La emergencia por COVID-19 agudizó algunos de los problemas más urgentes de la región, como la desigualdad y la crisis climática. La política fiscal tiene potencial para combatir estos desafíos. Esto dijo un grupo de expertos al respecto:

Tras casi tres años del inicio de la pandemia por COVID-19, nuestra región aún no se recupera de los efectos que generó. Como si se tratara de cicatrices, el desempleo, la pobreza y la desigualdad se perpetúan. Según datos recopilados por Amnistía Internacional, 44 millones de latinoamericanos comenzaron a sufrir inseguridad alimentaria desde 2020 y este lado del mundo sigue siendo el más desigual: el 1% de las personas más ricas concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.

Con este escenario, durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, nuestra iniciativa convocó a un grupo de expertas y expertos que discutieron el escenario postpandémico. Para Soledad García Muñoz, relatora especial sobre DESCA de la CIDH, ni siquiera es claro si ya se puede hablar de postpandemia, pues el virus del COVID-19 sigue mutando, las vacunas aún no alcanzan para todas y todos y estamos entrando en una serie de emergencia sanitarias que exigen poner las lentes de los derechos humanos. Entretanto, agregó, en América Latina y el Caribe la pandemia tiene lugar en un contexto de profunda fragilidad económica y social, con altos niveles de informalidad laboral y con impactos desproporcionados para los grupos históricamente desaventajados.

Sobre esto, el grupo de expertas y expertos plantearon una serie de alternativas para la recuperación de la región a la luz de la justicia fiscal y los derechos humanos:

1. Lo primero es que el rol de la política fiscal se está reevaluando: ya no es solo un instrumento para ajustar el ciclo económico, sino para cerrar brechas sociales y apuntar a un crecimiento equitativo y sostenible.
   
   
2. Los estados deben seguir con atención las recomendaciones que están en tres resoluciones que la CIDH adoptó por unanimidad en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que, como lo expresó la Relatora Especial, guardan relación con nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal: la resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos, la resolución sobre Derechos Humanos de las Personas con Covid-19 y la que se refiere a vacunas contra el Covid 19.
   
   
3. Para Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, la pandemia dejó al menos dos lecciones en materia fiscal: que la política fiscal no es infinita per sé y que las emergencias de gran dimensión necesitan una mirada estratégica, y no soluciones y ajustes prematuros. En ese sentido, propone pensar en la sostenibilidad fiscal y poner la mirada en cómo aumentar la composición de los ingresos tributarios para aumentarlos de manera progresiva, mientras se avanza con contundencia en los problemas de la evasión y la elusión.
   
   
4. Tal y como lo contempla el Principio # 10 de nuestra Iniciativa, los estados deben movilizar los máximos recursos disponibles para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales(DESCA). En ese sentido, Olivia Minatta, de CESR, hizo un llamado para que los estados piensen en cuántos recursos se necesitan para financiar los derechos, antes de contemplar un recorte fiscal.
   
   
5. De acuerdo con Marcio Ferreira, secretario ejecutivo de CIAT, no es momento de endeudarse para América Latina. Lo que está faltando, dijo, es un grito de la sociedad civil para luchar contra las elevadas tasas de evasión y el debilitamiento de las estructuras tributarias. La evasión fiscal en nuestra región cuesta cerca de 300.000 millones de dólares en ingresos fiscales, lo que equivale a 6.1% del PIB regional.
   
   
6. Las instituciones financieras internacionales han debilitado su práctica de rendición de cuentas, especialmente en la pandemia. Por eso, dijo Maia Seeger, directora de Sustentarse e integrante de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la sociedad civil debe fortalecer la fiscalización de estas instituciones exigir que se cumplan los estándares de transparencia en esa materia.
   
   
7. En el mismo sentido, hay un gran desafío para buscar que inversión pública sea transparente y se focalice en la garantía de los derechos de las poblaciones.
   
   
8. Los estados deben implementar políticas públicas con enfoque de derechos. Las personas y colectivos con mayor vulnerabilidad o que enfrentan mayor riesgo de discriminación requieren especial atención.
   
   
9. En este sentido, anotó la Relatora Especial, las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad son claves para combatir la desigualdad, y deben integraras en políticas económicas y fiscales de los países de América Latina, así como en el sistema financiero internacional y regional.
   
   
10. En un contexto de bajo crecimiento y alta inflación, como ocurre en América Latina, la política fiscal se ve fuertemente demandada. Esto desvía recursos de presupuesto público. ¿Cómo mantener una política fiscal activa que ayude a un crecimiento económico, inclusivo y sostenible?, se preguntó Daniel Titelman, de la CEPAL, durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal, a lo que respondió que con economía política y diálogos constructivos.