Version 0.0.1 (BORRADOR)

III.  Obligaciones específicas aplicables a la política fiscal (8-12)

 

08

Los Estados deben adoptar todas las medidas financieras y fiscales necesarias para dar efectividad a los derechos humanos, dentro de un marco fiscal sostenible.

Los Estados deben:

8.1. Establecer leyes y políticas, y adoptar marcos fiscales, sistemas tributarios, presupuestos y políticas de gestión de la deuda adecuadas para asegurar la plena realización de los derechos humanos. Si bien pueden adoptar medidas de distinta clase, deben poder justificar por qué las medidas de política fiscal que hayan tomado deben considerarse apropiadas a la luz de la evidencia disponible.

8.2. Asegurar que la política fiscal sea sostenible desde una perspectiva social e intergeneracional, haciendo un uso racional de los recursos naturales existentes de modo que no se comprometan los derechos de poblaciones específicas ni de futuras generaciones.

8.3. Adoptar un marco de planificación macro-fiscal con miras a fortalecer su capacidad de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos de la forma más expedita posible y asegurar su cumplimiento sostenido en el tiempo.

8.4. Las reglas fiscales deben estar orientadas a la garantía de los derechos y no deben ser aplicadas en formas que puedan menoscabarlos.  

Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Marco fiscal.
Adoptar un plan sistemático que contenga la justificación de las medidas de índole fiscal que los Estados adoptarán en un marco multianual que incluya al menos lo siguiente:

  • un diagnóstico de cómo las finanzas públicas responderán a la situación del país en términos de derechos humanos;

  • objetivos, cronogramas y plazos;

  • indicadores para medir el efectivo cumplimiento del plan;

  • instituciones responsables

  • recursos asignados;

  • mecanismos de rendición de cuentas.

2. Sostenibilidad.

  • Dar prioridad a la tributación como fuente de ingresos por sobre el endeudamiento, y establecer una estrategia para asegurar el espacio fiscal que permita adoptar una política contracíclica tanto discrecional como no discrecional (estabilizadores automáticos de ingreso como impuestos progresivos y de gasto, mediante mecanismos como seguros de desempleo).  

3. Reglas fiscales.

  • Abstenerse de adoptar reglas fiscales que restrinjan indebidamente la capacidad de las instituciones públicas de responder a entornos cambiantes con miras a la realización progresiva de los derechos o a la protección de los avances sociales alcanzados.

  • No adoptar reglas fiscales que impidan, al margen de cualquier otra consideración, incrementar el presupuesto público total o para sectores sociales claves más allá de la inflación causada o esperada, entre otras medidas excesivamente restringidas que impiden a los Estados cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.

4. Fondos de estabilización.

  • Asegurar una buena gestión macroeconómica de las rentas provenientes de recursos naturales, mediante fondos de estabilización y otros mecanismos idóneos.

  • Adoptar políticas económicas e industriales que promuevan la diversificación productiva.

5. Deuda pública

  • Asegurarse de que ninguna de sus decisiones en materia de deuda externa contradiga las obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

  • Realizar análisis independientes de la sostenibilidad de la deuda que incorporen evaluaciones de los efectos en los derechos humanos.

 


 

09

Los Estados deben garantizar de manera prioritaria el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales en su política fiscal.

Los Estados deben:

9.1. Asegurar de manera inmediata el derecho a un nivel adecuado de vida y los contenidos mínimos de los derechos económicos, sociales y culturales, independientemente de los ciclos económicos, e incluso en situaciones de crisis, conflicto, emergencia o desastre natural.

9.2. Abstenerse de adoptar reglas fiscales que impidan la garantía del contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales.

9.3. Identificar un gasto social protegido necesario para la garantía del contenido mínimo de los derechos, que no puede ser afectado por los ciclos económicos.

9.4. Dar la máxima prioridad a la garantía de los derechos de las poblaciones en situación de desventaja y hacer efectivo un piso de protección social universal como parte del derecho a la seguridad social.

Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Protección social universal.
Consolidar sistemas de protección social universal que:

  • protejan los ingresos de las personas y sus dependientes frente a diversos choques y riesgos (individuales y colectivos) de tipo social, económico y climático;

  • fomenten el acceso a servicios públicos y sociales como la educación y la salud y atiendan las necesidades y vulnerabilidades particulares de las personas a lo largo del ciclo de vida;

  • incluyan como parte de los pisos de protección social el acceso al menos a la atención médica esencial, incluida la atención de maternidad; la seguridad básica de ingresos para los niños y niñas, proporcionando acceso a nutrición, educación, atención y cualquier otro bienes y servicios necesarios; la seguridad básica de ingresos para personas en edad activa que no puedan trabajar de obtener ingresos suficientes, en particular en casos de enfermedad, desempleo, maternidad y discapacidad; y la seguridad básica de ingresos para personas mayores.

2. Gasto social protegido

  • Identificar en sus presupuestos el gasto social mínimo protegido.

  • Proteger el financiamiento del núcleo duro de los derechos económicos, sociales y culturales.

  • No incluir recortes de gastos en materia de salud y educación en la negociación de acuerdos de condicionalidad.

  • Realizar gastos contra cíclicos para la erradicación de la pobreza y la protección del empleo.

  • Aumentar el gasto destinado al desarrollo de sistemas integrales y universales de protección social en épocas de prosperidad, sin detrimento de la posibilidad de establecer mecanismos de ahorro que aseguren la posibilidad de efectuar un gasto social contracíclico.

3. Cláusulas de escape.

  • Garantizar espacio en el presupuesto para políticas contra cíclicas que minimicen los efectos de las crisis económicas en los derechos humanos.

  • Prever cláusulas de escape o excepción cuando existan reglas fiscales restrictivas que no permitan un aumento del gasto público, para el caso de que se esté incumpliendo la garantía de mínimos esenciales o con el principio de proporcionalidad.


 

10

Los Estados deben, mediante su política fiscal, movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

Los Estados deben:

10.1. Adoptar medidas de diversa índole, incluidas las medidas financieras, hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

10.2. Evaluar periódicamente los efectos de las medidas adoptadas para establecer si se han utilizado hasta el máximo de los recursos disponibles para avanzar hasta ese objetivo de la manera más expedita y eficaz posible.

10.3. Utilizar la política fiscal para maximizar sus recursos. Ello implica no solo usar eficazmente los recursos existentes sino, cuando sea necesario, incrementar sus ingresos en formas equitativas, sostenibles y no regresivas. Deben usar el espacio fiscal disponible cuando se verifique la existencia de recursos que no están siendo movilizados como los que se pierden producto de la evasión y la elusión fiscal, la subutilización de impuestos directos progresivos, los gastos tributarios mal diseñados y los flujos financieros ilícitos, o solicitando asistencia y cooperación internacional.

10.4. Asegurar que sus reglas fiscales no restrinjan la capacidad de los Estados de avanzar de la forma más expedita posible en el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.


Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Administraciones tributarias y lucha contra el fraude fiscal.

  • Hacer más efectiva y eficiente la recaudación de impuestos y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, entre otras cosas mejorando la gestión de los procesos de recaudación de impuestos con ayuda de la tecnología de la información y las comunicaciones, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Estos esfuerzos deben buscar prevenir el fraude fiscal en lugar de enfocarse en aumentar la recaudación tras el fraude, con marcos legales que no faciliten la elusión (por ejemplo, revisando ciertos incentivos fiscales o los criterios para gravar las operaciones intragrupo a los fines del impuesto sobre las sociedades).

  • Asignar a su administración tributaria recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, asegurar que sean independientes, imparciales, transparentes y responsables, y designar funcionarios independientes, bien equipados, capacitados y adecuadamente remunerados en la lucha contra el fraude fiscal.

  • En las administraciones tributarias, designar dependencias específicas con competencias como investigar la fijación de precios de transferencia, y perfeccionar el cobro de deudas tributarias.

  • Exigir a los funcionarios de aduanas y de oficinas impositivas que utilicen las bases de datos disponibles para la comparación de los precios del comercio mundial de mercancías para determinar qué transacciones requieren más control.

  • Establecer marcos normativos y guía para facilitar el reporte de delitos por parte de las autoridades tributarias a los organismos competentes.

2. Beneficios fiscales.

  • Publicar todos los tratos diferenciados que establecen sus sistemas tributarios, incluyendo exenciones, beneficios fiscales, liberaciones, o condonaciones.

  • Asegurar la disponibilidad de información sobre su fecha de vigencia, evaluaciones y razonabilidad, así como las personas y empresas a quienes benefician, incluyendo su desagregación por decil de ingresos, sexo, etc.

  • Cuantificar su costo fiscal total, por beneficiario, por sectores y por tipo de beneficio o exención.

  • Justificar los gastos tributarios mediante una descripción clara de los avances deliberados, concretos y orientados al disfrute de los derechos humanos.

  • Supervisarlos de manera pública y transparente.

  • Demostrar periódicamente que la concesión de desgravaciones fiscales a empresas es la opción menos restrictiva desde la perspectiva de derechos.

  • Sujetar a audiencias públicas previas a su adopción a las exenciones otorgadas para mitigar los costos de inversión, condicionarlas a la consecución de objetivos mensurables y limitarlas en el tiempo mediante cláusulas de caducidad.

  • No debe haber acuerdos secretos.

3. Lucha contra la corrupción

  • Asignar recursos a la lucha contra corrupción.

  • Elaborar y aplicar normas eficaces para obtener y gestionar las corrientes de ingresos procedentes de todas las fuentes y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

  • Realizar campañas de capacitación y concienciación para los funcionarios públicos sobre los costos sociales y económicos de la corrupción.

  • Prohibir la deductibilidad impositiva de los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros;

4. Aumentar la efectividad y calidad del gasto público incorporando resultados de las evaluaciones de políticas 


 

11

Los Estados deben asegurar que su política fiscal no genere retrocesos injustificados respecto de los niveles de protección alcanzados con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, ni siquiera en contextos de crisis económica. 

Los Estados deben:

11.1. Abstenerse de adoptar medidas regresivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Excepcionalmente podrán hacerlo si ellas están plenamente justificadas en la protección integral de los derechos y son temporales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias, tomadas de manera participativa, y solo después de buscar todas las alternativas posibles. Deben demostrar sus alegaciones de limitaciones de recursos para explicar una medida regresiva conforme criterios objetivos como su nivel de desarrollo y su situación económica, o la existencia de otras necesidades importantes.

11.2. Preservar el gasto social y no menoscabar el disfrute de los derechos alcanzados mediante sus instrumentos fiscales, incluida las reglas fiscales. En contextos de crisis económica, la protección del gasto social y de los derechos de las poblaciones más desaventajadas tienen la máxima prioridad.


Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Medidas de ajuste fiscal.

  • Asegurar que los compromisos de políticas de ajuste no vulneren las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos;
  • Determinar un umbral de protección social y un contenido básico mínimo de los derechos, cuya protección esté garantizada en todo momento y proteja especialmente a las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, para lo cual los Estados deben recopilar información estadística desagregada y aumentar la eficacia de sus esfuerzos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales.
  • En el evento de que un recorte esté debidamente justificado de conformidad a los estándares de derechos humanos, analizar su impacto para asegurarse de que no afecte desproporcionadamente a las personas y los grupos de población más desfavorecidos y marginados.

2. Crisis económicas y medidas de ajuste fiscal en contextos de crisis.

Proteger, mantener e incluso aumentar los esfuerzos en políticas sociales e inversión, en especial los dirigidos a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo, como tomar medidas para asegurar que el derecho a una alimentación adecuada para los grupos y personas vulnerables, o no reducir los ingresos de las personas con discapacidad con medidas inconsistentes con los derechos humanos. Cuando adopten medidas de ajuste fiscal en el contexto de una crisis deberían:

  • Suprimir gradualmente las medidas de austeridad conforme la recuperación de la economía después de una crisis.
  • Revisar su régimen fiscal para incrementar sus ingresos para restablecer los niveles de los servicios públicos y las prestaciones sociales anteriores a la crisis de manera transparente y participativa.

3. Ampliación del espacio fiscal.

Explorar y agotar alternativas menos lesivas que las políticas de ajuste fiscal, tales como el incremento del recaudo vías impuestos directos progresivos, el combate a la evasión y la elusión fiscal, la adopción de marcos macroeconómicos y reglas fiscales más flexibles, la reasignación de gasto, la gestión de recursos de cooperación internacional, o el uso prudente de reservas internacionales, entre otras posibles medidas alternativas para ampliar el espacio fiscal.

4. Evaluaciones de impacto y rendición de cuentas.

Realizar evaluaciones completas de los posibles efectos de las políticas de disciplina fiscal en diferentes contextos nacionales y subnacionales antes de contraer compromisos al respecto.

Realizar un análisis más profundo de las causas estructurales y los abusos de poder que subyacen a cualquier crisis de deuda soberana, y asegurar la rendición de cuentas por parte de las partes públicas y privadas finalmente responsables.


 

12

Los Estados están facultados, y en ocasiones obligados, a incentivar o desincentivar conductas y corregir externalidades para garantizar los derechos humanos mediante instrumentos específicos de política fiscal.

Los Estados:

12.1. Pueden, y en algunos casos deben, utilizar al máximo los impuestos, subsidios y otros instrumentos de la política fiscal para crear condiciones que contribuyan a la realización de los derechos humanos. Con su política fiscal, y más específicamente con su política tributaria, los Estados pueden perseguir objetivos como frenar la especulación inmobiliaria, proteger el ambiente y transitar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, o promover la salud pública, entre otros.

12.2. Deben tomar medidas para disuadir la producción, comercialización y el consumo de tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas, aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias para reducir su consumo, y prohibir o restringir la venta y/o la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros internacionales.

12.3. Deben adoptar mecanismos de protección o compensación para prevenir o mitigar posibles impactos regresivos de algunos de estos instrumentos sobre ciertos grupos y asegurar que su implementación sea coherente con otros principios.


Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Derecho a la salud

  • Utilizar medidas regulatorias y fiscales para proteger la salud pública, con incentivos y desincentivos como los impuestos sobre las bebidas azucaradas apropiadamente diseñados y los subsidios a alimentos saludables.

  • Eliminar beneficios fiscales para actividades y productos que perjudiquen la salud.

2. Derecho a la vivienda.

Tomar medidas fiscales para promover un sistema de vivienda inclusivo y evitar la especulación y la excesiva acumulación de la riqueza, y utilizar todo el potencial recaudatorio y regulatorio del impuesto a la propiedad, la captación de plusvalías y otros instrumentos fiscales de gestión territorial. Dichas medidas incluyen revisar los tratamientos fiscales preferenciales de los propietarios en comparación con los inquilinos, sujetar a mayores impuestos a los especuladores e inversores en viviendas de lujo, y recuperar y dirigir a fines públicos los beneficios obtenidos por propietarios privados resultantes de inversiones públicas.

ACIJ- Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia
CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales
CESR-Center For Economic and Social Rights
Dejusticia-Derecho Justicia Sociedad
Fundar-Centro de Análisis e Investigación
Inesc
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal (PD/DH/PF) © 2020