América Latina y el Caribe se enfrentan a múltiples crisis con efectos especialmente graves para las poblaciones marginadas. Ahora más que nunca, la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades y garantizar la transición a una economía basada en derechos que proteja el planeta y las futuras generaciones. Sin embargo, estos recursos no siempre están disponibles. Según los últimos estudios, se estima que América Latina pierde un 1,5 % de su PIB regional en flujos financieros ilícitos y el 27% de su riqueza total es mantenida por sus élites en guaridas fiscales.
En las discusiones alrededor de la primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe para una tributación global, inclusiva, sostenible y equitativa, este informe sostiene que, debido a los fracasos de un sistema fiscal internacional obsoleto y las limitaciones del Marco inclusivo BEPS de la OCDE (y del reciente acuerdo basado en dos pilares para reformar la tributación internacional), se necesita un bloque latinoamericano cohesionado para enfrentar con mayor peso las negociaciones fiscales globales, así como un conjunto de políticas fiscales compartidas.
Partiendo de los estándares de derechos humanos, Tax Justice Network, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal y Oxfam trabajamos en la elaboración de un nuevo documento llamado 'Unidos por un nuevo pacto fiscal: construyendo una hoja de ruta para América Latina y el Caribe'. El documento hace pedagogía sobre las formas en que el sistema tributario global actual, injusto y poco inclusivo, afecta la posibilidad de los Estados de la región de movilizar suficientes recursos para garantizar derechos. También formula 6 recomendaciones en línea con las demandas de sociedad civil.
Recomendaciones basadas en derechos para el pacto fiscal latinoamericano:
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Cooperar para adoptar marcos constitucionales en institucionales sobre asuntos fiscales centrados en el cumplimiento de los derechos humanos, pues el bajo recaudo tributario inviabiliza, por ejemplo, el adecuado financiamiento de servicios públicos.
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Adoptar una agenda de cooperación fiscal progresiva con el objetivo de hacer realidad los derechos humanos y fortalecer la confianza de la ciudadanía con las instituciones públicas. Esta agenda debe priorizar las medidas para mejorar las capacidades de los Estados para lograr que las personas ricas y las empresas multinacionales paguen su parte justa de impuesto
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Explorar alternativas de políticas tributarias que beneficien más a la región, tales como una tasa impositiva mínima efectiva implementada de forma coordinada y un marco unificado para los impuestos a los servicios digitales (ISD).
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El secreto financiero menoscaba los derechos s a la colaboración, por eso, es necesario establecer un plan de registros de activos regionales e internacionales que incluyan asistencia técnica para los países que no cuenten con éstos e iniciar acciones de integración regional entre registros para determinados activos mientras se consolidan estándares mínimos en todos los países.
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Diseñar e implementar políticas fiscales que incluyan a las industrias extractivas y que, por tanto, reconozcan que mitigar el cambio climático, reducir las desigualdades y promover la justicia social y económica no son objetivos excluyentes, sino que deben perseguirse en conjunto.
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Es esencial que los países latinoamericanos y del Caribe se involucren de forma conjunta en la apertura de negociaciones en la ONU sobre cooperación tributaria internacional. Esto implica alianzas con otros bloques del Sur Global, como la Unión Africana.
Únete a la conversación y a las demandas de la sociedad civil para construir un #PactoFiscalALC por la #JusticiaTributariaGlobal