Este año llega con una serie de oportunidades, momentos y debates que le permitirán a gobiernos, academia, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la región pensar y crear alternativas para estos problemas estructurales.

Nuestra Iniciativa existe en un momento en el que la desconexión entre los derechos humanos y la política fiscal es crítica, lo que tiene múltiples consecuencias negativas que pueden agravarse en contextos de inestabilidad o crisis económica y frente a la adopción de medidas de austeridad fiscal, como en la actualidad. El problema, además, es particularmente grave en América Latina y el Caribe, la región más desigualdad del mundo, marcada altos índices de pobreza, las medidas de austeridad severas, la explotación subregulada de recursos naturales y la corrupción.

En medio de este contexto, el 2023 llega con una serie de oportunidades, momentos y debates que le permitirán a gobiernos, academia, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la región pensar y crear alternativas para estos problemas estructurales. Hablamos por ejemplo de la Cumbre “Repensando la Tributación Global”, convocada por Colombia, que discutirá un nuevo marco global para el sistema tributario internacional, y que, con valores como la inclusión, la sostenibilidad y la equidad, contribuirán a guiar decisiones de política fiscal para adaptarse a una economía que ya no puede guiarse por reglas obsoletas e inequitativas del pasado.

Este también puede ser un año bisagra para comenzar a revertir la curva de desigualdad en América Latina a través de mayor justicia fiscal: no solo por las reformas tributarias progresistas de Colombia, y eventualmente Chile o  Brasil, sino porque a finales de 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que llama a los Estados a iniciar negociaciones sobre una Convención Tributaria bajo el auspicio de la ONU.

De acuerdo con Vicente Silva, oficial del programa de Justicia Económica de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIESCR) e integrante de nuestro Grupo Impulsor, 2023 va a ser un año importante para que ese llamado obtenga tracción política, lo que configuraría un gran momento para los países del Sur Global, pues les permitiría lograr una gobernanza que defienda sus intereses en las discusiones globales.

De igual forma, los momentos electorales de países como Argentina, Guatemala y Paraguay, que este año votan por un nuevo presidente o presidenta, así como un posible nuevo plebiscito constitucional en Chile, puede dar oportunidades para exigir respuestas y compromisos de candidatos y constituyentes sobre los principales desafíos que enfrentamos en materia de justicia fiscal en la región.

Los retos para América Latina y el Caribe

Aunque estas oportunidades son prometedoras, nuestra región también atraviesa un momento complejo desde el punto de vista fiscal y monetario. Las proyecciones de la CEPAL esperan un crecimiento económico en torno al 1.3%, mayor inflación y tasas de interés más altas debido al contexto internacional desfavorable. A esto se le suman las crisis asociadas al COVID-19, la crisis ecológica, el alto costo de la vida y el aumento de la desigualdad.

Se forma simultánea, la enorme regresividad de nuestros sistemas de tributación persiste. “Los pobres de nuestra región pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos, especialmente las mujeres y los afrodescendientes”, afirma Nathalie Beghin, de Inesc Brasil, una de las de nuestra Iniciativa. Y añade al menos otros dos retos que enfrenta la región: la evasión y elusión fiscal, pues de acuerdo con la Cepal, el incumplimiento tributario en la región es de unos US$ 325,000 millones anuales, mientras Tax Justice Network calcula que los países de América Latina y el Caribe pierden alrededor de US$ 43 mil millones anuales en impuestos debido al abuso fiscal transfronterizo mundial. A lo anterior se suman los privilegios fiscales que benefician especialmente a los más ricos.

Para Julieta Izcurdia, del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ Argentina, otra las organizaciones de la Iniciativa, en su país, el endeudamiento va a seguir ocupando el debate público, lo que para la sociedad implica continuar aportando miradas heterodoxas y argumentos robustos que muestren que la deuda es una cuestión de derechos humanos y no netamente económica, así como el rol igualador que tiene que tener la política fiscal, el gasto y los impuestos para revertir las desigualdades, en un contexto en el que la deuda está condicionando la forma en que el gobierno argentino recauda y se invierte en políticas sociales.

Desde México, Fundar, quien también hace parte de la Iniciativa, plantea las dificultades que genera su Estado al mostrar interés por sumarse a los espacios internacionales emergentes donde se discutirán las reglas tributarias globales. “En lugar de jugar un rol protagónico y velar por un sistema tributario más justo, el presidente ha propuesto ante la ONU que quienes más tienen realicen una aportación voluntaria, una medida que definitivamente no puede considerarse como un impuesto”, asegura Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de esa organización, para quien la extrema desigualdad y la crisis climática, como problemas globales que pueden solucionarse a través de la cooperación y coordinación internacional, exigen que los gobiernos de la región promuevan conjuntamente una política fiscal que esté a la altura de las circunstancias.

“Si esperamos afrontar con éxito estos retos, necesitamos nuevas ideas de gobernanza y nuevos acuerdos institucionales”, asegura Vicente Silva, de GIESCR, y puntualiza que necesitamos una política fiscal progresiva y mayor cooperación entre los países para contar con los recursos suficientes y necesarios para la recuperación y para financiar bienes y servicios públicos universales, pues tienen el potencial de hacer frente a la crisis del costo de la vida, disminuir la desigualdad y asegurar dignidad para todos y todas dentro de los límites del planeta.

Nuestros principios en este contexto

Además de gravar el patrimonio de las personas que más riqueza concentran, eliminar gastos tributarios ineficientes y combatir la evasión y la elusión fiscal, Nathalie Beghin, de Inesc, ve con esperanza las salidas que ofrecen nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, a los principales retos de la región. Según dice, a partir de mecanismos legales existentes, estos lineamientos muestran que si no se hacen cambios profundos en la manera como se recaudan recursos públicos, no se pueden realizar los derechos humanos, por lo que, en este sentido, ofrecen alternativas para que nuestros gobiernos tomen decisiones por la justicia fiscal. 

En esto coincide Vicente Silva, para quien la política fiscal ya no puede ser entendida como una herramienta que restringe su ejercicio, sino como un dispositivo clave para su realización. De esa forma, pensar la política fiscal desde el enfoque de derechos nos exige repensar nuestro sistema social y económico desde un modelo orientado al PIB hacia otro centrado en los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta. “Todas las agendas transformadoras necesitan recursos para ser viables, y los principios y directrices nos entregan claves valiosas para abrir esas conversaciones entre diferentes sectores”, concluye.