Lanzamos una nueva serie de documentos sobre las implicaciones prácticas de la relación entre política fiscal y Derechos Humanos. El autor, Juan Pablo Bohoslavsky (quien integra el Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa), explica por qué el Poder Judicial , empresas, universidades, acreedores y otros actores juegan roles determinantes en este aspecto.

La construcción de políticas fiscales progresivas es un asunto que involucra a muchos más personas que a economistas, y a muchos más actores que a los Estados. Del destino de los impuestos de nuestra región depende en gran medida que se garanticen los derechos de poblaciones enteras. ¿Cómo hacer que el agua potable llegue a un pueblo olvidado de México?, ¿cómo llevar internet a un rincón desconectado de Colombia?, ¿cómo velar por la higiene menstrual de un grupo de mujeres en la Amazonia brasilera?, ¿cómo asegurarse de que las familias que perdieron el empleo en la pandemia tengan acceso a alimentos en Argentina? Con voluntad de sectores que van más allá de los gobiernos, pero, sobre todo, con recursos estatales.

“Sin recursos no hay derechos”, dice el preámbulo de nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Sin embargo, para que esa afirmación se materialice en América Latina, se necesita de la responsabilidad de una variedad de agentes, y el compromiso con muchas acciones. Con esa idea en mente, Juan Pablo Bohoslavsky, investigador de Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), integrante del Comité de Expertos y Expertas que acompañan los Principios y, hasta 2020, experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU, escribió una serie de siete documentos que describen cómo diversos actores económicos distintos al Estado tienen claras obligaciones en la construcción y monitoreo de políticas fiscales que garanticen los derechos humanos.

Tal y como queda reflejado en la serie ‘Implicaciones prácticas de los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal’, empresas, organismos regionales e internacionales, universidades, centros de investigación, acreedores, jueces, entre otros, tienen en sus manos oportunidades de oro para conducir las políticas fiscales hacia escenarios que permitan combatir la pobreza y la desigualdad, así como promover la justicia en todos los campos. Sobre esto hablamos con el autor:

¿Qué tan común es que los gobernantes de América Latina piensen en los derechos humanos para construir políticas fiscales? ¿Hay tendencias regionales?

En términos generales, las y los gobernantes de la región no suelen utilizar un enfoque de derechos humanos en las políticas económicas. Por un lado, encontramos a gobernantes que registran un verdadero desdén por las consecuencias de las políticas fiscales que impulsan sobre los derechos de la población. Frente a ello, se debe insistir, y exigir, en diferentes instancias, acerca del carácter vinculante de los derechos humanos. Por otra parte, están las y los gobernantes que tienen alguna vocación transformadora. Ellos deberían internalizar, desarrollar e implementar el enfoque de derechos en las políticas fiscales, descubriendo así el potencial técnico, cultural y político de instrumentos como los Principios y Directrices.

Para los ciudadanos de países de nuestra región, ¿por qué es clave incorporar los derechos humanos en la política fiscal de nuestros países?, ¿cómo nos afecta a todas y todos?

La realización efectiva de la inmensa mayoría de los derechos humanos, sobre todo de los económicos y sociales, depende, en gran medida, de la existencia de recursos estatales. ¿Cómo se puede asegurar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda o la protección social, si los Estados no cuentan con recursos suficientes, o si no los asignan de una manera beneficiosa para los derechos? ¿Por qué el mercado asignaría, de manera espontánea y “a pérdida”, recursos a los grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad? Por otra parte, las políticas fiscales deben crear los incentivos necesarios para que la actividad económica abandone los modelos productivos y de consumo que nos acercan más y más al colapso de nuestros ecosistemas.

Sobre los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, ¿quiénes deberían tenerlos en sus escritorios, propuestas y llamados?

Los Principios y Directrices establecen claramente las obligaciones de los Estados en el campo de los derechos humanos. Ahora estamos viendo que esas obligaciones y roles van más allá de los Estados, e incluyen a jueces y juezas de instancias nacionales, a organismos regionales e internacionales, a empresas privadas, a acreedores, a instituciones financieras internacionales, a universidades y a centros de investigación, así como a árbitros en disputas por inversiones extranjeras. 

Usted escribió una colección sobre implicaciones prácticas de los Principios, ¿cuáles fueron sus hallazgos generales?

Que al margen de las obligaciones que ya sabemos que recaen sobre los Estados, existen una serie de implicaciones bien concretas, así como de deberes específicos y de actores económicos, que exceden a los Estados.

Si se trata de un asunto central para tan amplios sectores, ¿por qué da la impresión de que todavía nos faltan kilómetros por recorrer? ¿Habrá razones históricas o culturales?

Sí, se podría decir que hay razones técnicas y culturales que pueden explicar, en alguna medida, el desinterés, rechazo o desconcierto de los actores económicos y del propio Estado para interiorizar una perspectiva de derechos humanos en sus acciones vinculadas a las políticas fiscales, y, más en general, en las políticas económicas. Sin embargo, el mayor obstáculo es de tipo político: permitir el ingreso de los derechos humanos al campo fiscal acarrearía, por ejemplo, consecuencias redistributivas que afectan intereses concentrados. Piénsese, por ejemplo, en las reformas tributarias. Por ello es tan importante explicar a la opinión pública los mecanismos causales que unen a las políticas públicas con los derechos humanos de la población.

De todos los actores sobre los que usted analiza las implicaciones prácticas, ¿cuál es el que necesita interiorizar más la relación entre derechos humanos y política fiscal? 

No sé si es posible identificar algún actor que registre mayor necesidad de implementar un enfoque de derechos humanos. Supongo que depende de la situación de cada país. Diría que cuanto mayor es el poder de incidir sobre las políticas fiscales y, así, sobre la asignación de recursos, mayor será la responsabilidad que ello acarrea. Obviamente, los Estados tienen una enorme dosis de responsabilidad, pero también los actores económicos y los acreedores, entre otros, según se explica en la colección de documentos que se publica ahora.

¿Qué será del futuro de nuestra región si seguimos desligando a los derechos humanos de la política fiscal? 

La política fiscal seguirá consolidando y exacerbando las desigualdades y la degradación ambiental, con lo que un mayor deterioro de los indicadores de desarrollo humano, la amenaza continua a la estabilidad social y el colapso de la Tierra serán consecuencias previsibles en el corto y mediano plazo.