Version 0.0.1 (BORRADOR)

I.  Principios generales (1-2)

 

01

La política fiscal debe tener como una finalidad fundamental la realización de los derechos

Los Estados deben:

1.1  Asegurar que sus políticas económicas sean compatibles con los derechos humanos.

1.2. Asegurar que la política fiscal esté al servicio de la realización de los derechos humanos, sean estos civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales. Para ello deben asegurar que la política fiscal provea financiación adecuada de otras políticas para garantizar los derechos; redistribuya los ingresos y la riqueza para lograr la igualdad sustantiva; cuente con un marco de instrumentos fiscales que permita la protección y promoción de los derechos; y fortalezca la gobernanza democrática de los recursos públicos bajo criterios de transparencia, participación y rendición de cuentas.

1.3. Asegurar que actúan de conformidad con sus obligaciones de derechos humanos cuando persigan otros fines legítimos con su política fiscal, como el crecimiento económico o la estabilidad macroeconómica.

1.4. Asegurar que todos sus organismos que intervengan en la política fiscal tengan en cuenta las obligaciones en materia de derechos humanos en sus mandatos respectivos, y actúen de forma integrada y coherente para garantizarlos.

1.5. Interpretar los distintos marcos normativos que se aplican a la política fiscal en armonía con sus obligaciones en derechos humanos, dando prevalencia a dichas obligaciones por sobre otras. 

Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Adoptar un marco institucional orientado a la garantía de derechos. 

Establecer un marco institucional de formulación de la política fiscal que asegure que ésta se oriente a la garantía de los derechos como uno de sus principales objetivos. Esto requiere tomar decisiones en materia fiscal con base en información relevante sobre cómo movilizar, asignar y ejecutar recursos para garantizar los derechos, utilizando, entre otros, mecanismos como:

  • Evaluaciones sobre los impactos distributivos y sobre poblaciones específicas -como comunidades indígenas, afrodescendientes, o mujeres- del sistema tributario, considerando los distintos tipos de impuestos y otros ingresos del gobierno, que sean periódicas, abiertas al escrutinio público, y usen metodologías comparables.
  • Sistemas de presupuestos con resultados con base en indicadores de goce efectivo de derechos suficientemente detallados para responder a las necesidades de poblaciones específicas.
  • Análisis independientes de la sostenibilidad de la deuda y sus efectos en la capacidad de cumplir con las obligaciones en derechos humanos.
  • Estimaciones periódicas de los recursos necesarios para atender las problemáticas no resueltas en materia de derechos humanos que informen la planeación macro-fiscal y presupuestal.
  • Evaluaciones previas de las repercusiones de la privatización de empresas públicas en los derechos humanos.
  • Evaluaciones periódicas de eficiencia recaudatoria para asegurar que las políticas están movilizando el máximo de los recursos potenciales, incluyendo el control de la elusión y la evasión fiscal, recuperación de las deudas tributarias, y revisión de los perdones fiscales.

2. Garantizar la coherencia y cooperación entre instituciones y políticas

Asegurar que sus instituciones se coordinen y cooperen para que la política fiscal priorice la realización de los derechos. Esto requiere, entre otras cosas:

  • Garantizar espacios suficientes y adecuados para discutir y adoptar soluciones fiscales a problemáticas de derechos humanos no resueltas.
  • Sistemas de información adecuados con enfoque de derechos humanos a nivel nacional y subnacional.
  • Fortalecer la capacidad técnica y el poder decisorio de otros ministerios para la interlocución con los ministerios de hacienda y finanzas públicas.
  • Asegurar la coherencia de la política fiscal con otras políticas como la monetaria, la cambiaria, o la financiera, de modo que la interacción entre ellas sea consistente con las obligaciones de derechos humanos.

3. Profundizar la democracia fiscal

Asegurar que los procesos de toma de decisiones en materia fiscal se basen en el diálogo nacional más amplio posible, con participación significativa de la sociedad civil. Esto requiere al menos:

  • Asegurar que la política fiscal esté sujeta al escrutinio de la población durante las etapas de diseño, implementación y evaluación.
  • Incentivar a las organizaciones independientes de la sociedad civil y a la academia a desarrollar alternativas de política fiscal y hacer evaluaciones de los impactos sociales de éstas, así como crear espacios de diálogo con las instituciones en este campo.
  • Estimular la investigación académica y la difusión de datos dirigidos a los impactos distributivos y sociales de la política fiscal.
  • Dotar a la sociedad civil de información y datos para poder hacer sus propias evaluaciones de la política fiscal.

4. Pactos fiscales. 

Avanzar en la construcción de pactos fiscales de largo plazo orientados a la realización de los derechos, que incentiven un mayor nivel de cumplimiento tributario voluntario. Dichos pactos fiscales deberían estar basados en relaciones de reciprocidad entre el Estado, la ciudadanía y las empresas, acorde a los compromisos constitucionales de cada Estado, que incluyan acuerdos en torno a:

  • la gestión de las finanzas públicas, tomando en cuenta criterios contra cíclicos, redistributivos, de garantía de derechos y de sostenibilidad ambiental;
  • el logro de reformas tributarias más progresivas, especialmente del impuesto a la renta, al patrimonio y de gravámenes aplicados a los recursos naturales asociados con políticas de transición ecológica para reducir los posibles efectos regresivos, o impuestos a las transferencias financieras, a la riqueza, y al capital;
  • la evaluación de la calidad y de la transparencia del gasto público; y
  • la gobernanza de la política tributaria en particular, fiscal en general y financiera entre distintos niveles de Gobierno.

02

Las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos imponen límites a la discrecionalidad de los Estados en relación con su política fiscal.

2.1 Diseñar, implementar y evaluar su política fiscal de conformidad con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. A pesar de que las obligaciones de derechos humanos no establecen políticas fiscales específicas, limitan la discrecionalidad de los Estados

en todos los instrumentos y fases de la política fiscal.

2.2 Abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos, discriminando a ciertos grupos, retirando o desviando fondos de los programas existentes, o destinando fondos a políticas que afectan negativamente los derechos. Deben evitar que su política fiscal afecte negativamente el derecho a la participación política igualitaria y a la representación democrática (obligación de respetar).

2.3. Proteger de las acciones de terceros que perturben o comprometan su tarea de movilizar recursos, asignar presupuestos y efectuar gastos para la garantía de los derechos. Deben regular el papel de esos terceros, establecer mecanismos de denuncia, intervenir sistemáticamente cuando cometan una infracción, y eventualmente sancionarlos. Deben abstenerse de otorgar cualquier forma de apoyo o incentivo a quienes no cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos o incurran en actos de corrupción (obligación de proteger).

2.4. Adoptar las medidas positivas necesarias en materia de política fiscal para asegurar la plena realización de los derechos de la forma más expedita posible, sin discriminación alguna y promoviendo la igualdad sustantiva (obligación de garantizar). Esto incluye el deber de financiar la provisión de bienes y servicios esenciales para la garantía de derechos en cantidad suficiente; accesibles desde el punto de vista financiero y geográfico; aceptables en el sentido de responder a las diferencias culturales, socioeconómicas y de otra índole; y de buena calidad.

Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Marco normativo.
Adoptar un marco jurídico, normativo y administrativo para la gestión de las finanzas públicas fundamentado en sus obligaciones en derechos humanos que sea claro y transparente, y regido por leyes, reglamentos y procedimientos integrales y comprensibles.

2. Enfoque de derechos.
Basar su política fiscal en un enfoque de derechos e incorporar una mirada integral que articule la oferta de programas y políticas de todos los sectores y niveles de gobierno con las necesidades en materia de derechos humanos.

En el caso del presupuesto, para que éste pueda confeccionarse y evaluarse bajo una perspectiva de derechos humanos, los Estados deberían:

  • asignar el presupuesto con criterios de presupuestación por programas;
  • adherirse a los sistemas de clasificación presupuestaria convenidos internacionalmente;
  • revisar sus procedimientos administrativos para la formulación de declaraciones previas a la aprobación del presupuesto y propuestas presupuestarias para garantizar que se ajusten a las obligaciones en derechos humanos;
  • revisar sus sistemas de clasificación para garantizar que incluyan partidas y códigos presupuestarios que, como mínimo, desglosen la información presupuestaria con criterios poblacionales y territoriales, entre otros.

3. Establecer regulaciones y sanciones frente a actores no estatales. 

Exigir a las empresas y otros contribuyentes que ejerzan la debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de vulneración a derechos humanos derivados de sus prácticas tributarias.

  • Exigir a las instituciones financieras que rindan cuentas de su papel en la facilitación de la evasión y la elusión fiscal, y supervisarlas rigurosamente con agencias especializadas; exigirles licencia o registro susceptibles de perderse en casos de incumplimiento, y sujetarlas a sistemas eficaces de monitoreo.
  • Dar a las agencias supervisoras facultades adecuadas, incluyendo la autorización para realizar inspecciones y para requerir la presentación de información por las instituciones financieras e imponer sanciones. En su régimen de reglamentación y supervisión de los bancos, incluir requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas, tanto en canales internos como externos.

4. Captura del Estado. 

Los Estados deben protegerse de que terceros perturben su tarea de movilizar recursos, previniendo la influencia indebida de intereses privados en la toma de decisiones sobre temas tributarias y fiscales, lo cual puede implicar una revisión de la regulación sobre el cabildeo y el financiamiento de campañas políticas.  

5. Generación de recursos. 

Potenciar la progresividad de la carga tributaria y el carácter contra cíclico de su política fiscal y llevar a cabo reformas tributarias que apunten a mejorar el nivel de recaudo para asegurar la estabilización macroeconómica, permitir el financiamiento de los gastos públicos, en particular del gasto social, y mejorar la distribución de los ingresos.

6. Asignación de recursos. 

Priorizar la asignación de recursos para la realización de los derechos humanos por sobre otras posibles, con especial énfasis en la protección de las poblaciones en situación de desventaja, e incrementar la asignación de recursos a los derechos no atendidos.

7. Ejecución de recursos. 

Asegurar que los recursos se ejecuten de forma oportuna, eficaz, transparente y eficiente, conforme al presupuesto aprobado. Asegurar la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de los bienes y servicios necesarios para la garantía de los derechos.

8. Gobiernos locales y subnacionales.

Asegurar que la descentralización sea favorable a la realización de los derechos humanos y esté acompañada de estrategias de generación o transferencia de recursos y de las capacidades técnicas y las herramientas necesarias.

ACIJ- Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia
CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales
CESR-Center For Economic and Social Rights
Dejusticia-Derecho Justicia Sociedad
Fundar-Centro de Análisis e Investigación
Inesc
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Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal (PD/DH/PF) © 2020