

La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto más que nunca la urgencia de generar apoyos a las personas con discapacidad desde su propia perspectiva. Con el confinamiento se suspendieron muchas de las redes y servicios para esta población, mientras las infecciones por el virus redujeron el personal médico especializado, así como el apoyo de las familias.

Es por ello que Alberto Vásquez, investigador del Center for Inclusive Policy, se sumó a la conversación sobre cuidado y desigualdad resaltando que la mayoría de personas discapacitadas de América Latina no tienen apoyo para vivir de manera independiente, mientras escasean los servicios para ellas y ellos. “Si bien se ha avanzado últimamente, sobre todo en mejorar accesibilidad del entorno o en hacer servicios más inclusivos, hemos puesto poca atención a los servicios de apoyo, sin los cuales muchas personas con discapacidad jamás van a poder gozar de una vida autónoma ni podrán integrarse a la sociedad”, afirmó.

Vásquez se refiere, por ejemplo, al hecho de que los estados no suelen subsidiar los costos extra de vivir con una discapacidad. Muestra de ello en que la mayoría de transferencias monetarias se están concentrando en cuidadoras y cuidadores, y no propiamente en las personas con discapacidad, que carecen (con excepción de Uruguay y Costa Rica) de sistemas de asistencia personal.

Nuestra organización aliada Dejusticia presentó un documento que plantea cómo una política fiscal basada en los derechos humanos puede contribuir a la regulación del cannabis para el uso adulto en Colombia.

La regulación del cannabis de uso adulto ocurrirá en Colombia más temprano que tarde. De hecho, entre 2018 y 2020 fueron presentados en el Congreso de la República dos proyectos de ley para ese fin, mientras en el mundo hay un boom regulatorio liderado por 19 estados de Estados Unidos, Uruguay y Canadá.

Sin embargo, este tipo de debates de la política de drogas requieren un terreno fértil para que den resultados. Por eso, la discusión sobre la regulación del cannabis para uso adulto en Colombia necesita estar acompañada de evidencia que permita responder cómo se debería estructurar una política pública que responda a las particularidades asociadas al mercado ilegal de la marihuana en el país.

Como parte de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, nuestra organización aliada Dejusticia lanzó el documento “Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia” que, con base en las experiencias de países donde ya se desarrolla la regulación de esta planta y en los Principios y Directrices de Derechos Humanos en Política fiscal, aborda una serie de propuestas sobre los objetivos de la regulación, el tipo de impuestos más adecuados y su destinación.

En este sentido, se propuso un marco fiscal enfocado en la movilización del máximo de recursos disponibles para financiar los objetivos prioritarios en la regulación del cannabis, al tiempo que se considera clave el uso de impuestos que desincentiven el consumo de los productos que tengan un mayor impacto en la salud de los consumidores de cannabis. Por otra parte, en la publicación se defiende que este aporte contribuya a resarcir los daños causados por las políticas de lucha contra las drogas, a aprovechar el potencial pacificador de la regulación y a poner la salud de las personas usuarias en el centro.

La construcción de un marco regulatorio para el cannabis es un proceso especialmente sensible en Colombia, y varias son las razones: la persistencia del conflicto armado en las zonas que surten el mercado ilegal, las brechas de desarrollo socio-económico en las zonas de producción de esta planta, sus impactos en la población campesina e indígena y el hecho de que la marihuana sea la sustancia ilícita más consumida en el país.

Lo anterior exige un diseño de política pública que atienda el consumo como un asunto de salud pública y que tenga en cuenta las necesidades particulares de cada región, la experticia de los cultivadores y la participación de los actores interesados. Adicionalmente, el legado de la guerra contra las drogas en Colombia dejó impactos diferenciados en poblaciones específicas, y una eventual regulación debería presentar oportunidades para favorecer a esas poblaciones.

A pesar de ello, hasta ahora, las propuestas de regulación de la marihuana no han identificado todavía medidas específicas que debería implementar el Estado para atender estos problemas regionales que anteceden el marco regulatorio o que son producto de la prohibición.

Por esa razón, en este documento Dejusticia se centra en tres objetivos: explicar, desde la evidencia disponible y los debates conceptuales, por qué es necesario regular y cuál es el papel del marco fiscal en esta política pública; brindar elementos claves en el diseño de marcos fiscales para la regulación a partir de la experiencia comparada, e identificar las particularidades del contexto colombiano para un eventual proceso regulatorio.

Un grupo de expertos hicieron un llamado a tener mecanismos de cooperación tributaria que permitan afrontar las emergencias climática, sanitaria y socioeconómica de forma colectiva.

La mayor parte de los países de América Latina estuvieron muy afectados por la respuesta a la pandemia, razón por la que tienen poco músculo fiscal. Sin embargo, en esas condiciones, han tenido que afrontar una nueva crisis inflacionaria que pone al límite su capacidad de reacción. La inflación y el consecuente aumento en los precios de los alimentos y la energía están llegando a niveles históricos, y tienen un efecto desproporcionado sobre los más vulnerables. En este contexto difícil, la política fiscal debería jugar un papel decisivo.

Por eso, durante la Segunda Semana por los Derechos Humanos en la Política Fiscal tuvo lugar un encuentro entre expertas y expertos que reflexionaron sobre la respuesta a esta crisis, que de ninguna manera debería suponer un retorno a la austeridad o un sacrificio fiscal que incremente la desigualdad, sino que debería contemplar la ampliación de la capacidad del Estado, explorando medidas sociales y fiscales que recaigan sobre los más ricos.

Aquí destacamos algunas de las medidas que se plantearon durante el diálogo:

Reformar el sistema tributario internacional

Alejandro Rodriguez-Llach, de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional (ICRIT), mencionó que en el camino por mejorar la tributación corporativa y la transparencia internacional se requiere que los países del Sur Global tomen medidas alternativas unilaterales para proteger su base tributaria, lo que implica, por ejemplo, tener impuestos a los servicios digitales. También se requiere cooperación entre los países para para establecer tarifas efectivas mínimas más acordes a las tarifas promedio de América Latina.

Tener un espacio de formulación tributaria regional

A diferencia de África, en América Latina y el Caribe no existe un espacio de tributación regional. Si bien existen iniciativas de la sociedad civil, hace falta un espacio de formulación tributaria regional con políticas comunes. De acuerdo con Jocelio Drummond, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) de Brasil, esta situación puede cambiar con los nuevos gobiernos de izquierda que se posesionaron en la región o que podrían ser elegidos en los próximos meses.

Generar cooperación tributaria regional

La política fiscal tiene al menos tres funciones: la estabilización macroeconómica, la asignación de recursos públicos y la reducción de desigualdades. En ese sentido, Grazielle Custodio, de Oxfam América Latina, tiene dos propuestas sobre las que avanza su organización. La primera tiene que ver con la tributación de la riqueza, pies la concentración de ésta se ha disparado al punto de que, desde el principio de la pandemia por COVID-19, cada 30 horas aparece un nuevo multimillonario, mientras hay múltiples crisis: la climática y ambiental, la sanitaria y la socioeconómica, con precios de los alimentos e inflación disparados.

Ahora bien, la tributación de las sobre ganancias empresariales es otra alternativa. En los casi tres años de la pandemia, algunas compañías, como las farmacéuticas, han logrado tener más ganancias que en cualquier otra época, y en muchos casos su riqueza queda oculta. Es por ello que Oxfam insiste en la necesidad de tener mecanismos de cooperación fiscal regional que vayan más allá de lo técnico: “un espacio político en el que se tomen decisiones para pasar de la opacidad a la transparencia, para frenar la competencia fiscal regional y detener los países fiscales”, concluye.

Abordar distinto las reglas globales

Rodrigo Echecopar, de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (GI-ESCR), cuenta que, en su país, Chile, los problemas de desigualdad no necesariamente están relacionados con la Constitución que hoy rige, sino con un modelo neoliberal de 40 años que ha logrado introducir el mercado en muchísimos ámbitos de la vida, y que en 2022 llama a recuperar un nuevo pacto social.  En ese país, el 0,01% de los más ricos está pagando, proporcionalmente, 50 % menos impuestos que el sector más pobre del país. Esta situación, a la que se suma una crisis climática y ecológica, no se arregla slo con reglas nacionales, sino que el entramado que rige a Chile y a la región en materia fiscal está establecido en tratados o mecanismos de globalización que tienen ciertas reglas. Lo que hay que hacer, mencionó, es abordarlas distinto, con una perspectiva de derechos.