En esta Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, las organizaciones argentinas ACIJ y CELS analizaron las implicancias del endeudamiento público argentino desde un enfoque de derechos humanos. Lea aquí sus conclusiones.
Hay una mirada tradicional sobre la deuda: un asunto técnico cuya sostenibilidad determina la estabilidad macroeconómica de un país. Sin embargo, reconocer que la deuda soberana es también una cuestión de derechos humanos permite pensar en los costos sociales de la misma y brinda herramientas para cuestionar la legitimidad de un préstamo (si fue contratado en virtud del interés público) y su sostenibilidad, lo que incluye el análisis de si los pagos violan la capacidad del gobierno para invertir en la realización de los derechos de las personas.
Por eso, en el marco de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, las organizaciones argentinas ACIJ y CELS analizaron en un documento las implicaciones del endeudamiento público argentino desde un enfoque de derechos humanos, con especial foco en los impactos sobre las desigualdades de género.
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¿Cómo funciona el endeudamiento de un país?
Deuda soberana, deuda gubernamental, deuda pública o deuda nacional, son términos para describir la cantidad de dinero que un Estado pide prestado, creando la obligación de asignar recursos para el pago de esa deuda y de los intereses que genera. La deuda puede ser interna (adeudada a prestamistas en el país) o externa (adeudada a prestamistas extranjeros). Los prestamistas pueden ser públicos (multilaterales y bilaterales) o privados.
Aunque es un mecanismo de financiamiento estatal extendido, muchos países de ingresos bajos y medios se enfrentan a un círculo vicioso de dependencia excesiva de la deuda externa. Los términos y condiciones de un préstamo, incluida la moneda en la que se contrata y la jurisdicción donde se resuelven los potenciales conflictos, afectan la capacidad de manejo de los pagos de la deuda y, por lo tanto, la soberanía nacional.
Los organismos internacionales de crédito son la llave de acceso a todo el financiamiento e incluso a la ayuda oficial, porque evalúan el "buen comportamiento" del país deudor. El FMI analiza las decisiones de política pública de los países, en particular su política económica, y el resultado de estas evaluaciones es tomado como insumo por otros organismos internacionales de crédito y por las evaluadoras de riesgo, que influyen en la determinación de las tasas de interés a las que se endeudan los países. Por lo tanto, los países tienden a querer cumplir con las condiciones del FMI, aun cuando van en contra de sus propios objetivos de política local.
Por esta razón, el servicio de la deuda a menudo se paga a expensas de la inversión social. Cuando los pagos de la deuda restringen los presupuestos gubernamentales o el alivio de la deuda viene con condiciones adjuntas, esto puede conducir a la privatización de los activos públicos, recortes en los programas de protección social, desinversión en servicios públicos esenciales, congelamientos de la planta de trabajadores/as del Estado o de sus salarios y otras reformas laborales, previsionales y fiscales. Esto erosiona la calidad y alcance de los servicios públicos y amplía la brecha para las comunidades desfavorecidas.
¿Qué pasó con la deuda en Argentina?
Durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la deuda pública y privada de Argentina se incrementó en un 260% y 130%, respectivamente. Luego, en junio de 2018, el país firmó un acuerdo Stand by (SBA) por 50.000 millones de dólares, ampliado en 7 mil millones más en octubre de ese mismo año. Así las cosas, Argentina acordaba con el FMI la deuda más grande de su historia y de la del Fondo. Para generar los pagos, el gobierno se comprometía a obtener déficit (primario) cero en 2019 y superávit del 1% en 2020, reducir los subsidios a la energía y redirigir los subsidios al transporte y la tarifa social sobre la electricidad a los gobiernos provinciales, contener el gasto de capital, reducir las transferencias discrecionales a las provincias, congelar la nueva contratación de empleados públicos, reducir el gasto en otros bienes y servicios del Estado Nacional un 18% en 2018 y otro 5% en 2019 y garantizar que la base monetaria se mantenga estable por un año, entre otras medidas .
Una combinación de factores entre los que se encontraron la crisis económica, la vocación fiscalista del gobierno de turno y el programa económico asociado al préstamo, afectaron de manera adversa el disfrute de una amplia gama de derechos humanos de la mayoría de la población, no solo por la vía la privación o deterioro de sus ingresos –fuente básica de acceso a bienes y servicios en las economías capitalistas–, o la precarización del mercado laboral, sino también a través de la desfinanciación de las prestaciones de salud o educación.
Entre 2018 y 2019, el gasto público en salud de Argentina cayó un 21 %; en educación, un 36 %; en agua y alcantarillado, un 39 %, y en vivienda, un 51 %. Estos datos contrastan con el aumento en términos reales del gasto destinado a los servicios de la deuda, que creció un 28 % en el mismo periodo.
Si bien el gobierno adoptó las políticas a las que se había comprometido, los resultados fueron muy disímiles a los proyectados en el programa y en 2019 Argentina se encontraba con peores indicadores económicos que al inicio del programa, altamente endeudada y sin capacidad de repago. Entretanto, los indicadores sociales también empeoraron: las personas en situación de pobreza pasaron del 25,7% al 35,5% de la población total, mientras que quienes estaban en situación de pobreza extrema (indigencia) pasaron del 4,8% al 8%.
Antes de terminar el ciclo presidencial, en 2019, se dejó en cesación de pagos la deuda bajo jurisdicción local, se perdió el acceso al mercado de capitales internacional y se suspendió el acuerdo Stand By con el FMI.
¿Cuáles son los costos sociales de la deuda pública para las mujeres y cuidadoras y cuidadores?
Cuando los gobiernos hacen retroceder los servicios públicos y los esquemas de protección social, las soluciones autogestivas –individualizadas o colectivas– y basadas en el mercado llenan el vacío. Para quienes pueden pagarlos esto significa tener acceso a hospitales privados, guarderías privadas, escuelas privadas, seguros privados, pensiones privadas, residencias privadas, etc. Pero, para quienes no pueden, la situación significa endeudarse y/o asumir las tareas de cuidado en el ámbito doméstico y eventualmente de manera colectiva.
Respecto al primer punto, ante la retracción de las prestaciones sociales, muchas familias se ven forzadas a pedir dinero prestado para mantener sus condiciones de vida. Esto se convierte rápidamente en un ciclo interminable de costos personales, familiares y sociales, poniendo en peligro los derechos económicos y sociales de estas personas y socavando su capacidad para asegurar su bienestar y desarrollar su potencial.
En Argentina, en julio de 2020, la mesa Interministerial de Cuidados informó que casi la totalidad (el 99%) de las titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) había solicitado un “crédito ANSES” (de la Administración Nacional de la Seguridad Social) y que 8 de cada 10 mujeres que percibía alguna asignación tenía un crédito vigente.
Ahora bien, la manera en que se distribuyen las tareas de cuidado -que incluye el cuidado propio y de otras personas que por su edad o determinadas condiciones permanentes o transitorias (niños y niñas, personas mayores o con discapacidad que requieren apoyos) no pueden proveerse dicho cuidado- se organiza de manera injusta en dos niveles. En efecto, el trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres.
El análisis de la narrativa de género del FMI y del tipo de políticas públicas y acciones que recomienda a los países en sus acuerdos permite concluir que el organismo ha ido construyendo una narrativa estrecha e instrumental que no contribuye en la práctica a promover los derechos humanos de las mujeres. También se advierte una contradicción persistente entre las acciones necesarias para reducir la desigualdad de género y los estrechos márgenes de política pública que imponen los acuerdos con el FMI
Lo que recomiendan ACIJ y CELS
- Resulta fundamental que las políticas derivadas del cumplimiento de las metas del nuevo acuerdo con el FMI en Argentina no impliquen una nueva retracción del Estado en la provisión de servicios de cuidado como escuelas, guarderías y hospitales, ya que esto desplazaría más tareas de cuidado hacia el interior de los hogares, donde recaerían desproporcionadamente sobre las mujeres y las niñas, agravando su inseguridad económica y movilidad social.
- Dado el impacto del endeudamiento público sobre la vida de las personas, la población debería poder participar de manera significativa en los debates de políticas y toma de decisiones sobre la deuda soberana. Esto puede ayudar a corregir las asimetrías de poder en las decisiones de política relacionadas con la deuda. En Argentina, el acuerdo de 2018 fue negociado en tiempo récord y eludiendo los más elementales procedimientos de autorización interna.
- La verdad interpela, por eso, las evaluaciones de impacto de las reformas económicas sobre los derechos humanos deben formar parte de la institucionalidad de los países al tomar decisiones sobre la concesión de nuevos préstamos y la reestructuración de los existentes. Ahora bien, dichas evaluaciones no deben limitarse a proponer medidas paliativas, sino que deben concebir y proponer las opciones económicas lo más beneficiosas posible para los derechos humanos, lo cual incluye considerar el principio de justicia social y económica, desafiando de esa manera el carácter excluyente que la economía neoclásica impone al principio de eficiencia en las discusiones de política económica.
