Las personas con discapacidad son el 15 % de la población mundial, y en América Latina y el Caribe suman 85 millones de personas. Si bien se trata de un grupo heterogéneo, algo tienen en común: enfrentan “diversas y severas barreras para participar en la vida social en igualdad de condiciones”. Su inclusión en las decisiones que tienen que ver con la política fiscal motivó a Alberto Vásquez y a Karina Huertas, del Center for Inclusive Policy (CIP), a escribir el artículo ‘Construyendo Políticas Fiscales Inclusivas para las personas con discapacidad’.
Entretanto, las políticas tributarias de la mayoría de países de nuestra región no generan los recursos suficientes para cerrar las brechas de acceso a servicios para garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, y los impuestos regresivos, que no tienen en cuenta la capacidad económica de las personas, tienen un impacto desproporcionado en esta población y sus familias, pues la discapacidad per sé afecta su capacidad económica.
El artículo, que pueden leer completo en nuestra web, se basa en nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal para orientar sobre cómo incluir la discapacidad en la formulación e implementación de las acciones que emprenden los gobiernos para obtener y asignar recursos públicos. Palabras más, palabras menos: para incorporar un enfoque de discapacidad en la política fiscal.
Vázquez y Huertas justifican este llamado por al menos dos razones: que nos permitirían estar más cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nuestra región podría asegurar una asignación de recursos “más efectiva, relevante e igualitaria, para promover la inclusión y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad”.
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