Durante este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual correspondiente al año 2021, en el que compiló la situación de los derechos humanos en la región, con sus avances y desafíos. En seis capítulos se destacan avances y retrocesos en temas como el acceso a la justicia, el derecho a la reparación por la responsabilidad de empresas por graves violaciones a los derechos humanos y las obligaciones de regulación y fiscalización de las políticas públicas de salud reproductiva y de planificación familiar. 

En el aparte del informe en el que la Comisión y la REDESCA se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los organismos celebran la adopción y publicación de los Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en la política Fiscal en 2021, y mencionan que nuestra Iniciativa, “liderada por un conjunto de destacadas organizaciones y personas expertas de la sociedad civil regional”, constituyen una herramienta que coadyuva a la aplicación los estándares interamericanos en la materia “y resulta de utilidad, tanto para los órganos del sistema interamericano, como los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes”. 

Desde la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal agradecemos la mención de la CIDH y de la REDESCA y esperamos seguir siendo una herramienta útil para el trabajo del Sistema Interamericano, así como para los gobiernos de la región, la sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, afro, el campesinado y otros actores. 

María Goenaga, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa Derechos Humanos en la Política Fiscal, reflexiona en un nuevo documento sobre cómo reforzar la moral tributaria en nuestra región. Medios, ciudadanos, docentes y tomadores de decisión pueden encontrar pistas aquí.

 El pago de impuestos es una cuestión cultural. Muestra de ello es que, si bien surgió desde los cimientos de nuestra civilización para cubrir las necesidades de la vida en comunidad, sus características han cambiado con los ires y venires de la historia. Primero, la obligación tributaria se entendía como una forma de explotación a extranjeros, vencidos y/o súbditos, casi siempre ante las monarquías. Luego, con la aparición del Estado moderno, se volvió un asunto obligatorio para todos los ciudadanos, independiente de su clase política o patrimonio.

Desde entonces, y como una especie de veeduría de lo que ocurre con los tributos, las naciones han desarrollado pactos sociales que les permiten, por ejemplo, evitar delitos y comportamientos que favorezcan el incumplimiento fiscal. Esos pactos, nada más y nada menos que las constituciones políticas, deben estar en armonía con los pactos fiscales de cada país. Así lo explica María Goenaga, experta en sociología y educación fiscal e integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa Derechos Humanos en la Política Fiscal.

Lea el nuevo artículo de María Goenaga para nuestra Iniciativa: 'La importancia de construir entre todos/as una cultura fiscal en América Latina y el Caribe 

Cabe anotar que esa relación entre los pactos sociales y los fiscales es la base de nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, sobre todo cuando nos referimos a “Proveer servicios públicos para garantizar los derechos” y a que “Los Estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

A su vez, Goenaga, autora del documento sobre el que trata este artículo — ‘La importancia de construir entre todos una cultura fiscal en América Latina y el Caribe’—, sostiene que los pactos fiscales son justamente “la relación más importante entre los ciudadanos y el Gobierno”, porque dejan sobre la mesa quién paga en impuestos, cuánto paga y cómo se gastan estos recursos.

Estos elementos, añade la autora, son particularmente importantes para las democracias de América Latina: “Sus resultados fiscales y la percepción que tengan los ciudadanos sobre estos estarán ligados a la legitimidad de la democracia y a la confianza en el gobierno”. Y es que, según el artículo, el contrato social está debilitándose en nuestra región debido a que los ciudadanos, cada vez más insatisfechos con los servicios públicos, no encuentran suficientes incentivos para pagar sus impuestos. De hecho, la moral tributaria de nuestra región se ha disminuido: según los datos del último Latinobarómetro (2016), más de la mitad de la población latinoamericana (53,4%) consideraba justificable no pagar impuestos.

¿Cómo construir una cultura fiscal en la región?

Ahora bien, ¿cómo hacer para que este pacto fiscal se cumpla? Goenaga se refiere a tres condiciones básicas: que sea confiable, es decir, que las instituciones encargadas de administrar los recursos no sean corruptas, que haya rendición de cuentas y transparencia en el uso de impuestos. Que sea beneficioso, lo que significa que el esfuerzo fiscal esté relacionado con el éxito económico. Y, por último, que sea justo. Como lo dicen nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal: “Es necesario diseñar una política tributaria justa de acuerdo con los principios de equidad horizontal y vertical, legalidad, igualdad, no discriminación, generalidad, capacidad contributiva, progresividad, y otros principios de tributación justa generalmente incorporados en sus constituciones, en el derecho internacional y en otros marcos complementarios”.

Sin embargo, cuando la población siente que sus gobiernes no hacen redistribución de los impuestos que pagan, como parece ser el caso de América Latina, Goenaga recomienda que son necesarias medidas de los estados para “asegurar una redistribución razonable”.

Entre ellas, la autora menciona el desarrollo de herramientas de medición de actitudes y opiniones fiscales entre los ciudadanos, que incluyan variables como: uso y satisfacción de servicios públicos, nivel de conocimiento sobre el uso social de los impuestos, percepción del cumplimiento tributario, percepción del fraude fiscal, costos psicosociales del cumplimiento, entre otros.

Fomentar la cultura fiscal

De otro lado, y partiendo de la premisa de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente a los niños y jóvenes al respecto, Goenaga insiste en que a este segmento de la población —con una baja moral tributaria para el caso de América Latina—, se le debe formar desde las aulas en aspectos como el funcionamiento del sistema tributario, e ideas, valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. Y es que en nuestra región aún faltan Colombia, Nicaragua, Panamá y Venezuela por implementar programas de educación fiscal, mientras solo Brasil, El Salvador y Uruguay los tienen incluidos en los currículos de colegios.

No obstante, el trabajo de pedagogía fiscal con los adultos, los contribuyentes, también es necesario. Para ese propósito es clave el rol de los medios de comunicación: Goenaga menciona que son varios los estudios que demuestran cómo el hecho de que las cuestiones fiscales (principalmente los impuestos) se presenten como algo negativo tiene “efectos perniciosos” sobre el comportamiento de los ciudadanos, mientras es recomendable presentar estos temas en un lenguaje claro y comprensible. Lo anterior implica comunicar, por ejemplo, cómo y en qué se gastaron los impuestos, qué hacen los gobiernos para controlar la evasión fiscal, qué implicaciones tienen conductas como la evasión para las arcas de las naciones, ayudar a entender el concepto de progresividad y el rol que juegan los ciudadanos.

Por último, Goenaga advierte los beneficios que trae para la política fiscal hacer procesos deliberativos sobre las decisiones que deben tomar los gobiernos, es decir, que los ciudadanos puedan participar en debates y decisiones, y aporten desde sus visiones y experiencias a la construcción de políticas más justas y equitativas. Como lo mencionan nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, “es necesario asegurar que la adopción de decisiones de política fiscal esté abierta a un debate público informado por procesos de diálogo social inclusivo, amplio, transparente y deliberativo, con base en evidencia sólida y fiable de diferentes fuentes, y mediante un lenguaje accesible. La participación debe ser equitativa, plena, significativa, multisectorial e inclusiva”.