Cerca de 400 personas que hacen parte de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se encuentran esta semana (del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022) en Santiago de Chile para la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que busca desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos, y así garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Reunir en un mismo espacio a la sociedad civil global no es una tarea sencilla. De hecho, para que las organizaciones que hacen parte de nuestro Comité Impulsor pudieran hacer presencia en este encuentro, tuvieron que viajar desde México, Colombia, Argentina y Brasil. La gigantesca tarea de organizar la #OFiP22 estuvo a cargo de 36 organizaciones, entre las que está GI-ESCR (Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), parte de nuestra Iniciativa.

Por su rol de coorganizadores de la Conferencia, y porque Chile es una especie de sede de su trabajo en América Latina, hablamos con GI-ESCR sobre el reto de dar forma a la reunión más grande del mundo sobre el fortalecimiento de lo público cómo elemento central de la garantía de los derechos humanos y la justicia climática. Esto nos dijo Rodrigo Echecopar, vocero del evento y director de Justicia Climática y Económica en GI-ESCR:

¿Por qué el lema de “nuestro futuro es público”?

Tantas organizaciones de todo el mundo se juntan acá, en Santiago, porque justamente están enfrentando problemas comunes en sus países, como la austeridad y la privatización, con la que parece que la sociedad sirve a la economía, y al final vemos si hay espacio para los derechos humanos. Para eso necesitamos encontrar respuestas entre todos y cambiar paradigmas. Por eso lo público, porque permite que el bienestar común se convierta en elemento central y da un paraguas para pensar juntos en el futuro.

¿Por qué el evento en Chile?, ¿qué símbolos despierta este país para este tipo de discusiones?

Chile representa este proceso de discusión sobre cuáles serán las coordenadas del futuro, aunque no es una receta ya establecida. Este país nos pareció un espacio interesante que combina procesos sociales, el constituyente y espacios institucionales.

El evento es global, ¿involucra también a organizaciones del norte global?

Algo interesante es que no es simplemente una expresión de organizaciones del sur global contra el norte, sino de todo el mundo que piensan juntos un pacto global más justo, en reglas globales más justas contra la privatización. Todos estamos buscando coordenadas y alternativas que nos sirven a todos, incluyendo al norte global.

¿En qué momento se involucró GI-ESCR?

Participamos en el último granito: en la construcción de un manifiesto que plantea la importancia de tener servicios públicos fuertes financiados e innovadores para la garantía de los derechos humanos. Luego aceptamos gustosos la posibilidad de jugar un rol de coorganizadores.

¿Qué esperan que ocurra durante esta semana con organizaciones e iniciativas como la nuestra?

Que empecemos a profundizar en agendas de varios sectores, como cuidados, salud, educación, justicia económica y protección social, energía y agua, y que también puedan entrelazarlas. Queremos que todo esto se convierta en un movimiento que habla con lenguaje y estrategia común a nivel global. Que cuando se hable de impuestos, sepamos que tiene que ver con todos los sectores.

¿Qué podemos ganar organizaciones e iniciativas como la nuestra durante esta semana?

Podemos apostar por el fortalecimiento de un polo regional. Nos estamos reuniendo y eso nos permite fortalecer nuestra visión regional e instalarnos en el debate global. También nos permite encontrarnos con organizaciones de distintos lugares, haciendo que nuestras agendas sean más fuertes si nos vinculamos con otras temáticas.

¿Qué pasos siguen de este gran encuentro de organizaciones cuando culmine la Conferencia?

Queremos sacar una declaración conjunta, ver si somos capaces de consensuar los próximos pasos de incidencia, nuestra narrativa y demandas comunes. Queremos que esta declaración sea una especie de hoja de ruta para el futuro que queremos.

Nuestros Principios y Directrices por los Derechos Humanos en la Política Fiscal no solo guían los pasos de gobiernos, empresas, sociedad civil y otros actores en América Latina y el Caribe. Recientemente, dos organismos multilaterales los citaron durante discusiones relacionadas con cooperación internacional en la política fiscal y lucha contra la pobreza extrema.

Lo que dijo la Experta Independiente en Deuda Externa

La primera tuvo lugar durante la sesión número 77 de la Asamblea General de la ONU (julio de 2022), en la que se transmitió un reporte de la experta independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa, Attiya Waris, titulado ‘Hacia una arquitectura fiscal global desde el punto de vista de los derechos humanos’.

El reporte se centra en explorar mecanismos más eficaces y justos para utilizar los recursos públicos con el fin de garantizar los derechos humanos para todos y todas, abordando el crecimiento incontrolado de la riqueza de unos pocos, las desigualdades y las pérdidas de ingresos fiscales por flujos financieros ilícitos. Para la Experta Independiente, los gobiernos no pueden resolver estos problemas por sí solos y requieren ayuda de la cooperación internacional. De hecho, su propuesta es la creación y desarrollo de una convención fiscal mundial dirigida por las Naciones Unidas y de un organismo fiscal mundial que utilice la perspectiva de los derechos humanos.

Waris argumenta su propuesta desde los aportes de varias fuentes y documentos, como los de nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, cuyos principios y directrices, menciona la Experta Independiente, “reiteran lo establecido en los principios rectores sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas al establecer el papel proactivo de los Estados en relación con la política fiscal, asegurando que ese papel se oriente hacia el respeto, la protección y el cumplimiento de derechos”.

De acuerdo con el informe, lo anterior lleva a una conclusión, y es que la insuficiencia de recursos obstaculiza la capacidad de los Estados para realizar los derechos, lo que indica un posible fracaso en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos a través de la legislación fiscal y el desarrollo y la aplicación de políticas.

De igual forma, y basándose en nuestros Principios, Waris menciona que son “inequívocos” en el hecho de que las obligaciones de los Estados “van más allá de los esfuerzos unilaterales a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que la legislación y la política fiscal respeten y protejan los derechos humanos de las personas más allá de sus fronteras”.

Lo que dijo el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa

La segunda mención está en una declaración de la comisionada por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, frente al aumento de la pobreza extrema en el mundo: “hago un llamado a todos los Estados miembros para que aborden la pobreza de forma sistemática y global, incluso aplicando políticas fiscales firmemente basadas en los derechos humanos", dijo en octubre pasado, y agregó que la pobreza socava el ejercicio de todos los derechos humanos al acabar con la capacidad básica de vivir con dignidad.

Cuando se refiere a soluciones, Mijatović dice que la evaluación sistemática de los presupuestos y las políticas fiscales de los Estados miembros en materia de derechos humanos puede mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de política económica y ayudar a los gobiernos a identificar las áreas en las que se pierden fondos públicos, incluso a través de la evasión fiscal. Luego, y haciendo referencia a nuestra Iniciativa, asegura que las políticas fiscales basadas en los derechos humanos “también pueden ayudar a encontrar alternativas adecuadas a la austeridad, previniendo así las crisis sociales, y ayudar a revertir la desigualdad, aliviando la carga desproporcionada que soportan las personas con bajos ingresos en algunos países”.

En América Latina, la recaudación de los recursos públicos suele ser insuficiente, su distribución es desigual y su uso resulta ineficiente para garantizar los derechos. En la recta final de la discusión de la propuesta de Reforma Tributaria de Colombia, nos remitimos a nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal para ver cuáles de ellos pueden iluminar esta propuesta.

Principio #1

La realización de los derechos humanos debe ser una finalidad fundamental de la política fiscal

Necesitamos una visión integral de la política fiscal que reconozca la complejidad democrática de Colombia, y que provea una financiación adecuada para garantizar los DD. HH. El bienestar de la población garantiza el bienestar económico.

Principio # 3

Los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa

Para lograr que una política fiscal sea socialmente justa se necesita un sistema que cumpla con los principios de  progresividad,  equidad,  legalidad, igualdad y no discriminación. Es decir, donde las personas cumplan con su deber de pagar impuestos de acuerdo con su capacidad económica sin diferenciaciones de ningún tipo.  

Principio # 7

La política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas

Transparentar la información tributaria de forma proactiva y periódica nos permitiría comprender mejor lo que ocurre con nuestros impuestos. Esta información, debidamente anonimizada, debería estar disponible al público para promover la participación social en la gestión de la política fiscal.

Principio #10

Los Estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El recaudo tributario de Colombia es menor al promedio de América Latina y el Caribe, insuficiente para garantizar los derechos consignados en la Constitución. Colombia recauda el 18,7% de su PIB en impuestos, mientras el promedio de países de la región es del 22%. Por eso Colombia necesita adoptar medidas que incrementen el recaudo, que combatan el fraude fiscal y que elimine los privilegios tributarios.

Principio # 11

Los Estados deben asegurar que su política fiscal no genere retrocesos

Colombia necesita explorar y agotar todas las alternativas de ampliación del espacio fiscal, incluidos impuestos a la riqueza y adoptar mecanismos de limitación en los beneficios tributarios para las personas y las empresas.

Principio # 12

Los Estados están facultados, y en ocasiones obligados, a incentivar o desincentivar conductas y corregir externalidades

Colombia necesita crear instrumentos de política fiscal que contribuyan a la realización de los derechos humanos. Por ejemplo, un impuesto a las bebidas endulzadas no solo llevaría a recaudar cerca de 1 billón de pesos al año, sino que además contribuiría a la reducción de enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, especialmente entre los sectores más pobres de la población.

Principio # 13

Los Estados deben brindar asistencia y cooperación internacional en temas fiscales

En un mundo globalizado, el tránsito hacia una economía sustentable requiere de una estructura fiscal internacional que se tome en serio el combate a los flujos financieros ilícitos. Colombia necesita de un gran pacto fiscal para crear nuevas políticas progresivas, verdes y con enfoque de género que protejan al planeta y el futuro de las nuevas generaciones.

El exmandatario ganó nuevamente las elecciones presidenciales de este país, y mucho de la política fiscal y los derechos humanos puede cambiar, mientras nuestros Principios pueden dar luz a la crisis.

Brasil enfrenta un momento político, social y económico difícil de superar. El gobierno de Jair Bolsanoro (2019-2022) profundizó las divisiones entre quienes apoyan y no apoyan al Partido de los Trabajadores (PT), al tiempo que impuso una agenda económica radical que afectó seriamente las políticas sociales.

Nathalie Beghin, coordinadora de Asesoría Política de Inesc, una de nuestras organizaciones aliadas, escribió un blog en el que explicaba otras de las causas del éxito abismal de Bolsonaro en Brasil, como el miedo y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones, que hace que se refugien en espacios donde se sienten seguros, como la familia y las iglesias cristianas, “muy bien aprovechadas por la extrema derecha” de Bolsonaro. Esta desconfianza está basada, por ejemplo, en “la brutal desigualdad” de Brasil, donde el 1% más rico posee la mitad de la renta nacional y donde cada año, más de 40.000 personas son asesinadas.

Ahora bien, no todo lo que ocurre en Brasil se explica por el terreno ganado por la derecha. Partamos del hecho de que los 14 años de gobierno con el Partido de los Trabajadores (PT) fueron agridulces: hubo grandes momentos de crecimiento económico con inclusión social, sobre todo con las decisiones y acciones del exmandatario y recién electo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el gobierno de la líder Dilma Roussef (2011-2016) careció de la misma negociación política de su antecesor, y tomó malas decisiones en política económica que llevaron a Brasil a niveles históricos de recesión, aumento de la deuda pública, desempleo y pobreza.

En ese contexto, y tras serias acusaciones de corrupción, la Cámara de Diputados de Brasil votó por iniciar un proceso de impeachment contra Roussef que terminó dejándola por fuera del poder en agosto de 2016. En consecuencia, su vicepresidente, Michel Temer, asumió el gobierno (2016-2018) y promovió una medida de austeridad con efectos nefastos para la política fiscal: congelar por 20 años el gasto público federal de Brasil.

Bajo este escenario llegó al poder el hoy presidente Jair Bolsonaro, que aprovechando las divisiones políticas y la mala racha del PT, ganó las elecciones y armó un gobierno conservador, muy apoyado por el empresariado, con agenda abiertamente antiderechos y desmantelador de lo poco que quedaba de políticas sociales.

¿Qué pasa con Lula?

Hoy, cuando Lula da Silva fue electo por una cerrada mayoría para un nuevo periodo presidencia en Brasil (2023-2025), mucho de la política fiscal y los derechos humanos de ese país está en juego:

En campaña, Lula prometió que haría todo lo posible por derrumbar la norma que congeló el presupuesto público. Esto podría significar una gran conversación nacional sobre cómo hacer un cambio y la posibilidad de tener un nuevo régimen fiscal basado en principios de derechos humanos, como los que propone nuestra Iniciativa. De hecho, hace unas semanas pudimos entregarle nuestros Principios y Directrices al equipo que se encargó de la política económica en la campaña de Lula.

Ahora bien, la sociedad civil de Brasil tendrá que seguir una intensa lucha por transparentar el presupuesto público que, sin planeación, el gobierno de Bolsonaro entregó a los diputados que lo apoyaron para hacer gastos en sus municipios. A estas maniobras las llaman “presupuesto secreto” y las organizaciones esperan que el poder constitucional pueda detenerlas, con mayores probabilidades en un gobierno de Lula, dice Livi Gervase, también de nuestra organización aliada Inesc.

Por último, las últimas decisiones en materia fiscal que se han tomado en los últimos años en Brasil le han quitado espacio de lucha a la sociedad civil de ese país que promueve la justicia social y los derechos humanos. Sin embargo, aún queda una oportunidad: en 2023 se discutirá el plan plurianual, que será la principal pieza de planeación presupuestal para los próximos cuatro años.

“Hay que hacer incidencia para que el plan plurianual sea participativo, cuente con demandas para enfrentar la crisis y asegure que las prioridades sean garantizar planeación en las políticas públicas para que el presupuesto público no sea malgastado”, concluye Gervase.