Nuestros Principios y Directrices por los Derechos Humanos en la Política Fiscal no solo guían los pasos de gobiernos, empresas, sociedad civil y otros actores en América Latina y el Caribe. Recientemente, dos organismos multilaterales los citaron durante discusiones relacionadas con cooperación internacional en la política fiscal y lucha contra la pobreza extrema.
Lo que dijo la Experta Independiente en Deuda Externa
La primera tuvo lugar durante la sesión número 77 de la Asamblea General de la ONU (julio de 2022), en la que se transmitió un reporte de la experta independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa, Attiya Waris, titulado ‘Hacia una arquitectura fiscal global desde el punto de vista de los derechos humanos’.
El reporte se centra en explorar mecanismos más eficaces y justos para utilizar los recursos públicos con el fin de garantizar los derechos humanos para todos y todas, abordando el crecimiento incontrolado de la riqueza de unos pocos, las desigualdades y las pérdidas de ingresos fiscales por flujos financieros ilícitos. Para la Experta Independiente, los gobiernos no pueden resolver estos problemas por sí solos y requieren ayuda de la cooperación internacional. De hecho, su propuesta es la creación y desarrollo de una convención fiscal mundial dirigida por las Naciones Unidas y de un organismo fiscal mundial que utilice la perspectiva de los derechos humanos.
Waris argumenta su propuesta desde los aportes de varias fuentes y documentos, como los de nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, cuyos principios y directrices, menciona la Experta Independiente, “reiteran lo establecido en los principios rectores sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas al establecer el papel proactivo de los Estados en relación con la política fiscal, asegurando que ese papel se oriente hacia el respeto, la protección y el cumplimiento de derechos”.
De acuerdo con el informe, lo anterior lleva a una conclusión, y es que la insuficiencia de recursos obstaculiza la capacidad de los Estados para realizar los derechos, lo que indica un posible fracaso en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos a través de la legislación fiscal y el desarrollo y la aplicación de políticas.
De igual forma, y basándose en nuestros Principios, Waris menciona que son “inequívocos” en el hecho de que las obligaciones de los Estados “van más allá de los esfuerzos unilaterales a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que la legislación y la política fiscal respeten y protejan los derechos humanos de las personas más allá de sus fronteras”.
Lo que dijo el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa
La segunda mención está en una declaración de la comisionada por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, frente al aumento de la pobreza extrema en el mundo: “hago un llamado a todos los Estados miembros para que aborden la pobreza de forma sistemática y global, incluso aplicando políticas fiscales firmemente basadas en los derechos humanos", dijo en octubre pasado, y agregó que la pobreza socava el ejercicio de todos los derechos humanos al acabar con la capacidad básica de vivir con dignidad.
Cuando se refiere a soluciones, Mijatović dice que la evaluación sistemática de los presupuestos y las políticas fiscales de los Estados miembros en materia de derechos humanos puede mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de política económica y ayudar a los gobiernos a identificar las áreas en las que se pierden fondos públicos, incluso a través de la evasión fiscal. Luego, y haciendo referencia a nuestra Iniciativa, asegura que las políticas fiscales basadas en los derechos humanos “también pueden ayudar a encontrar alternativas adecuadas a la austeridad, previniendo así las crisis sociales, y ayudar a revertir la desigualdad, aliviando la carga desproporcionada que soportan las personas con bajos ingresos en algunos países”.
