














En día pasados, las ocho organizaciones que conforman nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal se encontraron en Santiago de Chile durante Reimagina Latinoamérica, un evento con el que se buscaba generar discusiones, articulación y aprendizajes sobre la Convención Constitucional de ese país, así como sobre asuntos relacionados con derechos humanos y democracia en tiempos de transición.
Vicente Silva, representante para América Latina de Gl-ESCR, una de las integrantes de nuestra Iniciativa y promotora del evento, explicó que “en un contexto global marcado por niveles históricos de desigualdad, una crisis climática aguda y las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, el proceso constitucional chileno puede ser pionero en la construcción de narrativas que permitan reimaginar nuevas alternativas de desarrollo”, y agregó que, tal y como se ha aprendido de estas crisis, “lo que ocurre en un país no está aislado del contexto global, por lo que este proceso de transformaciones políticas en Chile podría catalizar cambios en otros países”.
Para María Emilia Mamberti, coordinadora de nuestra Iniciativa, el encuentro de Chile fue una oportunidad para ver la gran cantidad de problemáticas comunes en materia fiscal que tienen los países de la región: baja cultura tributaria, evasión y dificultad para encontrar cómo se introducen los impuestos en las discusiones públicas sin que parezcan los grandes males, por ejemplo.
En el escenario de Chile, Mamberti confirmó que en América Latina se están consolidando espacios que empiezan a cuestionar la visión tradicional de los impuestos y a relacionarlos mucho más directamente con los derechos. “En Chile es muy claro: están discutiendo cómo una constitución nueva a la que le quieren poner una carta ambiciosa de derechos, y no dudan que necesitan algo de política tributaria para que esos derechos no queden como meras declaraciones”, apunta la coordinadora.
Para llegar a esta especie de consenso regional, en Reimagina Latinoamérica se habló de que la pandemia por Covid-19 ayudó a consolidar esa conexión explicita entre derechos y recursos, ya que muchas medidas tributarias que se tomaron por la emergencia sanitaria se asociaron a gasto público en materia de salud o de seguridad social. En Argentina, por ejemplo, se creó un impuesto extraordinario que grababa cierta parte de la riqueza y que tenía asignación directa para la recuperación de la pandemia.
Pero dialogar en el Chile de 2022 tuvo un valor adicional: “Ver cómo un pueblo se anima a discutir todo lo que fueron sus bases políticas e ideológicas en las últimas décadas , con total apertura, de manera participativa, con convencionales independientes, jóvenes, con representación paritaria, es un modelo inspirador para los demás países de la región, sobre todo para pensar en otras formas de decisión pública”, detalla Mamberti, quien en representación de la Iniciativa por Los Derechos Humanos en la Política Fiscal se reunió con los constituyentes y con la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza.
En este último espacio, la funcionaria y su equipo pudieron conocer los Principios y Directrices, apenas pertinentes para el proceso de reforma tributaria que adelanta esa cartera, en el que, si bien no hay un uso explícito del marco de los derechos humanos, sí hay preocupaciones sobre cómo hacer para que esté alineada con los derechos. “Por ejemplo, antes de presentar la reforma, están haciendo un proceso de consulta ciudadana que fácilmente podría relacionarse con los principios de transparencia y participación de nuestros Principios, y que busca aprender de experiencias fallidas del pasado en Chile para construir cultura tributaria y ciudadanía a través de temas fiscales”, explica la coordinadora, y agrega que ese país va en camino hacia evidenciar mucho más explícitamente que los impuestos se necesitan para financiar derechos.
Durante este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual correspondiente al año 2021, en el que compiló la situación de los derechos humanos en la región, con sus avances y desafíos. En seis capítulos se destacan avances y retrocesos en temas como el acceso a la justicia, el derecho a la reparación por la responsabilidad de empresas por graves violaciones a los derechos humanos y las obligaciones de regulación y fiscalización de las políticas públicas de salud reproductiva y de planificación familiar.
En el aparte del informe en el que la Comisión y la REDESCA se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los organismos celebran la adopción y publicación de los Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en la política Fiscal en 2021, y mencionan que nuestra Iniciativa, “liderada por un conjunto de destacadas organizaciones y personas expertas de la sociedad civil regional”, constituyen una herramienta que coadyuva a la aplicación los estándares interamericanos en la materia “y resulta de utilidad, tanto para los órganos del sistema interamericano, como los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes”.
Desde la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal agradecemos la mención de la CIDH y de la REDESCA y esperamos seguir siendo una herramienta útil para el trabajo del Sistema Interamericano, así como para los gobiernos de la región, la sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, afro, el campesinado y otros actores.
Meggy Katigbak, investigadora filipina experta en justicia fiscal y de género, escribió un artículo para nuestra Iniciativa en el que se refiere a los impuestos como lo único seguro “en la salud, en la enfermedad, en la vida e incluso en la muerte”. Lo dice porque, en efecto, todas las facetas de la vida económica están cubiertas por alguna forma de impuesto: los bienes y servicios que adquirimos, el suelo que pisamos, la salud, el trabajo y el bienestar.
Ahora bien, en su artículo ‘Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal en el contexto de reformas tributaria en el Sur Global’, Katigbak cuenta que esta idea de adoptar sistemas fiscales fue una especie de resultado directo de la colonización, que aún hoy se mantiene en el control e influencia de las políticas económicas del Sur global (donde estaban la mayoría de colonias) y que ha dado lugar a una enorme desigualdad.
¿Pero por qué persisten las prácticas coloniales sobre las políticas fiscales del Sur Global? De acuerdo con la investigadora, las políticas prescritas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han permitido a las empresas multinacionales “saquear los recursos de los países del Sur Global y explotar su mano de obra” mediante prácticas como la apertura de barreras comerciales y la transformación de los países en desarrollo en economías orientadas a la exportación y los servicios.
Lo anterior ha facilitado a los países del Norte Global erosionar la base fiscal de los países del Sur, obstruyendo la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos fiscales y cumplir sus deberes con la población, especialmente con los más vulnerables económicamente, como las mujeres, los agricultores, los pescadores, los trabajadores no organizados, los pueblos indígenas y todas las personas de sectores marginados que deberían beneficiarse de políticas fiscales redistributivas.
Por ello, menciona Katigbak en su artículo, ahora más que nunca el mundo necesita políticas fiscales justas y equitativas, como las que proponemos desde la Iniciativa a la luz de nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. De hecho, la investigadora dice que en la actualidad hay una tendencia hacia reformar el sistema fiscal mundial desde plataformas multilaterales, pero ¿en qué dirección?
Los países con las mayores economías del mundo lideran los debates sobre un acuerdo fiscal mundial para abordar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por su falta de transparencia: el G20 ha sido señalado de ignorar las preocupaciones y demandas de los países del Sur Global y a la OCDE se le ha pedido que lleve el proceso de una forma más democrática a las Naciones Unidas para que este asunto no se convierta en “un acuerdo fiscal de los ricos”.
Esta coalición de países considerados “en desarrollo” y China propusieron en 2015 que el Comité Fiscal de la ONU se convirtiera en un organismo intergubernamental que representara mejor los intereses del Sur Global. Sin embargo, el proyecto terminó siendo bloqueado por países como Estados Unidos y Reino Unido, para los que los debates actuales sobre esa materia ya estaban siendo discutidos desde la OCDE.
La ONU alberga un Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal que se encarga del diálogo político y de las propuestas de cooperación fiscal internacional. Sin embargo, no es un proceso intergubernamental que establezca normas sobre políticas fiscales mundiales ni que establezca debates equilibrados. De hecho, la investigadora explica que se ha convertido más bien en una plataforma para que la OCDE imponga sus propias normas a la comunidad internacional.
¿Cómo cambiar la dirección de estos debates para que el mundo tenga políticas fiscales más inclusivas? Katigbak afirma que, si bien los actores que buscan una reforma en el sistema fiscal internacional son diversos y pueden tener diferencias, hay puntos en los que convergen. La investigadora hace referencia a los Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal como unos de ellos, ya que promueven el trabajo entre la sociedad civil y los gobiernos para garantizar políticas fiscales justas y progresivas que estén libres de la influencia de las empresas multinacionales y de aquellos que pretenden manipular el sistema para su propio interés.
Desde la perspectiva de nuestros Principios, la investigadora resalta la necesidad de que en la negociación de un acuerdo fiscal internacional se contemple una fiscalidad progresiva (Principio 3) para garantizar la capacidad de los estados de tomar medidas para generar ingresos y gestionar los gastos para la realización efectiva de los derechos (Principio 10). Además, Katigbak afirma que la OCDE, la Unión Europea y el G20 deben demostrar la inclusividad de sus procesos (Principio 7) y eliminar todas las barreras que bloquean la participación de los países del Sur global en la negociación.
Abordar las cuestiones relativas a la justicia tributaria, la justicia fiscal y la transparencia e integridad financiera permitirá a los gobiernos cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y hará que todas las personas desarrollen su pleno potencial humano.
Grupo de intercambio académico sobre los derechos humanos en la política fiscal.
En 2021, la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal desarrolló los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, que sintetizan los estándares de Derechos Humanos aplicables a la Política Fiscal, y los traduce en guías más concretas de implementación (directrices). Los Principios buscan que el abordaje de la política fiscal se haga desde la perspectiva de la equidad, la legitimidad y la justicia, y poner a los derechos humanos en el centro de las consideraciones del campo fiscal. Así, pueden funcionar como disparadores de debates diversos sobre cómo lograr ese objetivo.
Con miras a fortalecer la discusión sobre este tema en universidades, centros de pensamiento y centros de investigación, entre otros espacios, creamos el Grupo de Intercambio Académico por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. El grupo es una herramienta virtual para compartir información relevante, promover la discusión sobre debates de interés, y comunicar propuestas, iniciativas o eventos relevantes.
Si estás en la academia y quieres ser parte del grupo para alimentar desde tu experiencia y conocimiento los intercambios que aquí se generen, escríbenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Aquí podrás encontrar algunas preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del grupo:
¿Quiénes administran este grupo?
Integrantes de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, conformada por siete organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que buscamos que el abordaje de la política fiscal en la región se haga desde la perspectiva de la equidad, la legitimidad y la justicia, para así poner a los derechos humanos en el centro de las consideraciones del campo fiscal.
¿Quiénes integran este grupo?
Académicas y académicos que trabajan temas relacionados con la inclusión de los derechos humanos en la política fiscal.
¿Puedo invitar a alguien más a este grupo?
Por supuesto. Si hay alguien que crees que puede aportar a este Grupo desde su disciplina, área de investigación o trabajo, podrás avisarnos por medio del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y le enviaremos la invitación.
María Goenaga, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa Derechos Humanos en la Política Fiscal, reflexiona en un nuevo documento sobre cómo reforzar la moral tributaria en nuestra región. Medios, ciudadanos, docentes y tomadores de decisión pueden encontrar pistas aquí.
El pago de impuestos es una cuestión cultural. Muestra de ello es que, si bien surgió desde los cimientos de nuestra civilización para cubrir las necesidades de la vida en comunidad, sus características han cambiado con los ires y venires de la historia. Primero, la obligación tributaria se entendía como una forma de explotación a extranjeros, vencidos y/o súbditos, casi siempre ante las monarquías. Luego, con la aparición del Estado moderno, se volvió un asunto obligatorio para todos los ciudadanos, independiente de su clase política o patrimonio.
Desde entonces, y como una especie de veeduría de lo que ocurre con los tributos, las naciones han desarrollado pactos sociales que les permiten, por ejemplo, evitar delitos y comportamientos que favorezcan el incumplimiento fiscal. Esos pactos, nada más y nada menos que las constituciones políticas, deben estar en armonía con los pactos fiscales de cada país. Así lo explica María Goenaga, experta en sociología y educación fiscal e integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa Derechos Humanos en la Política Fiscal.
Lea el nuevo artículo de María Goenaga para nuestra Iniciativa: 'La importancia de construir entre todos/as una cultura fiscal en América Latina y el Caribe
Cabe anotar que esa relación entre los pactos sociales y los fiscales es la base de nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, sobre todo cuando nos referimos a “Proveer servicios públicos para garantizar los derechos” y a que “Los Estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
A su vez, Goenaga, autora del documento sobre el que trata este artículo — ‘La importancia de construir entre todos una cultura fiscal en América Latina y el Caribe’—, sostiene que los pactos fiscales son justamente “la relación más importante entre los ciudadanos y el Gobierno”, porque dejan sobre la mesa quién paga en impuestos, cuánto paga y cómo se gastan estos recursos.
Estos elementos, añade la autora, son particularmente importantes para las democracias de América Latina: “Sus resultados fiscales y la percepción que tengan los ciudadanos sobre estos estarán ligados a la legitimidad de la democracia y a la confianza en el gobierno”. Y es que, según el artículo, el contrato social está debilitándose en nuestra región debido a que los ciudadanos, cada vez más insatisfechos con los servicios públicos, no encuentran suficientes incentivos para pagar sus impuestos. De hecho, la moral tributaria de nuestra región se ha disminuido: según los datos del último Latinobarómetro (2016), más de la mitad de la población latinoamericana (53,4%) consideraba justificable no pagar impuestos.
Ahora bien, ¿cómo hacer para que este pacto fiscal se cumpla? Goenaga se refiere a tres condiciones básicas: que sea confiable, es decir, que las instituciones encargadas de administrar los recursos no sean corruptas, que haya rendición de cuentas y transparencia en el uso de impuestos. Que sea beneficioso, lo que significa que el esfuerzo fiscal esté relacionado con el éxito económico. Y, por último, que sea justo. Como lo dicen nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal: “Es necesario diseñar una política tributaria justa de acuerdo con los principios de equidad horizontal y vertical, legalidad, igualdad, no discriminación, generalidad, capacidad contributiva, progresividad, y otros principios de tributación justa generalmente incorporados en sus constituciones, en el derecho internacional y en otros marcos complementarios”.
Sin embargo, cuando la población siente que sus gobiernes no hacen redistribución de los impuestos que pagan, como parece ser el caso de América Latina, Goenaga recomienda que son necesarias medidas de los estados para “asegurar una redistribución razonable”.
Entre ellas, la autora menciona el desarrollo de herramientas de medición de actitudes y opiniones fiscales entre los ciudadanos, que incluyan variables como: uso y satisfacción de servicios públicos, nivel de conocimiento sobre el uso social de los impuestos, percepción del cumplimiento tributario, percepción del fraude fiscal, costos psicosociales del cumplimiento, entre otros.
De otro lado, y partiendo de la premisa de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente a los niños y jóvenes al respecto, Goenaga insiste en que a este segmento de la población —con una baja moral tributaria para el caso de América Latina—, se le debe formar desde las aulas en aspectos como el funcionamiento del sistema tributario, e ideas, valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. Y es que en nuestra región aún faltan Colombia, Nicaragua, Panamá y Venezuela por implementar programas de educación fiscal, mientras solo Brasil, El Salvador y Uruguay los tienen incluidos en los currículos de colegios.
No obstante, el trabajo de pedagogía fiscal con los adultos, los contribuyentes, también es necesario. Para ese propósito es clave el rol de los medios de comunicación: Goenaga menciona que son varios los estudios que demuestran cómo el hecho de que las cuestiones fiscales (principalmente los impuestos) se presenten como algo negativo tiene “efectos perniciosos” sobre el comportamiento de los ciudadanos, mientras es recomendable presentar estos temas en un lenguaje claro y comprensible. Lo anterior implica comunicar, por ejemplo, cómo y en qué se gastaron los impuestos, qué hacen los gobiernos para controlar la evasión fiscal, qué implicaciones tienen conductas como la evasión para las arcas de las naciones, ayudar a entender el concepto de progresividad y el rol que juegan los ciudadanos.
Por último, Goenaga advierte los beneficios que trae para la política fiscal hacer procesos deliberativos sobre las decisiones que deben tomar los gobiernos, es decir, que los ciudadanos puedan participar en debates y decisiones, y aporten desde sus visiones y experiencias a la construcción de políticas más justas y equitativas. Como lo mencionan nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, “es necesario asegurar que la adopción de decisiones de política fiscal esté abierta a un debate público informado por procesos de diálogo social inclusivo, amplio, transparente y deliberativo, con base en evidencia sólida y fiable de diferentes fuentes, y mediante un lenguaje accesible. La participación debe ser equitativa, plena, significativa, multisectorial e inclusiva”.