














América Latina y el Caribe se enfrentan a múltiples crisis con efectos especialmente graves para las poblaciones marginadas. Ahora más que nunca, la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades y garantizar la transición a una economía basada en derechos que proteja el planeta y las futuras generaciones. Sin embargo, estos recursos no siempre están disponibles. Según los últimos estudios, se estima que América Latina pierde un 1,5 % de su PIB regional en flujos financieros ilícitos y el 27% de su riqueza total es mantenida por sus élites en guaridas fiscales.