Meggy Katigbak, investigadora filipina experta en justicia fiscal y de género, escribió un artículo para nuestra Iniciativa en el que se refiere a los impuestos como lo único seguro “en la salud, en la enfermedad, en la vida e incluso en la muerte”. Lo dice porque, en efecto, todas las facetas de la vida económica están cubiertas por alguna forma de impuesto: los bienes y servicios que adquirimos, el suelo que pisamos, la salud, el trabajo y el bienestar.
Ahora bien, en su artículo ‘Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal en el contexto de reformas tributaria en el Sur Global’, Katigbak cuenta que esta idea de adoptar sistemas fiscales fue una especie de resultado directo de la colonización, que aún hoy se mantiene en el control e influencia de las políticas económicas del Sur global (donde estaban la mayoría de colonias) y que ha dado lugar a una enorme desigualdad.
¿Pero por qué persisten las prácticas coloniales sobre las políticas fiscales del Sur Global? De acuerdo con la investigadora, las políticas prescritas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han permitido a las empresas multinacionales “saquear los recursos de los países del Sur Global y explotar su mano de obra” mediante prácticas como la apertura de barreras comerciales y la transformación de los países en desarrollo en economías orientadas a la exportación y los servicios.
Lo anterior ha facilitado a los países del Norte Global erosionar la base fiscal de los países del Sur, obstruyendo la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos fiscales y cumplir sus deberes con la población, especialmente con los más vulnerables económicamente, como las mujeres, los agricultores, los pescadores, los trabajadores no organizados, los pueblos indígenas y todas las personas de sectores marginados que deberían beneficiarse de políticas fiscales redistributivas.
Por ello, menciona Katigbak en su artículo, ahora más que nunca el mundo necesita políticas fiscales justas y equitativas, como las que proponemos desde la Iniciativa a la luz de nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. De hecho, la investigadora dice que en la actualidad hay una tendencia hacia reformar el sistema fiscal mundial desde plataformas multilaterales, pero ¿en qué dirección?
Desde la OCDE y el G20
Los países con las mayores economías del mundo lideran los debates sobre un acuerdo fiscal mundial para abordar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por su falta de transparencia: el G20 ha sido señalado de ignorar las preocupaciones y demandas de los países del Sur Global y a la OCDE se le ha pedido que lleve el proceso de una forma más democrática a las Naciones Unidas para que este asunto no se convierta en “un acuerdo fiscal de los ricos”.
Desde el G77 y China
Esta coalición de países considerados “en desarrollo” y China propusieron en 2015 que el Comité Fiscal de la ONU se convirtiera en un organismo intergubernamental que representara mejor los intereses del Sur Global. Sin embargo, el proyecto terminó siendo bloqueado por países como Estados Unidos y Reino Unido, para los que los debates actuales sobre esa materia ya estaban siendo discutidos desde la OCDE.
Desde las Naciones Unidas
La ONU alberga un Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal que se encarga del diálogo político y de las propuestas de cooperación fiscal internacional. Sin embargo, no es un proceso intergubernamental que establezca normas sobre políticas fiscales mundiales ni que establezca debates equilibrados. De hecho, la investigadora explica que se ha convertido más bien en una plataforma para que la OCDE imponga sus propias normas a la comunidad internacional.
¿Cómo cambiar la dirección de estos debates para que el mundo tenga políticas fiscales más inclusivas? Katigbak afirma que, si bien los actores que buscan una reforma en el sistema fiscal internacional son diversos y pueden tener diferencias, hay puntos en los que convergen. La investigadora hace referencia a los Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal como unos de ellos, ya que promueven el trabajo entre la sociedad civil y los gobiernos para garantizar políticas fiscales justas y progresivas que estén libres de la influencia de las empresas multinacionales y de aquellos que pretenden manipular el sistema para su propio interés.
Desde la perspectiva de nuestros Principios, la investigadora resalta la necesidad de que en la negociación de un acuerdo fiscal internacional se contemple una fiscalidad progresiva (Principio 3) para garantizar la capacidad de los estados de tomar medidas para generar ingresos y gestionar los gastos para la realización efectiva de los derechos (Principio 10). Además, Katigbak afirma que la OCDE, la Unión Europea y el G20 deben demostrar la inclusividad de sus procesos (Principio 7) y eliminar todas las barreras que bloquean la participación de los países del Sur global en la negociación.
Abordar las cuestiones relativas a la justicia tributaria, la justicia fiscal y la transparencia e integridad financiera permitirá a los gobiernos cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y hará que todas las personas desarrollen su pleno potencial humano.
