Discutimos en el #OFiP22 sobre el potencial que tiene la tributación progresiva en Latinoamérica para corregir las desigualdades estructurales a través de una política fiscal pensada desde una perspectiva de derechos humanos.

Pensar en derechos humanos es pensar en términos de lo innegociable. A veces parece olvidarse, sin embargo, que para que exista algo tan imprescindible como los derechos humanos deben existir también los recursos para movilizarlos. ¿Por qué es importante hablar de derechos económicos, sociales y culturales en intersección con el tema de la tributación? ¿Cómo trabajar hacia una tributación basada en los derechos humanos y en la cooperación? ¿Puede la política fiscal ser un camino o un instrumento para un cambio y una transformación económica sustentada en la justicia de género?

Partimos de estas preguntas para pensar en acciones transformativas y ambiciosas para un desarrollo sostenible en el panel “Cooperación fiscal y derechos humanos ¿Cómo movilizar recursos para una transición verde y con perspectiva de género en América Latina?”. Nos acompañaron Liz Nelson, directora de Justicia Fiscal y Derechos Humanos de Tax Justice Network, y dos de los integrantes de nuestro Comité de Expertos: Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR), y Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

Este espacio, moderado por Laura Carvalho, directora de equidad de la Open Society Foundation, fue parte de la programación de la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que tuvo como sede a Santiago de Chile.

¿A qué reflexiones llegamos?

La pandemia de COVID-19 dio lugar a una crisis mundial que ha afectado especialmente a los países en desarrollo y a sus poblaciones más vulnerables. Al tiempo, el cambio climático está produciendo efectos devastadores en materia de derechos humanos.

En medio de las enormes dificultades económicas de los últimos dos años, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo de la región tuvo un retroceso de 18 años. Las brechas de género se incrementaron, el trabajo no pagado de las mujeres y de las niñas creció de manera exponencial. Las niñas se retiraron y dejaron de asistir al colegio en proporción mayor que los niños. 

Así, con este panorama en contra, no es posible hablar de recuperación sin equidad de género. Las políticas de transformación económica que no abordan las desigualdades se traducen en inequidades aún más crónicas y permanentes. Existe una consciencia de la necesidad de hacer esfuerzos serios para invertir en sistemas de cuidado, en protección social, en servicios públicos y en programas de trabajo decente. “La proporción de las mujeres entre 15 y 53 años viviendo en pobreza está sobrerrepresentada. La pandemia lo hizo evidente: las mujeres en la casa fueron profesoras, enfermeras, trataron de sobrevivir con la informalidad. Esto hizo evidente que en Latinoamérica no hay sistemas de cuidado”, dijo Magdalena Sepúlveda.

Sepúlveda añadió que ahí nace, precisamente, la belleza de vincular la política fiscal con los derechos humanos. Se trata de una vinculación que no es subjetiva, hay compromisos que los Estados han asumido en materia de derechos humanos a nivel doméstico e internacional que establecen guías que deben aplicarse a la política fiscal nacional y en el plano de colaboración internacional. Sin embargo, en la práctica, implica pensar en la movilización social y en las asimetrías de poder: hay una falta de equidad entre pequeñas y medianas empresas, o entre las tasas de impuesto pagadas por trabajadores y ciudadanos en contraste con lo que pagan las corporaciones.

El investigador Rodrigo Uprimny enfatizó en la importancia de comprender que sin recursos no hay derechos: “La conexión es muy íntima, pero la relación entre los movimientos de derechos humanos y las organizaciones que trabajan temas fiscales ha sido muy pobre”. Para él, lo que puede aportar Latinoamérica es fortalecer esa visión de la política fiscal como un asunto de derechos humanos y, en esa medida, contar con un argumento moral y jurídico más fuerte para defender reformas.

Las oportunidades de la pospandemia

En este nuevo momento de pospandemia, los gobiernos están empezando a implementar medidas de austeridad promovidas por los condicionamientos a los préstamos que reciben. Allí reside un enorme riesgo: esta austeridad podría ampliar las brechas de desigualdad socioeconómica y de género. De acuerdo con los participantes del panel, el mayor reto no es en sí mismo la falta de recursos, sino la falta de voluntad política para adoptar medidas fiscales progresistas que puedan conseguir los fondos necesarios para financiar economías más justas. Es importante recordar que, mientras los servicios públicos y el cuidado requieren esfuerzos colectivos de todos los sectores de la sociedad y la economía, son los Estados los que tienen la obligación central de generar las condiciones para que estos recursos existan.

El momento global, sin embargo, permite pensar en grandes transformaciones. Sepúlveda recordó que los países de América Latina recientemente han dado pasos importantes en la dirección de corregir problemas estructurales en sus economías. En noviembre de 2022, representantes de la región participaron en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Argentina. Allí se adoptaron compromisos asegurar la implementación de sistemas integrales de cuidado, con medidas concretas para financiarlos. De igual forma, refiriéndose a nuestros Principios y Directrices, destacó que “dan guía, de forma precisa, a cómo aplicar estándares de derecho a la política fiscal”, mientras son un claro ejemplo de lo que necesitamos en materia de cooperación: “una colaboración interdisciplinaria, con principios escritos entre economistas y defensores de derechos humanos”.

La cooperación regional, apuntaron las investigadoras, es necesaria para el combate de la evasión fiscal y de los flujos ilícitos. Entretanto, a nivel doméstico, se requiere de una ciudadanía que apoye las reformas tributarias progresivas y que pongan los derechos humanos en el centro.

“Las economías de Latinoamérica recaudan menos, pero hay aires de optimismo. Tenemos en el plano político gobiernos como Chile, Argentina y Colombia —y esperamos que el de Brasil— tratando de avanzar en temas de derechos humanos, protección del medio ambiente, o tratando dejar de lado el modelo extractivista. Hay un momento esperanzador ahí”, agregó Sepúlveda.

Uprimny destacó el esfuerzo de los últimos años en la región por tratar de entender estos principios. Una de las razones por las que es impopular el tema tributario es que es difícil de entender para cualquier persona que no está involucrada en el campo específico de la economía. Por eso, es loable el trabajo de organizaciones de la región que han intentado traducir esta terminología en mensajes más accesibles para que las personas entiendan la importancia de los temas tributarios en su vida diaria. Este es un esfuerzo que debe continuarse.