Analizamos una serie de medidas fiscales tomadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la emergencia sanitaria, y aunque su implementación fue necesaria, varias son las lecciones aprendidas a la luz de los derechos humanos.
Mucho se ha escrito sobre los efectos devastadores que la pandemia por COVID-19 tuvo (y aún tiene) sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad de todo el mundo, y los déficits de la economía global para hacerle frente.
En América Latina, la crisis sanitaria agudizó los problemas de desigualdad y pobreza estructurales que ya caracterizaban a la región antes de la pandemia y dejó en evidencia las debilidades económicas e institucionales de esos países para garantizar derechos, en particular en contextos de crisis. Algunos grupos, como las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas se vieron especialmente afectados por la sobrecarga en las tareas de cuidados, la interrupción de ingresos provenientes del sector laboral informal y el acceso inequitativo a las vacunas y al servicio de salud.
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En este contexto, la relevancia de la política fiscal (la manera en que los Estados recaudan y usan recursos públicos) se hizo más evidente que nunca, tanto como herramienta para asegurar medidas de apoyo a los sectores más afectados, como para reactivar las economías nacionales ante la caída del sector privado.
Tal y como señalan nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, el sistema internacional de derechos humanos otorga el marco adecuado para guiar a los Estados en ese camino. En efecto, a más de dos años de iniciada la pandemia, los países de la región continúan realizando esfuerzos y enfrentando los desafíos de avanzar hacia una recuperación justa, en un escenario económico global complejo por la inflación que nuevamente golpea a los sectores más vulnerables.
En este marco, desde la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal elaboramos un documentoen el que analizamos una serie de medidas fiscales tomadas como parte de esos esfuerzos por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Para ello, nos basamos en las recomendaciones elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CEPAL y en los citados Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal.
Los principales hallazgos de dicho análisis fueron los siguientes:
- Se han realizado esfuerzos valiosos por responder a los impactos económicos de la pandemia por COVID-19 en todos los casos analizados en el documento. Aun así, la mayor parte de las medidas fueron temporales, y no se utilizaron como una oportunidad para abordar problemas fiscales estructurales e históricos de la región.
- Las medidas fiscales, incluso cuando tienen por objetivo garantizar derechos de las personas destinatarias, suelen ser administradas y analizadas por los Ministerios de Economía u organismos similares, sin intervención evidente de las áreas del Estado con competencia en derechos, ni coordinación entre dichas áreas.
- Aunque se advierten avances en la incorporación de una perspectiva de género en las decisiones fiscales, aún resta avanzar en la consideración explícita de otros grupos históricamente discriminados, como las comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes, y en la incorporación de una lógica de interseccionalidad.
- Si bien se registran esfuerzos positivos por aumentar el espacio fiscal de manera progresiva, sigue existiendo un discurso extendido en torno a la importancia de la “austeridad fiscal” -en buena medida promovido por el Fondo Monetario Internacional-, que invisibiliza la importancia y posibilidad de movilizar recursos para la garantía de derechos humanos y prioriza la realización de ciertos “dogmas” económicos.
Descargue el reporte donde podrá conocer los hallazgos de esta investigación sobre los esfuerzos fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la pandemia, así como las lecciones aprendidas de los mismos.