de elementos FFD 4’

La Iniciativa presentó un documento con insumos para la elaboración del documento de elementos de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo – FFD 4.

El FFD 4 hará seguimiento a los mecanismos de financiación para el desarrollo acordados hace diez años en la Agenda de Acción de Addis Abeba, que reconoció la necesidad de cumplir con la partida oficial para el desarrollo, con énfasis en los países menos desarrollados, y fortalecer la cooperación Sur-Sur.

La conferencia se realizará entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025 en Sevilla, España, y abordará cuestiones emergentes, con énfasis en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la reforma de la arquitectura financiera internacional.

Los insumos que presentamos se enfocan en dos ejes: problemas transversales, como la transición energética y la equidad de género, y la movilización de recursos domésticos.

Por un lado, consideramos que la triple crisis interplanetaria es el primer punto de acción de la financiación para el desarrollo. Además, que toda estrategia se base en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual está basado en un marco legal estructurado y legítimo, y cuya priorización impide el riesgo de perpetuación de desigualdades a la hora de financiar los procesos que se acuerden. En especial, recalcamos el deber de proteger los derechos de las mujeres y niñas, quienes soportan más cargas estructurales debido al desajuste entre las obligaciones de derechos humanos relevantes para la financiación global y su implementación real.

Por otro lado, recordamos que la movilización de recursos domésticos requiere del combate contra los flujos financieros ilícitos y una sólida cooperación fiscal internacional. Asimismo, los estados deben garantizar la justicia social en sus políticas fiscales, lo cual se traduciría en una carga progresiva con un fuerte impacto redistributivo. Enfatizamos en que estos objetivos se pueden lograr mediante la tributación a los superricos, la tributación efectiva a las multinacionales y la alineación entre el FFD 4 y la Convención de las Naciones Unidas para la tributación internacional. Todo esto, sin olvidar las obligaciones de derechos humanos, el deber de transferir tecnología y conocimiento de los países más ricos, y la búsqueda de soluciones a los problemas que la deuda soberana ha generado en materia de derechos humanos.

Esperamos que los insumos presentados sean relevantes para los co-facilitadores e incluidos en el Documento Final de la Conferencia.

En 2022, el Congreso de Colombia aprobó una reforma tributaria que buscaba aumentar la base gravable de la nación. Uno de los mecanismos para lograrlo fue la creación de un impuesto permanente al patrimonio, que podría generar una recaudación anual de 1.5 billones de pesos aproximadamente, unos 350 millones de dólares. Debido a su carácter permanente, este impuesto fue demandado ante la Corte Constitucional, la cual decidirá si este impuesto, más allá de su conveniencia política o económica, es constitucional. Nuestra organización miembro Dejusticia intervino ante la Corte a favor de este impuesto y expuso las consecuencias que podría tener la derogación de este impuesto en materia macroeconómica y legal.

Para conocer a fondo el debate que ha surgido en Colombia, así como las consecuencias de una posible derogación de este impuesto al patrimonio, entrevistamos a  Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y miembro del Comité de Expertos de la Iniciativa.

Iniciativa por los derechos humanos en la política fiscal (IDHPF): ¿Por qué este impuesto al patrimonio es tan polémico a tal punto que la Corte está estudiando su constitucionalidad?

Rodrigo Uprimny (RU):  En Colombia no hemos tenido impuesto al patrimonio permanente durante muchos años. Sí hubo hace décadas, pero desde la Constitución de 1991 solo han sido temporales. Por ejemplo, se estableció para fortalecer el gasto militar durante el Gobierno de Álvaro Uribe, en 2002. La particularidad de este nuevo impuesto es que se plantea realizarlo a los altos patrimonios, menos del 10% de contribuyentes, que ya es un número limitado de colombianos. El gobierno creó este impuesto con tres objetivos: Primero, aumentar el recaudo. No es un aumento enorme, pero tampoco despreciable. Segundo, combatir la desigualdad. En Colombia, la desigualdad en términos de riqueza es mayor que en términos de ingreso, que ya es altísima. Y, tercero, que se cumpla la función social de la propiedad. Es decir, los altos patrimonios son para volverlos productivos, que dinamicen la economía y no para tenerlos acumulados como una especulación, por ejemplo, inmobiliaria. Entonces, que el impuesto incentive la innovación y el dinamismo económico.

Esa es la idea central del gobierno y yo la comparto. Ahora, las críticas que se han hecho son políticas y constitucionales, pero se mezclan un poco. Las constitucionales son, básicamente, cuatro. Diría que todas equivocadas. La primera dice que el impuesto al patrimonio afectaría una facultad exclusiva de los municipios para tributar la propiedad inmueble, el llamado ‘impuesto predial’. Creo que es un argumento equivocado porque son dos cosas distintas. El impuesto predial recae sobre la propiedad inmueble, sin importar el patrimonio que tenga la persona propietaria. Si la persona, además, cumple con los requisitos para pagar el impuesto al patrimonio, de carácter nacional, deberá pagar ambos impuestos. Ese punto ya fue resuelto por la Corte cuando revisó los impuestos temporales. El segundo argumento es que habría una doble tributación y eso sería inconstitucional por ser inequitativa. Hay dos subargumentos, de nuevo el del  predial, porque se estaría tributando dos veces a las personas que poseen patrimonio en propiedad inmueble; y el segundo, algo similar con el impuesto a la renta, porque se tributarían las rentas acumuladas, convertidas en ‘stock’. Ambos argumentos son equivocados, no creo que haya doble tributación y, además, porque, de haberla, no está prohibida. Sí, la doble tributación puede ser problemática y su constitucionalidad debe ser examinada en ciertos casos, y es admisible si no se vuelve confiscatoria o no genera desigualdades. Muchos países, sobre todo los regímenes federales, tienen doble tributación, una misma cosa puede tener impuesto estadual y federal. En todo caso, no considero que haya doble tributación, como ya lo dije con el predial, este es un impuesto real sobre la cosa; y el otro, un impuesto personal al patrimonio.

El tercer argumento es que ese impuesto es confiscatorio, porque si la propiedad no genera renta, quien la posee tendría que usar parte del patrimonio para pagar el impuesto y eso iría reduciendo la riqueza hasta agotarla. Ese argumento es equivocado porque tener grandes patrimonios que no generan renta significa que no se está cumpliendo la función social de la propiedad. En ese caso, el Estado puede pedir cumplir esa función social o cobrar impuestos. Pero, además, es un cargo equivocado, porque nunca podrá agotar todo el patrimonio. El impuesto es muy bajo, con tarifas marginales muy bajas que empiezan desde el 0.5% y aumentan hasta el 1.5%, dependiendo de la cantidad de riqueza del contribuyente. Ahora, si dicho patrimonio se reduce porque nunca generó rentas durante años, la persona dejará de pagar dicho impuesto. El impuesto está diseñado para que, si el patrimonio se reduce hasta un cierto monto, unos 3.300 millones de pesos, el contribuyente deje de cumplir los requisitos y no se le cobre más.

El cuarto argumento dice que el impuesto es irracional porque es ineficiente. Es la mezcla de un argumento político de conveniencia con un argumento inconstitucional. Es lo que dijo la Procuradora en su concepto, diciendo que está probado en estudios que es un impuesto que no recauda y que, por el contrario, es ineficiente y estimula la elusión, la evasión y la fuga de capitales. El riesgo de fuga de capitales puede existir en ciertos países, y por eso hemos hablado sobre la necesidad de una regulación global para evitar ese tipo de comportamientos. Aunque creo que ese riesgo en países como el nuestro es mucho menor. Con respecto a que es ineficiente, el concepto ignora los estudios de que estos impuestos pueden ser eficientes en ciertos contextos: logran recaudo y reducen la desigualdad. Es cierto que otros estudios han mostrado que, para aquellos países que ya tienen una buena tributación a la renta, a las herencias, a las rentas de capital y a las transferencias de riqueza, el impuesto al patrimonio puede sobrar, porque los otros impuestos cumplen esa función de recaudo redistributiva. No es el caso de Colombia ni de la mayoría de países de América Latina.

IDHPF: ¿Cuál es la importancia de crear un impuesto a la riqueza en el contexto colombiano? ¿Por qué podría ser conveniente en este momento?

RU: Con el auge del neoliberalismo, del llamado “Consenso de Washington” en los noventa, hubo una arremetida ideológica contra el impuesto al patrimonio, con el argumento de que era ineficiente, generaba distorsiones económicas y que las personas no iban a acumular patrimonio, lo cual desestimularía la inversión. Estos argumentos impulsaron a muchos países del Norte Global a suprimir este impuesto. Varias décadas después, la situación ha cambiado debido al incremento de las desigualdades y hay países como Noruega o España que han mantenido o restablecido este impuesto. Y el gran argumento, que tiene algo de cierto, es el riesgo de fuga de capitales. Por eso es tan importante la cooperación internacional y lo que se discute en el G20. En Colombia, sin embargo, este impuesto tiene sentido por tres razones. Primero, la desigualdad es profunda y el impuesto a la riqueza tiene un efecto redistributivo obvio, pues está dirigido a los patrimonios altos. Segundo, estimularía la innovación y la inversión. En el país hay mucho patrimonio improductivo, de “engorde”, como decimos coloquialmente. Son bienes inmuebles, especialmente tierras urbanas y rurales, a la espera de que se valoricen, lo que genera especulación inmobiliaria y de tierras. Un impuesto, con una buena actualización del catastro, generaría estímulos para que esos bienes inmuebles se vuelvan productivos. Tercero, los riesgos de fuga de capitales en Colombia son menores, por el tipo de personas ricas y súper ricas que hay en Colombia, quienes tienen sus negocios asentados en el país. No es fácil moverse a otro país, porque su riqueza está en los bienes y productos que ofrecen en el país.

IDHPF: Este impuesto ha llamado la atención de buena parte de la opinión pública. Incluso, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto desfavorable, como ya mencionó. ¿Por qué se da esa ofensiva contra el impuesto?

RU: Con respecto al impuesto al patrimonio, hay un debate ideológico. Hay un esfuerzo enorme para negar las desigualdades que hay en países como los nuestros, con personas profundamente ricas, y personas en situación de pobreza y de miseria que son inaceptables para un país que no es tan pobre, pues Colombia es un país de renta media-alta según el Banco Mundial. Dichas personas quieren llevar el debate a que este impuesto hace parte de una estrategia de los gobiernos de izquierda para acabar el capitalismo y la economía de mercado, y que es una forma encubierta de confiscar y expropiar. Y creo que la ofensiva contra esta política tributaria se debe a que es liderada por un gobierno de izquierda. Un gobierno con el que tengo algunas coincidencias y muchas discrepancias, pero con este impuesto estoy de acuerdo. El impuesto no busca expropiar la propiedad, sino que cumpla la función social y que se reduzca la desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo, además de lograr recaudo. Son objetivos perfectamente legítimos dentro de una economía capitalista, pero que sea una economía social de mercado y no una economía desregulada.

IDHPF: Si la Corte falla en contra del impuesto, ¿qué consecuencias tendría para la equidad en el país?

RU: Sería un error que generaría grandes impactos negativos para Colombia. Pero su gravedad depende de las razones de la Corte. Si la razón es que nunca puede haber un impuesto al patrimonio, tendría consecuencias enormes en términos de lograr políticas tributarias más progresivas, pero además sería totalmente inconstitucional, catastrófico. Si la respuesta es que no puede establecerse de manera permanente, sin establecer un mecanismo que evite que en un determinado momento se vuelva confiscatorio, que también me parece equivocado, es menos grave, porque se puede prever un impuesto periódico revisable. La primera opción, decir que el impuesto es totalmente inconstitucional, iría en contra de toda la jurisprudencia de la Corte, que ya admitió los impuestos temporales. La segunda, aunque errónea también, le da un margen de acción al Gobierno.

De todos modos, se trata de un mecanismo constitucional y conveniente. Ahora, tenemos que esperar.

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Si desea saber más, puede leer la columna de opinión de Rodrigo Uprimny y Juan Sebastián Ceballos.

En agosto, los países miembros de la ONU se reunirán para consolidar los términos de referencia de la Convención Marco para la Cooperación Tributaria Internacional. Este proceso, cuya primera Sesión de discusiones ocurrió en mayo, fue de gran interés para los países, cuyos miembros y mesas de trabajo fueron proactivas a la hora de diseñar los mecanismos y el funcionamiento de la Convención como tal. No obstante, el objetivo último de ampliar los derechos humanos como resultado de las reformas en la tributación internacional no fue suficientemente incorporado en los avances realizados hasta ahora.

Con la intención de resaltar y recordar al Comité ad hoc encargado de la elaboración de los términos de referencia, la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal elaboró una intervención recordándole su deber de encuadrar las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, en especial, las derivadas de los instrumentos legales de la ONU, las cuales se reflejan en nuestros Principios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER EXPLÍCITOS LOS DDHH EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA?

Se espera que los términos de referencia dejen en claro los objetivos de un nuevo marco fiscal internacional. Uno de ellos consiste en que dicho marco sea inclusivo, justo, transparente, eficiente, equitativo y efectivo en su ruta hacia el desarrollo sostenible. Consideramos que a este objetivo se debe agregar el compromiso explícito con los derechos humanos, un pilar de la misma ONU, y cuya ampliación complementa y encamina los compromisos relacionados con el desarrollo sostenible. Además, creemos que este objetivo también debe comprometerse con un sistema fiscal internacional participativo, que asegure el debate público informado y democrático, a través del trabajo multisectorial e inclusivo, como ya ocurrió en el diseño y procedimientos de seguimiento de la PTLAC.

Asimismo, solicitamos la inclusión explícita de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, es decir, que los marcos y políticas fiscales nacionales garantizadas por la soberanía de cada país no atenten contra la capacidad de otros países de movilizar los recursos destinados a atender sus obligaciones de derechos humanos. En ese sentido, también pedimos que, en una visión holística, se establezcan impuestos progresivos enmarcados en la igualdad sustantiva y la interseccionalidad, evitando prácticas discriminatorias tanto a nivel estatal como individual. En ese sentido, que se reconozcan los desbalances de poder derivados de la desigualdad de género, raza, etnicidad y religión. Una aplicación más profunda de este deber es que, bajo el principio de buena fe, exista una verdadera cooperación entre países, en que los desarrollados provean de recursos, transferencia de conocimiento y asistencia técnica a los menos desarrollados, con el fin de reforzar la capacidad impositiva de sus entidades tributarias.

Por último, sugerimos incluir una referencia explícita a la necesidad de asegurar una participación efectiva durante el periodo de negociaciones de la Convención, de modo que la sociedad civil y las organizaciones puedan contribuir en su diseño, de acuerdo con la costumbre establecida en resoluciones previas y prácticas aplicadas a este proceso. En este sentido, si bien puede haber otros foros y grupos que trabajan el tema de la tributación internacional, los términos de referencia deben explicitar que la Convención Marco es el mecanismo último, más democrático y plural para reformar el sistema internacional, cuyos mandatos buscan beneficiar de igual manera a todos los países. Este principio también incluye el deber de incluir a todos los estados miembros de la ONU en la creación de un mecanismo que les afectará. Por lo tanto, insistimos en que se promueva un ambiente internacional para que los representantes de cada país puedan participar y que las metodologías de debate los incluyan, ya sea de manera presencial en las oficinas en Nueva York o de manera virtual.

La Iniciativa y sus organizaciones miembro saludan este momento histórico y agradecen al Comité ad hoc por su trabajo. Esperamos que las conversaciones venideras sean espacios productivos que realmente transformen el sistema fiscal internacional para afrontar los retos comunes e inequidades globales.

Descarga nuestra intervención aquí

La primera presidencia de Brasil en el G20 ha impulsado una agenda social que requiere nuevos mecanismos para su realización. La iniciativa que más ha llamado la atención es el cobro efectivo de un impuesto del 2% a los ‘superricos’. ¿En qué consiste este mecanismo?

En febrero de 2024, tras una reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 - G20, liderada por Brasil, se le encargó al economista francés Gabriel Zucman la redacción de un informe para implementar un mecanismo fiscal coordinado que obligue a los milmillonarios en dólares a pagar un impuesto mínimo anual del 2% de su riqueza. La nueva propuesta se acaba de publicar en el “Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto” (A blueprint for a coordinated minimum tax on ultra-high-net-worth individuals, en inglés).

El pedido de Brasil surge por una preocupación mundial derivada del crecimiento de las grandes fortunas, la falta de transparencia con respecto a la posesión y medición de esos activos, y el deterioro de la base fiscal en la mayoría de los países del mundo. El informe se refiere a las fortunas del 0.01% de la población mundial, cuyas tasas de tributación efectiva se reducen en comparación al 99.99% restante. En el caso de Italia y Holanda, por ejemplo, este problema se produce desde los percentiles 95 a 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Los procedimientos para hacer efectiva esta propuesta son variados, como un impuesto a la renta presuntiva, un impuesto a la renta sobre un concepto amplio de renta o un impuesto al patrimonio de mínimo el 2% a los 3,000 hogares más ricos del mundo. El resultado, hasta 250 mil millones de dólares de recaudación anual solo por cobrar el 2% anual de la riqueza de los milmillonarios. Si el impuesto se extiende a los centimillonarios, la recaudación podría aumentar hasta 140 mil millones de dólares adicionales.

La Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal saluda esta propuesta y reconoce que el mecanismo tributario propuesto por el informe se alinea con sus objetivos, en especial el Principio 10, que solicita a los países movilizar el máximo de recursos disponibles para lograr la efectividad de los DESCA, en su apartado sobre la generación de ingresos, actividad que debe realizarse de manera progresiva y sostenible, lo cual implica ampliar el espacio fiscal mediante recursos que no están siendo movilizados. En este caso, representados en los marcos fiscales regresivos que solo benefician a los ‘superricos’.

Aún quedan varios retos por afrontar, tanto en la falta de información pública sobre beneficiarios finales—personas naturales que ejercen propiedad y control sobre las empresas—, como en una verdadera cooperación internacional en materia fiscal, sobre todo para contrarrestar el peso de los países que decidan no cooperar con la implementación de la propuesta. 

Sin embargo, este informe solo es una ventana para que, de manera democrática, se decida la mejor forma de implementar este posible impuesto, así como cualquier intento para reformar el sistema fiscal internacional. La Iniciativa aboga para que discusiones de esta índole alimenten la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Cooperación Tributaria Internacional, cuyo segundo ciclo de discusiones sobre los términos de referencia se dará este mes. La tributación a las grandes fortunas requiere de una cooperación internacional capaz de eliminar los incentivos para la evasión fiscal y promover el seguimiento de los flujos financieros internacionales. Un sistema robusto, democrático y transparente es la única manera de lograr que propuestas como las presentadas por Zucman se realicen.

El pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales y se posesionará como la primera presidenta de México el 1 de octubre. No solo por esto es una victoria histórica. El partido al que pertenece, Morena, ha triunfado en las elecciones parlamentarias y obtuvo excelentes resultados en las elecciones regionales, lo cual se traduce en una mayor gobernabilidad para la nueva presidenta. Además, Sheinbaum capitalizó la popularidad de su predecesor y líder natural de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo cual amplía las expectativas de que se logren cambios más profundos en las estructuras e instituciones que impiden o no ejercen su labor en materia de derechos humanos —lo que se conoce como la Cuarta Transformación—.

Sheinbaum, además, se enfrenta a otros problemas que aquejan a los y las mexicanas desde hace varios lustros, sobre todo en materia de seguridad. Por ejemplo, estas elecciones también sirvieron para llamar hacer uso del voto consciente nulo y llamar la atención sobre las personas desaparecidas y el aumento de los feminicidios en el país, pues varias boletas electorales fueron marcadas con los nombres de estas personas, los cuales deben ser registrados como ‘candidaturas no registradas’.

Para conocer las oportunidades y retos que trae esta nueva presidencia en materia de tributación internacional, la Iniciativa habló con Ana María Morales Chacón, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar México, Politóloga y Doctora en Política Fiscal.

¿Cómo ha recibido la sociedad civil la victoria de Claudia Sheinbaum?

Es difícil decirlo. Hay sectores temerosos por la mayoría calificada y qué puede llegar a pasar con esa concentración de poder de Morena. Ya había otros sectores no alineados con Morena y AMLO. Fundar ha sido cauto con el panorama, pues hay agendas que han avanzado desde el gobierno pasado. Por ejemplo, la reforma indígena, que es una reforma constitucional, va a pasar. Esta reforma dotará a los indígenas y afromexicanos de mayor autonomía del territorio que habitan.

No obstante, una confrontación que se ha dado ha sido con respecto a la reforma al poder judicial. La sociedad civil aún no se posiciona. Es un debate que empezará en estos meses. Además hay que tener en cuenta las reformas que no están, que no se han mencionado, como la agenda fiscal. Yo no creo que sea un tema ignorado por la nueva presidenta, sino que no se ha calculado el costo político que implica. Pero es esencial tenerlo en cuenta. Todos sabemos que el primer año es crítico para realizar las reformas más importantes.

Así que puedes saber la posición de la sociedad civil si comparas temas. Yo creo que a México podemos darle dos lecturas. Una que viene desde la incertidumbre, debido al resultado electoral. Una concentración de poder que hace años no se veía. Pero también la vemos como una ventana de oportunidad. Tenemos la ventaja de que hay un gobierno progresista. Hay que trabajar hacia una reforma. Somos más positivos que negativos.

¿Qué retos deja la presidencia de AMLO en materia de derechos humanos?

En México hay una situación complicada. Ciertos territorios no están bajo el control del Estado sino del crimen organizado. Aunque, el gobierno actual cambió la estrategia a una menos confrontativa, México sigue teniendo casos de desaparición forzada, secuestros, y crímenes políticos, como vimos en estas elecciones. Esto significa que hay muchas deudas de derechos humanos, pero vienen de mucho antes, no todas dependen de este gobierno, es un problema estructural. Estamos en una sociedad que convive día a día con estos fenómenos.

Con respecto al acceso a servicios públicos, el gobierno de AMLO no ha sido el mejor. Sobre todo, el acceso al servicio de salud ha disminuido y las familias han tenido que gastar más dinero.

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Descarga nuestro documento sobre los Principios de Derechos Humanos y el derecho a la salud en América Latina

¿Y en materia de política fiscal?

Como en todo, hay ciertos elementos positivos y hay elementos faltantes.

Primero, hablemos del tema nacional. En lo positivo, se han mejorado los mecanismos de recaudación. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta (ISR) a personas. Además, se hizo una reforma constitucional para que el presidente no condone a discreción los impuestos a personas naturales, lo cual era un despropósito.

Ahora, como en el resto de América Latina y el Caribe, el sistema tributario mexicano es regresivo, aún hay beneficios fiscales que favorecen a la gente de altos ingresos, hablo del decil más alto. Entonces se dan casos en que las personas tributan más por trabajo que por capital. Algo que, además, poco beneficia a las mujeres, pues tienen menos acceso a la propiedad y, por lo tanto, a dichos beneficios. Esto, sin hablar de impuestos indirectos como el IVA.

Asimismo, aunque el ISR empresarial tiene una tasa máxima de 30%, muchas veces el cobro real no supera el 10%. Todavía hay lagunas y ventanas de oportunidad que, uno esperaría que un gobierno progresista como el de AMLO aborde con la seriedad que se amerita. Sí nos sorprende que este gobierno no haya presionado por una mayor redistribución del ingreso y no haya pretendido redistribuir por medio de la política tributaria y no solo por el gasto público.

Ahora, en materia internacional, México no se ha alineado con las ideas de actuar en bloque para defender una tributación internacional más adecuada a las demandas de derechos humanos.

¿Podría haber un cambio de panorama? ¿En este sentido, algo que dé muestras de que Sheinbaum ha tomado este tema en serio en el pasado?

AMLO se alejó de los foros internacionales y le apostó más a la política interna. Pero parece que la presidenta Sheinbaum no comparte esto. Ella tiene un perfil distinto al de AMLO, mucho más académico. Es doctora y su forma de entender los problemas se acercan a lo analítico. Esto la lleva a entender los problemas de forma transversal, en donde lo internacional también es clave. Una de las primeras reuniones que sostuvo fue con el equipo que asesora al presidente Biden. También tuvo reuniones con BlackRock, la administradora de fondos e inversiones estadounidense. No digo que esto sea positivo necesariamente, solo nos da una idea de su aproximación a lo internacional.

Aún es difícil saber el tema de las plataformas internacionales. No sé si la participación de México vaya a ser mejor en la PTLAC, la ONU o incluso el G20 de 2025 en Sudáfrica.

Ahora, México hace parte del Buró encargado de redactar los términos de referencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Tributación Internacional. Y me llamó la atención que cuando estuvimos en la Primera sesión de este Comité Ad Hoc en mayo, el enviado por el Gobierno de México, Carlos Castillo, no participó, más allá de que tenía un puesto diferente. No era un miembro más del Comité, tenía un rol y Castillo no habló ni una sola vez en todas estas negociaciones.

¿Qué nos puede decir el periodo de Sheinbaum como gobernadora de Ciudad de México en materia de un cambio en la política fiscal?

De hecho, mientras era gobernadora de la Ciudad de México, implementó un impuesto a las plataformas de servicios digitales, como Didi y Uber. Bueno, este impuesto luego pasó a un proceso de impugnación judicial y se encuentra en la Corte. Pero se trata de una decisión política de implantarlo que emanó del Gobierno de Sheinbaum, algo que a nivel federal ni siquiera se ha planteado.

Otro elemento que puede darnos algo de esperanza es que personas del equipo económico que está construyendo han hablado de cambiar ciertos impuestos para que sean más progresivos. Por ejemplo, cambiar el cobro del impuesto predial, que ya no se haga a nivel local, sino a nivel federal y con ello mejorar la administración y la redistribución de la riqueza. Hablo de estos impuestos puntuales y no a la gran reforma fiscal porque es claro que Sheinbaum está valorando el costo político que puede tener la reforma fiscal. Yo creo que ha escogido no hacerla adrede, no porque desconozca las condiciones en que está México, sino por el costo político.

Pero sí puede ser que avance en reformas que en el gobierno de AMLO ni siquiera se ponían sobre la agenda pública. Por ejemplo, el tema de los servicios digitales, el predial que ya mencioné, el impuesto a la tenencia de coches. Otro avance que podría haber —aunque más por el perfil de Sheinbaum que por algún hecho en concreto— es el tema de las energías limpias, del combate al cambio climático; así que los impuestos con fines extrafiscales para combatir la crisis climática y los impuestos medioambientales le puedan llamar la atención. 

De nuevo, pequeños ajustes que son importantes, pero aún no vemos nada sobre la gran reforma fiscal.

¿Hay algún llamado de la sociedad civil para atender las demandas de derechos humanos por vía de la tributación?

Desde hace año y medio Fundar, junto con otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron la Alianza por la Justicia Fiscal. Esta alianza presentó 12 propuestas, tanto en materia de tributos como en materia de gasto. hemos tenido un buen recibimiento por la prensa y otras organizaciones de la sociedad civil que antes no tenían el tema fiscal en sus agendas y ahora comprenden la transversalidad de esta temática.

También se ha conformado una Red de política fiscal feminista, entonces también hemos intentado abarcar otros sectores que usualmente no están vinculados a estos debates, pero que la política fiscal los atraviesa. Nuestra experiencia en estas dos redes nos ha mostrado que no es un trabajo sencillo, que tomará muchos años, pero que este primer año de gobierno será vital para avanzar en materia fiscal. Estos meses que vienen son esenciales para buscar espacios de interlocución e incidencia con el equipo del gobierno entrante.

Pero hay que ser realistas. Quien abre las puertas para trabajar en este tema es el gobierno y, si el gobierno decide que “no”, pues no. Entonces habría que ver cómo nos vinculamos con otros sectores de la sociedad o la búsqueda de apoyo en el legislativo.

Por el momento, estamos con toda la intención de apoyar al gobierno entrante.

¿Cómo Fundar se integra para catalizar e impulsar estos llamados en la región de América Latina y el Caribe?

Ojalá Fundar pudiera tener mayor capacidad de incidencia. Lo bueno es que son varias las organizaciones que se están interesando en este tema, quizá no a nivel internacional, pero  es algo que naturalmente va a suceder, porque es imposible entender la política tributaria interna, sin relacionarla con el sistema tributario internacional, y cómo constriñe, posibilita o inhabilita las decisiones de política interna. Por el momento, es Fundar quien lleva adelante esta agenda y eso nos puede permitir llevar a otras organizaciones a esta esfera internacional. Estaría muy bien que no es solo Fundar u Oxfam quien hablara de este tema, sino que sea una cuestión que entienden más organizaciones y que hay una mayor presión para incidir en la política tributaria internacional.