¿Cómo puedo usar los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal?
Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal pueden ser utilizados por distintos agentes, desde la sociedad civil, instituciones que realizan tareas de control y otros actores institucionales. Por ejemplo, pueden facilitar argumentos para apoyar litigios judiciales, dado que tienen un sustento normativo y utilizan lenguaje jurídico; pueden ser una guía para monitorear diferentes políticas públicas de los Estados, o pueden proveer argumentos para empujar las agendas de distintas organizaciones de la sociedad civil.También pueden funcionar como un marco de referencia para la elaboración de una política fiscal respetuosa de los derechos humanos, que los gobiernos puedan usar de guía en sus políticas públicas.
En este sentido, los Principios pueden ser utilizados como referencia por agentes que planifican, implementan, y evalúan políticas fiscales en sus países (como agentes de los Ministerios de Hacienda y congresistas), pero también otras políticas públicas, dado que los derechos humanos deben “transversalizarse” en todas las áreas de gobierno.
Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal condensan una serie de estándares elaborados en el sistema internacional e interamericano de derechos humanos, entre otras fuentes relevantes, y que son aplicables a la política fiscal.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener una política fiscal condicionada por y fundamentada en los derechos humanos? Esta serie de documentos cortos, elaborada por Juan Pablo Bohoslavsky, tiene por objetivo identificar y proponer una serie de implicaciones prácticas de los Principios con relación a una amplia gama de actores/actrices que, de un modo u otro, son afectada/os por, participan en o toman decisiones en materia fiscal en los países de la región.
La serie de documentos evalúa a los poderes judiciales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas (incluyendo actores de derechos humanos y otras agencias especializadas), empresas privadas, universidades acreedores y árbitros en disputas por inversiones extranjeras.
Documentos
Presentamos una serie de documentos que explican cómo deberían incorporar estos principios las empresas, universidades, acreedores, jueces y juezas, y otros actores con responsabilidad en la política fiscal de los países de América Latina.
Autor: Juan Pablo Bohoslavsky
