Julieta Levin, de la organización argentina CELS, estuvo en Barbados durante el 166o Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aportó información sobre una política macroeconómica y fiscal ajustada a las demandas de derechos humanos en el marco de la emergencia climática.

Como parte de varias organizaciones de la sociedad civil, la abogada del CELS, Julieta Levin, participó en la Audiencia Pública en el asunto de la solicitud de una Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos, solicitada por los gobiernos de Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El encuentro, que se dio en la Universidad de West Indies en Cave Hill, Barbados, contó con una amplia participación de la sociedad civil y definirá lineamientos concretos para que los países enfrenten los retos y desastres ligados a la crisis climática.

En su intervención, Levin fue clara al resaltar que la política fiscal se traduce en la cantidad de recursos disponibles de cada Estado y que sin ellos no se puede hacer frente a la emergencia climática. Algo que es esencial en América Latina y el Caribe, cuyos países aplican medidas tributarias regresivas y poseen altos niveles de deuda, lo cual lleva a priorizar buena parte de sus recursos al pago de la deuda sobre la financiación de acciones climáticas. Por ello, le solicitó a la Corte el desarrollo de estándares sobre política fiscal en su opinión consultiva.

Durante la audiencia se resaltó la obligación de movilizar el máximo de recursos disponibles, lo que implica incrementar la disponibilidad de recursos en formas progresivas, sostenibles y que promuevan la igualdad sustantiva. Al mismo tiempo, en virtud del principio de no regresividad, se recordó que los Estados deben asegurar que su política fiscal no genere retrocesos en la protección de derechos, ni siquiera en contextos de crisis económica. Asimismo, se pidió adoptar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que exige a los países desarrollados la provisión de recursos y tecnología para cumplir sus compromisos climáticos.

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Sin duda, nuestra propuesta es un llamado a cambiar de paradigma en lo relativo a la consecución de recursos para afrontar las consecuencias del cambio climático. Tanto en nuestra presentación, como en el amicus curiae que entregamos a la Corte, denunciamos el círculo vicioso entre el endeudamiento soberano y la crisis climática, dado que la única forma que tienen los países de la región para afrontar estos retos es solicitar créditos a los países más ricos o a las instituciones financieras manejadas por ellos. Dado que estos países son quienes más contribuyen a la emergencia climática, la Corte podría señalar la necesidad de explorar alternativas de financiamiento distintas a los préstamos, tales como donaciones o subvenciones.

En los casos en que la deuda ya esté en curso, la Corte puede señalar que la sostenibilidad de la deuda también incluya dimensiones ambientales y de derechos humanos, más allá de los análisis fiscales a corto plazo, los cuales impulsan a los países a acelerar sus economías extractivas para adquirir divisas extranjeras, algo que deteriora aún más la situación ambiental y climática en varios territorios. De ese modo, el pronunciamiento de la Corte precisaría las obligaciones y lineamientos de las evaluaciones de impacto de los acreedores, ya sean Estados, instituciones financieras internacionales o privados.

La Iniciativa por los derechos humanos en la política fiscal y sus miembros creemos que si la Corte aplica estos estándares de política macroeconómica para atajar la crisis climática, crearía una jurisprudencia que se encuentre a la vanguardia internacional, marcando el camino no sólo para los Estados de la región, sino también para otros tribunales internacionales que intentan resolver este problema.