El pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales y se posesionará como la primera presidenta de México el 1 de octubre. No solo por esto es una victoria histórica. El partido al que pertenece, Morena, ha triunfado en las elecciones parlamentarias y obtuvo excelentes resultados en las elecciones regionales, lo cual se traduce en una mayor gobernabilidad para la nueva presidenta. Además, Sheinbaum capitalizó la popularidad de su predecesor y líder natural de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo cual amplía las expectativas de que se logren cambios más profundos en las estructuras e instituciones que impiden o no ejercen su labor en materia de derechos humanos —lo que se conoce como la Cuarta Transformación—.

Sheinbaum, además, se enfrenta a otros problemas que aquejan a los y las mexicanas desde hace varios lustros, sobre todo en materia de seguridad. Por ejemplo, estas elecciones también sirvieron para llamar hacer uso del voto consciente nulo y llamar la atención sobre las personas desaparecidas y el aumento de los feminicidios en el país, pues varias boletas electorales fueron marcadas con los nombres de estas personas, los cuales deben ser registrados como ‘candidaturas no registradas’.

Para conocer las oportunidades y retos que trae esta nueva presidencia en materia de tributación internacional, la Iniciativa habló con Ana María Morales Chacón, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar México, Politóloga y Doctora en Política Fiscal.

¿Cómo ha recibido la sociedad civil la victoria de Claudia Sheinbaum?

Es difícil decirlo. Hay sectores temerosos por la mayoría calificada y qué puede llegar a pasar con esa concentración de poder de Morena. Ya había otros sectores no alineados con Morena y AMLO. Fundar ha sido cauto con el panorama, pues hay agendas que han avanzado desde el gobierno pasado. Por ejemplo, la reforma indígena, que es una reforma constitucional, va a pasar. Esta reforma dotará a los indígenas y afromexicanos de mayor autonomía del territorio que habitan.

No obstante, una confrontación que se ha dado ha sido con respecto a la reforma al poder judicial. La sociedad civil aún no se posiciona. Es un debate que empezará en estos meses. Además hay que tener en cuenta las reformas que no están, que no se han mencionado, como la agenda fiscal. Yo no creo que sea un tema ignorado por la nueva presidenta, sino que no se ha calculado el costo político que implica. Pero es esencial tenerlo en cuenta. Todos sabemos que el primer año es crítico para realizar las reformas más importantes.

Así que puedes saber la posición de la sociedad civil si comparas temas. Yo creo que a México podemos darle dos lecturas. Una que viene desde la incertidumbre, debido al resultado electoral. Una concentración de poder que hace años no se veía. Pero también la vemos como una ventana de oportunidad. Tenemos la ventaja de que hay un gobierno progresista. Hay que trabajar hacia una reforma. Somos más positivos que negativos.

¿Qué retos deja la presidencia de AMLO en materia de derechos humanos?

En México hay una situación complicada. Ciertos territorios no están bajo el control del Estado sino del crimen organizado. Aunque, el gobierno actual cambió la estrategia a una menos confrontativa, México sigue teniendo casos de desaparición forzada, secuestros, y crímenes políticos, como vimos en estas elecciones. Esto significa que hay muchas deudas de derechos humanos, pero vienen de mucho antes, no todas dependen de este gobierno, es un problema estructural. Estamos en una sociedad que convive día a día con estos fenómenos.

Con respecto al acceso a servicios públicos, el gobierno de AMLO no ha sido el mejor. Sobre todo, el acceso al servicio de salud ha disminuido y las familias han tenido que gastar más dinero.

Relacionado:

Descarga nuestro documento sobre los Principios de Derechos Humanos y el derecho a la salud en América Latina

¿Y en materia de política fiscal?

Como en todo, hay ciertos elementos positivos y hay elementos faltantes.

Primero, hablemos del tema nacional. En lo positivo, se han mejorado los mecanismos de recaudación. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta (ISR) a personas. Además, se hizo una reforma constitucional para que el presidente no condone a discreción los impuestos a personas naturales, lo cual era un despropósito.

Ahora, como en el resto de América Latina y el Caribe, el sistema tributario mexicano es regresivo, aún hay beneficios fiscales que favorecen a la gente de altos ingresos, hablo del decil más alto. Entonces se dan casos en que las personas tributan más por trabajo que por capital. Algo que, además, poco beneficia a las mujeres, pues tienen menos acceso a la propiedad y, por lo tanto, a dichos beneficios. Esto, sin hablar de impuestos indirectos como el IVA.

Asimismo, aunque el ISR empresarial tiene una tasa máxima de 30%, muchas veces el cobro real no supera el 10%. Todavía hay lagunas y ventanas de oportunidad que, uno esperaría que un gobierno progresista como el de AMLO aborde con la seriedad que se amerita. Sí nos sorprende que este gobierno no haya presionado por una mayor redistribución del ingreso y no haya pretendido redistribuir por medio de la política tributaria y no solo por el gasto público.

Ahora, en materia internacional, México no se ha alineado con las ideas de actuar en bloque para defender una tributación internacional más adecuada a las demandas de derechos humanos.

¿Podría haber un cambio de panorama? ¿En este sentido, algo que dé muestras de que Sheinbaum ha tomado este tema en serio en el pasado?

AMLO se alejó de los foros internacionales y le apostó más a la política interna. Pero parece que la presidenta Sheinbaum no comparte esto. Ella tiene un perfil distinto al de AMLO, mucho más académico. Es doctora y su forma de entender los problemas se acercan a lo analítico. Esto la lleva a entender los problemas de forma transversal, en donde lo internacional también es clave. Una de las primeras reuniones que sostuvo fue con el equipo que asesora al presidente Biden. También tuvo reuniones con BlackRock, la administradora de fondos e inversiones estadounidense. No digo que esto sea positivo necesariamente, solo nos da una idea de su aproximación a lo internacional.

Aún es difícil saber el tema de las plataformas internacionales. No sé si la participación de México vaya a ser mejor en la PTLAC, la ONU o incluso el G20 de 2025 en Sudáfrica.

Ahora, México hace parte del Buró encargado de redactar los términos de referencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Tributación Internacional. Y me llamó la atención que cuando estuvimos en la Primera sesión de este Comité Ad Hoc en mayo, el enviado por el Gobierno de México, Carlos Castillo, no participó, más allá de que tenía un puesto diferente. No era un miembro más del Comité, tenía un rol y Castillo no habló ni una sola vez en todas estas negociaciones.

¿Qué nos puede decir el periodo de Sheinbaum como gobernadora de Ciudad de México en materia de un cambio en la política fiscal?

De hecho, mientras era gobernadora de la Ciudad de México, implementó un impuesto a las plataformas de servicios digitales, como Didi y Uber. Bueno, este impuesto luego pasó a un proceso de impugnación judicial y se encuentra en la Corte. Pero se trata de una decisión política de implantarlo que emanó del Gobierno de Sheinbaum, algo que a nivel federal ni siquiera se ha planteado.

Otro elemento que puede darnos algo de esperanza es que personas del equipo económico que está construyendo han hablado de cambiar ciertos impuestos para que sean más progresivos. Por ejemplo, cambiar el cobro del impuesto predial, que ya no se haga a nivel local, sino a nivel federal y con ello mejorar la administración y la redistribución de la riqueza. Hablo de estos impuestos puntuales y no a la gran reforma fiscal porque es claro que Sheinbaum está valorando el costo político que puede tener la reforma fiscal. Yo creo que ha escogido no hacerla adrede, no porque desconozca las condiciones en que está México, sino por el costo político.

Pero sí puede ser que avance en reformas que en el gobierno de AMLO ni siquiera se ponían sobre la agenda pública. Por ejemplo, el tema de los servicios digitales, el predial que ya mencioné, el impuesto a la tenencia de coches. Otro avance que podría haber —aunque más por el perfil de Sheinbaum que por algún hecho en concreto— es el tema de las energías limpias, del combate al cambio climático; así que los impuestos con fines extrafiscales para combatir la crisis climática y los impuestos medioambientales le puedan llamar la atención. 

De nuevo, pequeños ajustes que son importantes, pero aún no vemos nada sobre la gran reforma fiscal.

¿Hay algún llamado de la sociedad civil para atender las demandas de derechos humanos por vía de la tributación?

Desde hace año y medio Fundar, junto con otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron la Alianza por la Justicia Fiscal. Esta alianza presentó 12 propuestas, tanto en materia de tributos como en materia de gasto. hemos tenido un buen recibimiento por la prensa y otras organizaciones de la sociedad civil que antes no tenían el tema fiscal en sus agendas y ahora comprenden la transversalidad de esta temática.

También se ha conformado una Red de política fiscal feminista, entonces también hemos intentado abarcar otros sectores que usualmente no están vinculados a estos debates, pero que la política fiscal los atraviesa. Nuestra experiencia en estas dos redes nos ha mostrado que no es un trabajo sencillo, que tomará muchos años, pero que este primer año de gobierno será vital para avanzar en materia fiscal. Estos meses que vienen son esenciales para buscar espacios de interlocución e incidencia con el equipo del gobierno entrante.

Pero hay que ser realistas. Quien abre las puertas para trabajar en este tema es el gobierno y, si el gobierno decide que “no”, pues no. Entonces habría que ver cómo nos vinculamos con otros sectores de la sociedad o la búsqueda de apoyo en el legislativo.

Por el momento, estamos con toda la intención de apoyar al gobierno entrante.

¿Cómo Fundar se integra para catalizar e impulsar estos llamados en la región de América Latina y el Caribe?

Ojalá Fundar pudiera tener mayor capacidad de incidencia. Lo bueno es que son varias las organizaciones que se están interesando en este tema, quizá no a nivel internacional, pero  es algo que naturalmente va a suceder, porque es imposible entender la política tributaria interna, sin relacionarla con el sistema tributario internacional, y cómo constriñe, posibilita o inhabilita las decisiones de política interna. Por el momento, es Fundar quien lleva adelante esta agenda y eso nos puede permitir llevar a otras organizaciones a esta esfera internacional. Estaría muy bien que no es solo Fundar u Oxfam quien hablara de este tema, sino que sea una cuestión que entienden más organizaciones y que hay una mayor presión para incidir en la política tributaria internacional.