Durante la primera semana de mayo tiene lugar un encuentro en el que organizaciones y expertos construiremos propuestas con miras a la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global, incluyente y sostenible, que se celebrará en julio en Cartagena. 

El 2023 inició con una noticia muy esperada para el debate tributario global. El gobierno de Colombia anunció la realización de una Cumbre por una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, la primera de este tipo en la región. Desde la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, de la que hace parte Dejusticia, respaldamos la celebración de esta Cumbre, pues es un paso importante hacia la construcción de un pacto tributario para América Latina y el Caribe y una excelente oportunidad para que los gobiernos consoliden un bloque tributario con mayor poder conjunto en negociaciones internacionales.

Antes de la Cumbre, que tendrá lugar el 27 y 28 de julio en la ciudad de Cartagena, el Ministerio de Hacienda de Colombia, con el apoyo técnico de Fedesarrollo, hicieron un llamado a la academia, las empresas, la sociedad civil y cualquier individuo interesado para enviar resúmenes en los que definieran qué tipo de problemas impiden construir un sistema tributario global, inclusivo, sostenible y equitativo. Estos resúmenes quedarán consignados en un policy brief que será entregado a los gobiernos asistentes a la Cumbre, mientras el público general podrá acceder a ellos a través de un repositorio digital en español e inglés.

De hecho, desde las organizaciones que hacen parte de nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal fueron enviados varios resúmenes. Dejusticia, de Colombia, realizó dos propuestas: una sobre fundamentación de los derechos humanos para lograr una mejor tributación global y otra sobre acceso a información tributaria como un derecho humano. Nathalie Beghin, de Inesc, envió un documento relacionado con incentivos fiscales e igualdad entre países. María Emilia Mamberti, coordinadora de nuestra Iniciativa, envió un resumen sobre el aporte de los estándares de derechos humanos a las discusiones sobre tributación global, mientras Olivia Minatta, de CESR, otra de las organizaciones de nuestra Iniciativa, envió un documento acerca de las tendencias constitucionales en materia fiscal en la región.

De un total de 80 resúmenes recibidos, 21 autores de 10 países fueron seleccionados por un comité de expertos nacionales e internacionales para exponer sus ideas en un espacio académico que justamente se celebra esta primera semana de mayo en Bogotá. Estas ideas, que alimentan el debate sobre la tributación global, han servido como una especie de preparación para la Cumbre de Cartagena, en la que se espera que la sociedad civil pueda tener un rol activo.

Durante el primer día de esta jornada académica, que tuvo lugar el martes 2 de mayo, las discusiones se centraron en la necesidad de avanzar en la mejora de las medidas internacionales de tributación, así como en las falencias que tiene el marco inclusivo de la OCDE. Estas fallas, tanto procedimentales como sustantivas, incluyen a América Latina y el Caribe, que suele llegar a estas instancias sin una voz unificada y sin adaptar las reglas de los sistemas globales a las necesidades de la región.

A continuación, compartimos ideas centrales de la primera fecha del encuentro:

La desigualdad tiene mucho que ver con los sistemas tributarios regresivos

Jayati Ghosh, comisionada de ICRICT y profesora de Economía de la Universidad de Massachussets Amherst, advirtió que el mundo mira en este momento hacia América Latina y el Caribe por las transformaciones progresistas que están teniendo lugar aquí. Sin embargo, la región no escapa de la crisis global por cuenta del aumento de los precios de los alimentos, la deuda externa de los países más afectados por la pandemia y los retos que implica el cambio climático, lo que ha conducido a un grave retroceso en términos de desigualdad y la violencia que deriva de la misma.

Pese a este escenario, insiste Ghosh, con unos sistemas tributarios injustos y regresivos es imposible enfrentar estos problemas. “En algunos lugares pagan cero de impuestos, mientras crecen empresas que generan muchas utilidades, como las farmacéuticas o las petroleras, que se benefician de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Doblan, triplican, quintuplican utilidades, mientras los impuestos son del 3 o 5 por ciento, y eso es por la arquitectura tributaria de hace un siglo que ya es obsoleta”, anota la experta.

Sobre dicha arquitectura, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia y hoy asesor de esa cartera para la Cumbre de Tributación Global, en los intentos por desarrollar mecanismos de tributación global, el beneficio para regiones como la nuestra ha sido mínimo. “El tema aquí es la equidad internacional. Las plataformas venden en diferentes países, pero en esos no pagan impuestos, mientras en personas naturales, muchos de los problemas de equidad son por el diseño de la tributación, que no controla suficientemente la evasión y la elusión”, advierte Ocampo.  

Los derechos humanos y la tributación global

Yariv Brauner, experto de la Universidad de Florida, menciona que, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) parecen muy generales, desde el punto de vista jurídico es la única agenda global que existe, razón por la cual es necesario que la agenda tributaria sea compatible. En este sentido, y teniendo en cuenta los ineludibles vínculos entre países, es claro que ninguna nación puede tener su propia regulación tributaria, sino que son necesarias reglas comunes. Por eso, dice Brauner, necesitamos un acuerdo marco, mucho más vinculante que un nuevo modelo de tributación propuesto por la PNU. “Tenemos una oportunidad para realizar propuestas constructivas si nos enfocamos en estructuras de tributación internacional”, concluye.

Abdul Muheet Chowdhary, del South Centre, cuenta que, por cuenta de paraísos fiscales, los países pueden estar perdiendo entre US$240.000 millones y US$250.000 millones, mientras América Latina podría recibir cuatro veces el dinero actual si se implementara la solución de las Naciones Unidas en tributación.

En un contexto de mayor y mejor recaudación, con reglas internacionales, la garantía de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales, se vería beneficiada, pues es claro que requieren de una alta asignación de recursos. A propósito, Pedro Rossi, profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil) e integrante del Comité de Expertos y Expertas de nuestra Iniciativa, los derechos humanos no pueden ser un subproducto de la organización de una economía eficiente, sino que deben ser una base fundamental. “Se dice que los impuestos causan distorsiones en la economía del mercado y que generan ineficiencias. Tenemos que resignificar estos términos si queremos cambiar las condiciones de vida de las personas, pues hay formas de abordar la eficiencia que vulneran los derechos humanos”, anota el experto.

A propósito, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y también integrante del Comité de Expertos y Expertas de nuestra Iniciativa, la relación que menciona Rossi se hace aún más profunda si nos referimos a la relación que se teje entre la tributación global y nuestros Principios y Directrices por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, pues los derechos y su satisfacción cuestan, a la vez que la justicia fiscal tiene impacto en los derechos humanos. “Lo que se ve a nivel global es que la competencia a la baja tributaria ha erosionado la capacidad de los estados de recoger suficientes tributos para satisfacer los derechos de la población”, asevera.