A ocho meses de la invasión rusa y en medio de una crisis inflacionaria mundial, hablamos con Alejandro Rodríguez, jefe de Incidencia Política de ICRICT (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation), sobre cómo los impactos económicos de ese conflicto tienen potencial para afectar los derechos humanos, incluso en América Latina y el Caribe. Aquí algunas ideas que resultaron del diálogo.

1. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene repercusiones en la pobreza y desigualdad, incluso de América Latina

Porque en el mundo globalizado en el que vivimos, todo y todos estamos conectados. Partamos del hecho de que los países occidentales impusieron sanciones económicas a Rusia que aumentaron los precios del petróleo y el gas natural para el resto Europa, altamente dependiente de la importación de este tipo de productos. En consecuencia, los precios de la energía de ese continente aumentaron, lo que también significó un alza en el costo de bienes que Europa suministra al Sur Global. De hecho, la guerra hizo que Ucrania, uno de los grandes productores mundiales de fertilizantes, como la urea, dejara de producir en las cantidades que solía hacerlo. ¿La consecuencia? Los alimentos, que necesitan este tipo de insumos para producirse en masa, también subieron de precio y profundizan la pobreza y la desigualdad. Ese, por ahora, es uno de los “coletazos” del conflicto en nuestra región de América Latina y el Caribe, pues los hogares de más bajos ingresos resultan siendo los más afectados.

2. La inflación, producto del aumento de los precios, puede afectar los derechos

Mientras el conflicto ha generado la reconfiguración de presupuestos en países como Alemania, donde por primera vez en décadas se duplicó el gasto militar, la inflación ha llevado a países de América Latina y del Caribe aumentar tasas de interés de los bancos centrales como receta para combatir la inflación. Lo anterior implica un decrecimiento en la economía (que muchos economistas pueden llamar recesión) y puede conducir a que los estados tomen decisiones de austeridad, con menor gasto para sectores relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, como el de los servicios públicos. Esto es contrario a lo que plantea el primero de los principios de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal: la realización de los derechos humanos debe ser una finalidad fundamental de la política fiscal. Al mismo tiempo, estos choques globales están generando un decrecimiento económico en muchos países, lo que significa un menor recaudo tributario para el bienestar y la garantía de los derechos de las poblaciones.

3. Los estados de América Latina y el Caribe se enfrentan a un nuevo reto fiscal

No hay duda de que los estados tienen que implementar medidas de gasto público para suavizar los golpes de la inflación, pero para eso se necesitan más recursos. Esta opción no es tan fácil, pues los países de América Latina y el Caribe ya vienen con un alto endeudamiento para enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19, y la capacidad de financiación está muy limitada.

4. Pero los gobiernos están llamados a ver nuevas fuentes de financiación que permitirían no entrar en políticas de austeridad

Los impuestos al patrimonio, por ejemplo, son una medida clave que los estados deben contemplar para ayudar a responder a la crisis sin necesidad de entrar en medidas de austeridad, sobre las que hay evidencia de que afectan la pobreza y la desigualdad. Pero hay otras medidas distintas al impuesto al patrimonio, como un modelo de tributación justa a las multinacionales, con una tarifa mínima global que haga que estas empresas paguen un impuesto a la renta corporativa de por lo menos 21 % o 25 % en los lugares donde se encuentran. Eso traería muchos recursos a los países que no están recibiendo recursos por parte de multinacionales, porque desvían sus utilidades a jurisdicciones que son paraísos fiscales o que tienen tasas de impuestos corporativos muy bajas o nulas. Lo anterior tiene sentido desde el Principio # 14 de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal: los actores no estatales, incluidas las empresas y los intermediarios, tienen responsabilidades en materia de derechos humanos en relación con su comportamiento fiscal.

5. El conflicto de Rusia y Ucrania ha puesto retos fiscales, pero también ha abierto una oportunidad para medidas de transparencia

El paquete de sanciones de países occidentales a Rusia es una forma de hacer presión al gobierno de Putin. No obstante, la presión sería mayor si, entre otras medidas, se pudieran congelan o confiscan los activos de oligarcas cercanos al mandatario que están en jurisdicciones de paraísos fiscales. Lo anterior va en contra del Principio # 7 de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, que se refiere a la necesidad de transparencia en estos asuntos. Esto es importante, porque, según datos del Observatorio Tributario Europeo, la riqueza de millonarios rusos por fuera de Rusia es equivalente al 85% ingreso nacional de Rusia. El problema es que no se sabe dónde está ni hay maneras para confiscar dichos activos.