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IV.  Responsabilidad de los actores no estatales y supraestatales, y obligaciones extraterritoriales de los Estados. (8-12)

 

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Los Estados y las instituciones internacionales de las que hacen parte deben brindar asistencia y cooperación internacional en temas fiscales, y crear un entorno de gobernanza global adecuado, con el fin de lograr la plena realización de los derechos humanos.

Los Estados deben:

13.1. Crear un entorno internacional que permita hacer efectivos los derechos humanos en las cuestiones relativas a la tributación y a las regulaciones financieras, incluyendo el combate a los flujos financieros ilícitos.

13.2. Promover la cooperación internacional con un enfoque de derechos humanos y apoyar los esfuerzos nacionales para hacer efectivos los derechos. Cuando cuenten con programas de apoyo provenientes de organismos internacionales de financiamiento, deben respetar los derechos humanos en las cláusulas de condicionalidades fiscales y velar por que las condiciones de los préstamos no reduzcan injustificablemente su capacidad para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

13.3. De conformidad con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos, abstenerse de cualquier conducta que menoscabe la capacidad de otro Estado de cumplir con sus propias obligaciones, como facilitar la evasión fiscal o promover una competencia fiscal agresiva y su consecuente “carrera a la baja” en la imposición a empresas multinacionales. Deben realizar evaluaciones de los efectos extraterritoriales de las leyes, políticas y prácticas que puedan restringir indebidamente el espacio fiscal de otros Estados, inclusive de las medidas que acuerdan como miembros de una organización internacional.

13.4. Las instituciones financieras internacionales y otras instituciones inter y supraestatales deben demostrar que las medidas de reforma económica que proponen servirán para cumplir, no para socavar, las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, y abstenerse de formular, adoptar, financiar y aplicar medidas fiscales que directa o indirectamente obstaculicen o afecten el disfrute de los derechos humanos.

13.5. Cuando un Estado toma decisiones como miembro de una institución financiera internacional, debe considerar las obligaciones de derechos humanos para mitigar la imposición de condiciones a la política fiscal que pudieran perjudicarlos, y asegurar que las políticas y prácticas de las instituciones financieras internacionales y regionales promueven los derechos humanos y no interfieren con ellos.

 

Directrices

En función de este principio los Estados deberían:

1. Incorporar un enfoque de derechos humanos en la negociación de convenios internacionales en temas fiscales y en la cooperación con administraciones tributarias.

  • Cuando estén en condiciones de hacerlo, dar asistencia económica y técnica para reforzar la capacidad de las autoridades tributarias de otros países de menores ingresos y adherirse a acuerdos internacionales que les beneficien.

  • Los países desarrollados deberían contribuir al desarrollo de una base de datos mundial sobre los precios del comercio que permita a los funcionarios de aduanas conocer los precios medios mundiales de los productos.

  • Considerar sus obligaciones de derechos humanos en otros convenios internacionales, de modo que ellos no afecten la capacidad recaudatoria de ninguna de las partes.

2. Organismo global.

Asegurar que la determinación de estándares y la toma de decisiones a nivel global en cuestiones de política fiscal tengan lugar en contextos en los que todos los países tengan la misma oportunidad de participar y expresarse.

3. Prácticas fiscales abusivas.

Luchar contra las prácticas fiscales abusivas de las empresas transnacionales -como subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, regalías, prestamos intragrupo, o auto-represtamos-, combatiendo las prácticas de fijación de precios de transferencia e intensificando la cooperación internacional en cuestiones de tributación.  

Contar con y dar publicidad a registros comerciales (que permitan no solo conocer la información de estados de resultados y balances de las empresas y sus vinculadas, sino también los nombres y residencia de sus accionistas), registros de beneficiarios finales, registros de activos y registros de propiedad.

4. Frenar la carrera a la baja en impuestos corporativos.

Considerar la posibilidad de hacer tributar a las multinacionales como empresas individuales y que los países desarrollados impongan una tasa mínima de impuesto de sociedades durante un período de transición.  

5. Jurisdicciones de baja tributación.

Combatir las guaridas fiscales e imponer sanciones y otras medidas para disuadir a los contribuyentes de eludir impuestos a través de estas jurisdicciones.

Crear listados propios de guaridas fiscales que utilicen efectivamente para la aplicación de medidas anti elusivas y se basen en criterio sólidos la baja tasa efectiva de impuesto sobre sociedades, la existencia de regímenes nocivos, o la posibilidad de intercambiar información en la práctica.

6. Intercambio automático de información.

Proveer altos niveles de transparencia y suscribir acuerdos de intercambio automático de información efectivos para identificar al beneficiario final de una transacción, con la creación de un registro de beneficiarios finales.

Establecer responsabilidades, y asegurar la plena participación y acceso de todos los países a esa información.

Desarrollar un sistema de intercambio de información más sistemático y regular que siente las bases para un futuro sistema multilateral y global de intercambio automático de información tributaria.

Hacer pública esa información en un plazo determinado.

7. Instituciones financieras internacionales.

Las instituciones financieras internacionales deberían:

  • fomentar una tributación progresiva y usar su capacidad técnica para ayudar a los gobiernos a ampliar su espacio fiscal y su capacidad redistributiva con arreglo a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

  • Contribuir eficazmente a la igualdad de género, con evaluaciones de impacto y eliminando el riesgo de efectos negativos en los derechos humanos de las mujeres resultantes de las condicionalidades.

  • Analizar no solo la probabilidad de que un préstamo sea devuelto, sino también sus efectos en el disfrute de los derechos humanos.

  • Abstenerse de la aplicación de reformas económicas que normalmente dan lugar a violaciones de los derechos humanos, sin llevar a cabo una evaluación ex ante de su posible impacto, y de lo contrario ser jurídicamente responsables por las violaciones de derechos generadas.


  

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Los Estados y las instituciones internacionales de las que hacen parte deben brindar asistencia y cooperación internacional en temas fiscales, y crear un entorno de gobernanza global adecuado, con el fin de lograr la plena realización de los derechos humanos.

Los actores no estatales, incluyendo las empresas, los intermediarios, y los profesionales del sector de la planificación fiscal deben:

14.1. Abstenerse de formular, adoptar, recomendar y financiar políticas y programas, o realizar prácticas corporativas, que directa o indirectamente obstaculicen el disfrute de los derechos humanos, o que ejerzan influencia indebida sobre la política fiscal de los Estados en formas que vayan en detrimento de los derechos humanos.

14.2. Cumplir tanto con la letra como con el espíritu de las leyes y regulaciones impositivas de los países en los que operan. Deberían adoptar procedimientos de debida diligencia que prevengan la evasión y la elusión fiscal, y abstenerse de incurrir en prácticas de planeación tributaria agresiva y de manipular sus precios de transferencia. Las empresas deben pagar una contribución justa de impuestos en el lugar donde ejercen su actividad.

 

Directrices

En función de este principio, estos actores no estatales deberían:

1. Diligencia debida.

  • Adoptar políticas apropiadas y procedimientos de diligencia debida.

  • Presentar informes desglosados por países y publicar información sobre los impuestos que pagan en cada uno de los países en que operan.

  • Diseñar y construir sistemas internos de evaluación que prevengan o mitiguen el impacto en los derechos humanos de cualquier estructura o transacción tributaria.

  • Las empresas deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina tributaria como elementos importantes de sus mecanismos de control y de sus sistemas de gestión de riesgos en sentido amplio. En particular, los consejos de administración deberán adoptar estrategias de gestión del riesgo tributario que permitan identificar y evaluar plenamente los riesgos financieros, reglamentarios y de reputación asociados con la tributación.

2. Evaluaciones de impacto.

Realizar evaluaciones ex ante y ex post sobre el impacto de sus propias actividades en los derechos humanos y sobre la igualdad de género.

3. Transparencia.

Tomar medidas para mostrar públicamente que pagan impuestos en el lugar donde sus operaciones comerciales realmente suceden, y que no solo registran sus ganancias a través de entidades legales ubicadas en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos.

Publicar información que permita a las personas interesadas en cada jurisdicción donde tiene una filial o residencia fiscal, comprobar su renta gravable, y obtener información sobre cómo se calculan y distribuyen sus beneficios y ganancias internacionalmente.  

4. Profesionales de la abogacía y la contabilidad.

ACIJ- Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia
CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales
CESR-Center For Economic and Social Rights
Dejusticia-Derecho Justicia Sociedad
Fundar-Centro de Análisis e Investigación
Inesc
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Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal (PD/DH/PF) © 2020