Aunque los impactos de la política monetaria en los derechos humanos son más indirectos que los de otras políticas macroeconómicas, como la política fiscal, no son por ello menos importantes, dado que esta política interfiere en la renta de las personas y, luego, en el acceso a los derechos.
La conexión indirecta pero significativa de la política monetaria con los derechos humanos puede ilustrarse con dos fenómenos e instrumentos típicamente relacionados con dicha política: la inflación y el otorgamiento de créditos. La inflación, en determinadas circunstancias, puede generar un riesgo muy cierto de comprometer el derecho a un nivel de vida adecuado, creando barreras para el acceso a la alimentación, la vivienda y los servicios básicos.
Por su parte, el acceso al crédito es un determinante cada vez mayor para la realización de ciertos derechos humanos que dependen de la prestación de servicios privados “mercantilizados”, que las personas frecuentemente no pueden solventar. A su vez, tanto el acceso como las condiciones de los créditos son, muchas veces, discriminatorios para ciertos grupos, en contra del principio de igualdad que los derechos humanos reconocen.
Los Bancos Centrales, entonces, no deberían permanecer indiferentes a los riesgos para los derechos humanos que generan sus decisiones. Tampoco deberían hacerlo otros organismos con incidencia en la “agenda monetaria global”, como el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, desde la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal resaltamos la importancia de examinar más profundamente la relación entre la política monetaria y los derechos humanos, a partir de los siguientes puntos de partida, alineados con las directrices contenidas en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal.
