Un grupo de 130 personas de 13 países de América Latina y el Caribe nos encontramos en Cartagena de Indias en reuniones previas a la Primera Cumbre por la tributación global, incluyente, equitativa y sostenible, que tuvo lugar el 27 y 28 de julio en la ciudad colombiana. Sociedad civil, academia, movimientos sociales, activistas y actores multilaterales trabajamos en identificar las prioridades en materia de tributación global y derechos humanos que luego entregamos a ministros de toda la región.

Las prioridades detectadas, como la incorporación de los derechos humanos, la lucha contra los privilegios fiscales y el incremento de la transparencia fiscal, permitirán transitar hacia un modelo de tributación incluyente, sostenible y equitativo. Asimismo, sentar las bases de un #PactoFiscal para América Latina y el Caribe que integre reglas y medidas fiscales coordinadas entre los países de la región y permita luchar contra el abuso fiscal.

Las organizaciones presentes, entre las que estuvimos quienes integramos la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, entregamos unas recomendaciones a las ministras y ministros que asistieron a la Cumbre. En los diálogos para construir dicho documento, las y los presentes compartieron al menos ideas que guardan estrecha relación con nuestros Principios y Directrices por los Derechos Humanos en la Política Fiscal:

La realización de los DD. HH. debe ser una finalidad fundamental de la política fiscal

El integrante de nuestro Comité de Expertas y Expertos, Rodrigo Uprimny Yepes, expuso varias razones por las que la inclusión de los derechos humanos en estos diálogos es esencial. Primero, porque en las decisiones tributarias no es una opción de los Estados incluir el asunto de los DD. HH., sino una obligación jurídica consignada en numerosos estándares nacionales e internacionales. Porque no hacerlo, per sé, puede ser una violación de derechos humanos. Porque el enfoque de DD. HH. ayuda a establecer mecanismos de rendición de cuentas de la política tributaria. Porque el enfoque de no discriminación e igualdad establece una visión para identificar dónde deben estar las prioridades de la política fiscal a nivel de gasto; y porque ayuda a que el tema tributario se vuelva movilizador.

Los Estados deben promover la igualdad sustantiva a través de su política fiscal, incorporando las perspectivas de poblaciones discriminadas

Desde el punto de vista de María Emilia Mamberti, integrante de CESR y secretaria general de nuestra Iniciativa, en los espacios de esta semana alrededor de la Cumbre se saldaron al menos dos deudas que quedaron de las discusiones previas de mayo en Bogotá: compensar la subrepresentación de la región del Caribe y Centroamérica, pues gracias al trabajo previo que se hizo con una consulta subregional a principios de julio, se logró convocar a muchas personas de ese lado del continente, al tiempo que se garantizó una mayor representación de distintos movimientos sociales que no estuvieron tan presentes en la capital colombiana, como el movimiento por la justicia climática, el del derecho a la salud y representantes de los pueblos afro e indígenas. “Hay muchas razones para pedirle a la mayor cantidad de personas posibles que se involucren en el tema, pero la principal es que hay una oportunidad única: más de 15 gobiernos están coincidiendo en que necesitan coordinarse para cooperar, y es importante que eso se transforme en una decisión que no depende de la voluntad de los gobiernos que irán viniendo, sino que se condense en un compromiso que trascienda la reunión de este jueves y viernes, que se convierta en un plataforma sostenible y que se pueda convertir en una forma de hacer política pública en los estados de nuestra región”, anotó Mamberti.

La política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas

María Fernanda Fernanda Valdés, viceministra de Hacienda del gobierno de Colombia, le habló a la sociedad civil para decirnos que del rol preponderante de nuestrasorganizaciones y movimientos en las discusiones de esta semana, y en las que siguen, depende el éxito de la Cumbre. Sobre eso estuvo de acuerdo Sergio Chaparro, de Taz Justice Network y Dejusticia, para quien es esencial que los gobiernos de la región cuenten con la sociedad civil como aliada para vigilar que la plataforma que resulte sea robusta y efectiva y para proponer soluciones y acciones transformadoras.

Por la misma línea hizo apuntes Susana Ruíz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Según ella, el trabajo es esta plataforma que se está creando a partir de la reunión de ministros es solo un punto de partida, y por eso, agrega, “tenemos que plantear un espacio de agendas tributarias para la región como sociedad civil que genere cambios en el mediano y largo plazo”.

Los estados deben priorizar en su política fiscal los niveles esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Varios de los asistentes de la sociedad civil resaltaron que no es posible lograr justicia climática sin recursos. Es por ella que dentro de las propuestas de recomendaciones de la sociedad civil fue prioritario impulsar el diálogo sobre la fiscalidad verde, asociada a los derechos humanos. Al respecto, Vicente Silva, representante para América Latina de GIESCR, una de las integrantes de nuestra Iniciativa, compartió algunas de las ideas que resultaron en una mesa de trabajo sobre el tema. De un lado, es claro que la política fiscal puede desempeñar un papel fundamental en impulsar una transición socioecológica justa, en el que la justicia ambiental, de género, étnico racial y los intereses de las comunidades sean priorizados. Esto implica que las reformas a la arquitectura tributaria global contribuyan a cerrar las brechas entre países y fomentar el buen vivir de nuestros pueblos. Lo anterior también  implica fortalecer la cooperación tributaria regional, en formas que América Latina y el Caribe den un salto hacia una estrategia de diversificación industrial baja en carbono y resiliente al clima que priorice los derechos colectivos, proteja la biodiversidad e impulse las economías propias, afiance la soberanía sobre los bienes naturales y contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad.