














El 11 y 25 de marzo pasados, desde CESR junto con la la RJFALC y la Iniciativa sobre P&D de derechos humanos en la política fiscal, llevamos a cabo el segundo y tercer laboratorios de la serie "Transforma la Política Fiscal con Litigio e Incidencia", con el objetivo de brindar herramientas para transformar la política fiscal desde una mirada de derechos humanos, siguiendo la primera sesión sobre la política fiscal como un asunto de derechos.
En esos encuentros, expertos y expertas compartieron estrategias de litigio e incidencia para orientar las políticas fiscales hacia un marco respetuoso de los derechos humanos y para combatir las medidas económicas que profundizan las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género.
Segundo Laboratorio: "El litigio estratégico como una forma de avanzar hacia la justicia fiscal"
En el segundo laboratorio, Martin Sigal (Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires) planteó una serie de posibles escenarios judiciales en los cuales podrían producirse cuestionamientos a las políticas fiscales, dando paso luego a las intervenciones de Adriana Carvalho (ACT-Brasil), Alejandro Rodríguez Llach (Dejusticia), Alejandro Jiménez Ospina (Dejusticia) y Francisco Verbic (CAIP). Los distintos panelistas relataron experiencias judiciales en las que se impugnaron diversas decisiones vinculadas con medidas financieras y tributarias, en Argentina, Brasil y Colombia.
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Tercer Laboratorio: ¿Cómo empujar la agenda de justicia fiscal en el escenario internacional?
En el tercer laboratorio, Sergio Chaparro (CESR), Susana Ruiz (Oxfam) y Adrián Falco (RJFALyC) reflexionaron sobre la importancia de promover transformaciones fiscales a nivel no sólo nacional, sino también regional y global. Para ello, discutieron sobre estrategias para llevar adelante campañas de incidencia efectivas, como promover narrativas útiles para "traducir" cuestiones fiscales que parecen muy técnicas pero que involucran a toda la comunidad y lograr instalar el tema en la agenda de actores políticos relevantes. También, se refirieron a las oportunidades y desafíos de realizar acciones de incidencia sobre algunas instituciones financieras y de desarrollo, como el FMI, la CEPAL, o la OCDE.
Las políticas fiscales de los Estados latinoamericanos suelen estar condicionadas y/o orientadas por directivas de organismos financieros (como el FMI o el BM), por decisiones económicas de países vecinos o por recomendaciones de organismos internacionales especializados, como la CEPAL o la OCDE. Por estas razones, es clave que las organizaciones de la sociedad civil puedan alinear sus estrategias internas con un trabajo de incidencia regional e internacional. El objetivo de este encuentro será compartir herramientas útiles para la incidencia fiscal a nivel regional e internacional, tanto sobre organismos de derechos humanos como sobre las instituciones especializadas en política económica.
Preguntas disparadoras del encuentro:
-¿Por qué es importante incidir en la agenda fiscal global y regional?
-¿Qué oportunidades brinda el escenario internacional (y regional) de derechos humanos?
-¿Qué oportunidades brinda el escenario internacional (y regional) de instituciones de desarrollo y financieras?
-¿Cuáles son los desafíos principales de esas instancias y a qué logros concretos podemos apuntar?
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Materiales útiles para compartir en tu organización:
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El 23 de febrero, desde CESR junto con Latindadd, la RJFALC y la Iniciativa sobre P&D de derechos humanos en la política fiscal, llevamos a cabo el Laboratorio "La política fiscal es un asunto de derechos", el primero de la serie de Laboratorios de Justicia Fiscal que buscan brindar herramientas para transformar la política fiscal desde una mirada de derechos humanos.
En el encuentro, expertos y expertas compartieron estrategias para abordar diversas preguntas, entre ellas: ¿Cómo y por qué es importante conectar las agendas de derechos humanos con la de política fiscal? ¿Por dónde y cómo comenzar a trabajar en temáticas fiscales? ¿Qué tipo de información puede ser relevante? ¿Cómo comunicar esa información? ¿Qué dogmas debemos combatir para democratizar las decisiones de justicia fiscal?
Sergio Chaparro, del CESR, comenzó por resaltar la relevancia de trabajar la dimensión fiscal de los derechos por cuanto "los derechos dependen más de los recursos que de las propias leyes y la política fiscal define las verdaderas prioridades de los estados". Luego abordó algunos de los desafíos conceptuales que enfrenta toda agenda de justicia fiscal y derechos humanos, y destacó la importancia del marco internacional de derechos humanos para dar argumentos a la hora de exigir a los Estados que exploren alternativas a la austeridad fiscal para movilizar recursos.
Elizabeth Salazar dio su mirada como periodista de investigación del medio peruano Ojo Público. Entre otras cosas, resaltó la importancia del trabajo interdisciplinario y colaborativo para lograr que la información fiscal sea accesible para la ciudadanía y brindó estrategias para guiar las investigaciones en materia fiscal, así como para lograr que ese trabajo sea sostenible en el tiempo e incida en los decisores públicos. A partir del trabajo de Ojo público, destacó la relevancia de aportar datos históricos y contextualizar las noticias, generar mensajes claros y directos para que la ciudadanía comprenda la relevancia de la temática y actuar de manera conectada con otros expertos y organizaciones para dar un seguimiento más robusto a las políticas que se estén monitoreando.
Julieta Izcurdia, de ACIJ, destacó que en el caso de su organización, el punto de partida para comenzar a trabajar la agenda de justicia fiscal fue analizar algunos aspectos de la información fiscal disponible. Julieta relató cómo fue el camino recorrido hasta hoy, qué vacíos informativos relevantes pudieron descubrir –por ejemplo, al analizar los gastos tributarios o ciertas exenciones fiscales controversiales en comparación con gastos directos que suelen beneficiar a los sectores más pobres–, qué obstáculos tuvieron para acceder a esa información –por ejemplo, el rol de las regulaciones de secreto fiscal–, las estrategias judiciales y extrajudiciales que desplegaron y los desafíos que aún persisten –por ejemplo, argumentos técnicos por parte de la administración tributaria que son difíciles de controvertir–.
Finalmente, Paulina Castaño de Fundar México hizo hincapié en el programa de privilegios fiscales de Fundar y la campaña sobre Menstruación Digna México de la que Fundar es parte. Sobre la base de esas experiencias, hizo mención al uso de herramientas de acceso a la información pública y el análisis de documentos presupuestarios como aspectos clave para su trabajo. También mencionó una serie de argumentos que desde su organización han ido construyendo para justificar por qué ciertas exenciones o ciertos impuestos pueden ser considerados discriminatorios. Así por ejemplo, en el caso de Menstruación, el pedido concreto de eliminación de IVA para los productos de gestión menstrual se basan en el impacto diferenciado que tiene ese impuesto sobre hombres y mujeres y en el carácter de primera necesidad de dichos productos.
Al finalizar las exposiciones, las y los cuatro panelistas respondieron varias preguntas interesantes que realizó el público y compartieron algunos materiales de interés.
Incríbete en los próximos Laboratorios
Te invitamos a participar en los dos próximos Laboratorios, el 11 y 25 de marzo a las 9 AM EST. Son totalmente gratuitos y sólo requiere una inscripción previa sencilla a la que poduedes acceder en este link: https://bit.ly/labspolfiscal.
Materiales recomendados durante el laboratorio
- Presentación de Julieta Izcurdia (ACIJ)
- "Desmantelando mitos" (CESR)
- Tax Justice Toolkit (SOMO y Christian Aid)
- Guia de analisis presupuestario con perspectiva de género (ACIJ)
- Guía Ciudadana para el Análisis presupuestario (IBP)
- A budget guide for Civil Society Organisations working in Education
- "Paquete económico 2021. Análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades" (FUNDAR)
- Guía para el análisis presupuestario de las políticas contra la violencia de género en Argentina (ACIJ)
Los próximos 23 de febrero, 11 y 25 de marzo, CESR, Latindadd, la RDJFAyC y junto con aliados de la Iniciativa de Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal realizaremos una serie de 3 laboratorios de litigio e incidencia, donde compartiremos herramientas legales y otras estrategias para incidir en las políticas fiscales
¡No te lo pierdas!
¿Cuántas veces las demandas de movimientos y organizaciones sociales se han enfrentado al argumento de que los recursos no alcanzan para garantizar los derechos? ¿Qué tanto tiene que ver el mal manejo de los recursos públicos, o su escasa asignación a las prioridades más urgentes, con el hecho de que América Latina haya sido la región más golpeada por el COVID-19? ¿Por qué la política fiscal sigue reservada a círculos de expertos en vez de ser ampliamente discutida por la ciudadanía?
¿En qué se vinculan los sistemas tributarios regresivos, los beneficios fiscales ineficientes e injustos o las deudas públicas externas con la pobreza y la desigualdad, tan evidenciada y agudizada en el contexto del COVID19? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para incidir en ellas? Si la política fiscal debe estar orientada a garantizar los derechos humanos, ¿cómo y con qué alcances podría desafiarse en el terreno judicial?
En el marco del llamado a reacciones sobre la propuesta de un Fondo Global para la Seguridad Social realizado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal envío sus aportes respecto de varios de los temas planteados en la covocatoria.
El impuesto a las grandes fortunas
En la Argentina y en América Latina en general, la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos es baja si se la compara con la que tienen en los países más ricos.
De acuerdo con la CEPAL, en 2018, la recaudación de los impuestos a la renta personal en la región alcanzó un 2,3% del PIB en promedio, en comparación con un 8,3% del PIB en los países más ricos. En cuanto al peso tributario general, en Argentina el 10% de la población de mayores ingresos destina 9,2% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que en la Unión Europea ese porcentaje alcanza al 21,3%.
La mitad de los ingresos tributarios de América Latina y el Caribe provienen de impuestos indirectos que, al definir un porcentaje único para toda la población, en términos relativos afectan más a quienes menos ingresos perciben. En los países más ricos la participación de estos impuestos no supera un tercio de la recaudación, mientras que en Argentina los impuestos al consumo de bienes y servicios (como el IVA) explican el 43% del total de la recaudación nacional.