El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos exige que los Estados adopten un gran abanico de acciones, programas y medidas, dirigidas tanto a asegurar a la población la disponibilidad de servicios de calidad, así como a regular la actividad de terceras partes con potenciales efectos beneficiosos o dañinos para la salud.
Las organizaciones de nuestra Iniciativa analizaron los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México para entender en qué medida cumplen con los estándares de derechos humanos en cuanto a el acceso al derecho a la salud. Los resultados de este análisis están en el informe Principios de los derechos humanos en la política fiscal y derecho a la salud.
