En día pasados, las ocho organizaciones que conforman nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal se encontraron en Santiago de Chile durante Reimagina Latinoamérica, un evento con el que se buscaba generar discusiones, articulación y aprendizajes sobre la Convención Constitucional de ese país, así como sobre asuntos relacionados con derechos humanos y democracia en tiempos de transición.
Vicente Silva, representante para América Latina de Gl-ESCR, una de las integrantes de nuestra Iniciativa y promotora del evento, explicó que “en un contexto global marcado por niveles históricos de desigualdad, una crisis climática aguda y las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, el proceso constitucional chileno puede ser pionero en la construcción de narrativas que permitan reimaginar nuevas alternativas de desarrollo”, y agregó que, tal y como se ha aprendido de estas crisis, “lo que ocurre en un país no está aislado del contexto global, por lo que este proceso de transformaciones políticas en Chile podría catalizar cambios en otros países”.
Para María Emilia Mamberti, coordinadora de nuestra Iniciativa, el encuentro de Chile fue una oportunidad para ver la gran cantidad de problemáticas comunes en materia fiscal que tienen los países de la región: baja cultura tributaria, evasión y dificultad para encontrar cómo se introducen los impuestos en las discusiones públicas sin que parezcan los grandes males, por ejemplo.
En el escenario de Chile, Mamberti confirmó que en América Latina se están consolidando espacios que empiezan a cuestionar la visión tradicional de los impuestos y a relacionarlos mucho más directamente con los derechos. “En Chile es muy claro: están discutiendo cómo una constitución nueva a la que le quieren poner una carta ambiciosa de derechos, y no dudan que necesitan algo de política tributaria para que esos derechos no queden como meras declaraciones”, apunta la coordinadora.
Para llegar a esta especie de consenso regional, en Reimagina Latinoamérica se habló de que la pandemia por Covid-19 ayudó a consolidar esa conexión explicita entre derechos y recursos, ya que muchas medidas tributarias que se tomaron por la emergencia sanitaria se asociaron a gasto público en materia de salud o de seguridad social. En Argentina, por ejemplo, se creó un impuesto extraordinario que grababa cierta parte de la riqueza y que tenía asignación directa para la recuperación de la pandemia.
Pero dialogar en el Chile de 2022 tuvo un valor adicional: “Ver cómo un pueblo se anima a discutir todo lo que fueron sus bases políticas e ideológicas en las últimas décadas , con total apertura, de manera participativa, con convencionales independientes, jóvenes, con representación paritaria, es un modelo inspirador para los demás países de la región, sobre todo para pensar en otras formas de decisión pública”, detalla Mamberti, quien en representación de la Iniciativa por Los Derechos Humanos en la Política Fiscal se reunió con los constituyentes y con la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza.
En este último espacio, la funcionaria y su equipo pudieron conocer los Principios y Directrices, apenas pertinentes para el proceso de reforma tributaria que adelanta esa cartera, en el que, si bien no hay un uso explícito del marco de los derechos humanos, sí hay preocupaciones sobre cómo hacer para que esté alineada con los derechos. “Por ejemplo, antes de presentar la reforma, están haciendo un proceso de consulta ciudadana que fácilmente podría relacionarse con los principios de transparencia y participación de nuestros Principios, y que busca aprender de experiencias fallidas del pasado en Chile para construir cultura tributaria y ciudadanía a través de temas fiscales”, explica la coordinadora, y agrega que ese país va en camino hacia evidenciar mucho más explícitamente que los impuestos se necesitan para financiar derechos.
