Organizaciones de toda la región condenamos las graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y los actos violentos contra la fuerza pública que hemos visto en los últimos días y exigimos garantizar el derecho de toda persona a la vida, a manifestarse pacíficamente y a participar en los debates tributarios
Si tu organización quiere unirse a este llamado, lo puede hacer AQUÍ
Colombia sufre una grave crisis de derechos humanos desatada por la reacción desproporcionada de la fuerza pública frente a una masiva protesta ciudadana en contra de una propuesta de reforma tributaria. Los motivos de la movilización van mucho más allá de la reforma, por lo que las protestas continúan después del retiro de la reforma y la renuncia del Ministro de Hacienda. La prensa internacional ha reportado 24 muertos y centenares de heridos, pero las cifras pueden ser mucho mayores de acuerdo a los reportes de organizaciones nacionales de derechos humanos.
No es este el primer caso en que una protesta masiva contra políticas fiscales injustas termina en una crisis de derechos humanos por las respuestas represivas de los Estados. Lo sucedido en Colombia, recuerda un patrón regional que ya se había visto en 2019 en la misma Colombia, en Ecuador y en Chile. Nadie debería perder la vida, o ver su integridad afectada, por ejercer su derecho a oponerse a reformas tributarias o políticas económicas que considera injustas.
Si bien es cierto que los países de la región requieren movilizar más recursos de forma urgente para responder a la grave crisis social que afronta la región, los procesos por los que esas reformas son construidas y su alcance tienen que contribuir a recuperar la conexión de las políticas de impuestos y gasto público con los derechos humanos. Aunque los defensores de la reforma tributaria en Colombia argumentaban que se trataba de una reforma ambiciosa que serviría para financiar el gasto social y reducir las desigualdades ampliadas por la pandemia, la pérdida de confianza en el Gobierno y la inclusión de medidas como el incremento del IVA a algunos bienes básicos o la mayor carga de impuestos a la clase media sin que estuviera claro cómo las personas más ricas iban a contribuir más, desató la indignación ciudadana.
Esto muestra que en los debates tributarios, la confianza en los gobiernos y los procesos detrás de las reformas son elementos fundamentales. No basta con decir que una reforma es muy ambiciosa y muy sólida técnicamente, o culpar a la gente de falta de solidaridad o de no entender sus beneficios. Hay que restablecer el vínculo entre pagar impuestos y tener Estados más eficaces para garantizar los derechos de las personas. Se trata de replantear la forma de tomar, e incluso debatir, las decisiones fiscales para que dejen de ser discutidas y definidas solo por estrechos círculos de expertos y de espaldas a la gente. Como lo muestra la movilización ciudadana en Colombia, la época donde se podía ignorar a la ciudadanía en los debates fiscales está llegando a su fin.
Llamamos al Gobierno colombiano y a sus fuerzas armadas a cesar inmediatamente la violencia contra los manifestantes y brindar garantías para la protesta pacífica. También llamamos a los Estados de la región a adoptar políticas fiscales expansivas y reformas tributarias fuertemente redistributivas que las respalden. Esta clase de reformas por la igualdad y los derechos, construidas de forma participativa para avanzar en pactos fiscales incluyentes, permitirían impulsar una recuperación transformadora para hacerle frente a la crisis económica y social producto de la pandemia del COVID19 y evitar también una mayor conflictividad social.
Las organizaciones de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal seguiremos trabajando por políticas tributarias y de gasto público que pongan a las personas y al planeta primero. Llamamos a otras organizaciones de derechos humanos y justicia fiscal de la región y del mundo a respaldar este comunicado.
Organizaciones de la Iniciativa de Derechos Humanos en la Política Fiscal:
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ - Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS - Argentina
Center for Economic and Social Rights, CESR - América Latina
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia - Colombia
Fundar, Centro de Análisis e Investigación - México
Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC - Brasil
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, RJFALyC
Organizaciones que respaldan este pronunciamiento:
Abogados y Abogadas del Noreste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDHES - Argentina
CODEPINK - Estados Unidos
Diverse Voices and Action (DIVA) for Equality - Australia, Asia y el Pacífico
El Soberano (elsoberano.org ) - Chile
Foro de lxs Comunes - Ecuador
Fundación Ciudadanía Inteligente - Chile
Global Alliance for Tax Justice, GATJ - Asia, África, América Latina, Europa y Norteamérica
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, GI-ESCR
International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, IWRAW Asia Pacific - Asia y el Pacífico
La Raíz - Pensamiento Crítico - Ecuador
Madre Tierra AC - Argentina
Observatorio de la dolarización del Ecuador - Ecuador
Observatorio Social de la Democracia y los Derechos Humanos - Ecuador
