El pasado 28 de febrero, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración histórica resaltando el papel de la justicia fiscal en la realización de los derechos humanos y su pertinencia para lograr los objetivos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Aunque antes el Comité ha resaltado la estrecha relación entre una tributación justa y la materialización de los DESC y los derechos humanos, como contó nuestra organización miembro CESR, una declaración formal de este organismo llega en un momento en que las desigualdades globales se acrecentan con rapidez y cambia las reglas de juego al aclararle a los estados firmantes del Pacto que los derechos humanos no están al margen de la política fiscal.
En concreto, la declaración provee guías para diseñar sistemas tributarios nacionales justos y fortalecer la cooperación encaminada hacia los objetivos del PIDESC. El Comité recuerda que ningún sistema tributario debería afectar de manera negativa el estándar de vida de grupos marginalizados y empobrecidos, como se hace con las recaudaciones excesivas de impuestos indirectos, y que se deben utilizar mecanismos de recaudación a multinacionales y a los llamados “superricos” para reducir las desigualdades y garantizar el cumplimiento de los deberes adquiridos en materia de DESC.
Además, resalta la necesidad de que estos sistemas promuevan la igualdad sustantiva y apliquen un enfoque de género para evitar recargar a las mujeres más vulnerables. Asimismo, que la tributación también promueva la transformación del mercado laboral y permita a más mujeres ingresar en él.
¿Por qué es importante esta declaración ahora?
El año pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó los términos de referencia de la Convención Tributaria de la ONU, los cuáles hacían una referencia explícita al deber de cualquier acuerdo a promover el deber de los Estados de financiar, proveer y ampliar el alcance de los derechos humanos. Además, los documentos de resultados de la Cumbre del Futuro, que sirven de guía para los proyectos que buscan acelerar la implementación de la Agenda 2030, reconocen que las estructuras de gobernanza tributaria actuales necesitan mejoras.
La Iniciativa y sus organizaciones miembro habían solicitado esta declaración desde hace un año y celebran el compromiso del Comité con fortalecer la justicia fiscal. Tal y como el Comité expresa en su declaración, esperamos que esta sea la oportunidad para construir una gobernanza fiscal global que permita a los estados firmantes del PIDESC adoptar sistemas de tributación justos, inclusivos y efectivos que frenen los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión.
