Este lunes 6 de marzo a las 2:15 pm de Los Ángeles, nuestra Iniciativa participará en el periodo #186 Periodo de Sesiones de la Comisión con la solicitud de una serie de medidas cruciales para mantener las conexiones entre estos dos temas en la región.

Del 6 al 10 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, California, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su #186 Periodo de Sesiones. Durante el primer día de esta importante jornada, las organizaciones que hacen parte de nuestra Iniciativa tendremos una audiencia temática sobre Política fiscal y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en la región.

La sesión, que tendrá lugar en la Universidad de California a las 2:15 pm (horario de Los Ángeles), es de suma relevancia, pues mostrará evidencia sobre la centralidad de la política fiscal para la garantía de los derechos humanos, recordará las herramientas fiscales que poseen los Estados para avanzar la garantía de los DESCA, evidenciará los avances que ha tenido la región en esta materia y pedirá a la CIDH que adopte medidas concretas para facilitar dichos avances.

Para nuestra Iniciativa, las medidas deberán estar enfocadas en la adopción de una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos que promueva la operativización de nuestros Principios de Derechos Humanos sobre Política Fiscal en el marco del Sistema Interamericano, que haga recomendaciones concretas para que los Estados adopten políticas fiscales alineadas con sus obligaciones de derechos humanos y que dé una lectura interamericana de los Principios, con miras a la producción de un posible informe temático sobre estos temas.

El rol clave del Sistema Interamericano

Lo anterior se sustenta en varias premisas: que sin recursos públicos adecuados el cumplimiento material de los derechos sería imposible; que la política fiscal es clave para cerrar las brechas entre personas y grupos y para incentivar o desincentivar comportamientos que son necesarios para asegurar la garantía de los DESCA (como los impuestos a las bebidas azucaradas con relación al derecho a la salud), y que la política fiscal también tiene vínculos con el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción, lo que confirma su importancia para la totalidad de los derechos humanos.

Siendo así, las organizaciones que hacemos parte de nuestra Iniciativa insistimos en que considerar la política fiscal es relevante para implementar decisiones del Sistema Interamericano. De hecho, la CIDH ha identificado la ausencia de recursos económicos como uno de los retos más importantes a la hora de que los Estados implementen sus decisiones. Igualmente, la falta de capacidad financiera de los Estados es entendida por la Comisión como un obstáculo para el cumplimiento de las medidas de compensación de las víctimas, las medidas de rehabilitación y las medidas en materias de verdad y justicia.

Por estas razones, desde nuestra Iniciativa valoramos los avances del Sistema Interamericano en conectar la política fiscal y los derechos humanos. Muchos de estos avances han sido liderados por la actual relatora especial por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, cuyo trabajo ha sido central en la materia. 

No obstante, encontramos que la región aún desaprovecha el enorme potencial de las finanzas públicas para avanzar de manera decisiva en la materialización de sus compromisos normativos a nivel interamericano en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, en la región persiste una pobre coordinación entre Ministerios de Hacienda y agencias estatales con competencia en materia de derechos humanos, mientras se calcula que la recaudación tributaria con relación al PIB promedio para América Latina se encuentra muy por debajo del estimado para los países que conforman la OCDE (21,9% para los primeros, contra el 33,5% para estos últimos). A este problema de insuficiencia de recursos debe sumarse la regresividad que caracteriza a los sistemas tributarios de la región y que explica que los sectores más pobres carguen proporcionalmente con mayores esfuerzos.

En suma, en estas condiciones, la mayor parte de las políticas fiscales en América Latina no facilitan una inversión pública que posibilite la realización progresiva e igualitaria de los DESCA, e impiden que los Estados transiten con la celeridad que exigen las actuales crisis, como la generada por la pandemia por COVID-19, el aumento en el costo de vida o la emergencia climática.

Esta situación deriva en una violación sistemática de las obligaciones impuestas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los Estados parte, tales como la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad real para todas las personas y de adoptar, hasta el máximo de los recursos disponibles, todas las medidas que sean necesarias a ese fin.

Un escenario propicio para la audiencia

En este 2023 habrá nuevas y únicas oportunidades para contar con estándares interamericanos claros y consolidados que permitan capitalizar el legado de la Comisión en la materia, así como para contar con la referencia de la CIDH como organismo natural para la protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Destacamos, por ejemplo, la histórica resolución que emitió la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2022, y en la que reconoció la importancia de fortalecer la cooperación fiscal internacional entre Estados y solicitó preparar un informe con los próximos pasos para lograrlo. Luego, está también la convocatoria del gobierno de Colombia para celebrar la primera Cumbre Latinoamericana por una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, que, en nuestro concepto, permitirá movilizar el máximo de recursos disponibles para financiar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos por los instrumentos americanos e internacionales.

¿Cómo ver la audiencia?

Si usted quiere enterarse de lo que ocurre durante esta audiencia, podrá seguir la transmisión por la página de la CIDH y el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter.   

Sobre nuestra Iniciativa

La Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal está conformada por ocho organizaciones que trabajan en América Latina y el Caribe, y entre las que están: ACIJ, CELS, CESR, Dejusticia, Fundar, Inesc, Red de Justicia Fiscal y GI-ESCR. En colectivo, buscamos desarrollar y promover un compendio de principios y directrices que sintetizan los estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal.

Sobre nuestros Principios

Los Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal muestran la abundancia de estándares existentes que conectan la política fiscal y los derechos humanos, y la trascendencia de aplicar dichos estándares para lograr avances significativos en la realización de los derechos, en especial de ciertos grupos. Así, entre otras cosas, señalan medidas concretas que pueden tomarse para para eliminar las discriminaciones por razones de género y promover la igualdad sustantiva de género; indican la necesidad de asignar recursos suficientes para procesos de reparación histórica de poblaciones indígenas y afrodescendientes; e indican pasos concretos para evaluar la justicia y la transparencia de los beneficios fiscales en línea con los compromisos de derechos humanos. Los Principios también dan pautas sobre qué son una tributación justa y una presupuestación justa. Además, detallan la lectura fiscal de las obligaciones reforzadas en materia de DESCA, como la de uso del máximo de los recursos disponibles, realización progresiva o garantía de niveles esenciales de los derechos.