El pasado 14 de noviembre, la Iniciativa co-organizó y estuvo presente en dos actividades autogestionadas en el marco del G20 Social. La tributación efectiva a los superricos y las oportunidades en materia de derechos humanos que la Convención Marco sobre tributación de la ONU puede brindar fueron los temas priorizados.

Por primera vez, Brasil fue presidente del G20, cuyo periodo estuvo marcado por una agenda enfocada en aspectos como la desigualdad, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la necesidad de incluir las voces y conocimientos de la sociedad civil; de ahí el nombre G20 Social.

La declaración final de la Cumbre de los Líderes, que representa las voces de los 19 países miembros, la Unión Europea y, por primera vez, la Unión Africana, exalta el deber de fortalecer el sistema multilateral de las Naciones Unidas, con énfasis en el ECOSOC y garantizar el cabal cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El documento refleja que la presidencia de Brasil avanzó en dos temas en materia económica: la propuesta de gravar de manera progresiva a los superricos y el impulso de las discusiones alrededor de este y otros temas monetarios y macroeconómicos que se articulan con las respectivas agendas nacionales.

Para Alejandro Gaggero, de nuestra organización miembro ACIJ, la importancia de las cumbres del G20 y el G20 social se da en que ampliaron la cantidad de actores que discutieron la agenda sobre la desigualdad fiscal internacional, la cual ha estado restringida a un número de participantes ‘tradicionales’. En ese sentido, no solo la presencia de ACIJ, CESR, INESC, Dejusticia, GI-ESCR y la RJFALC como miembros de la Iniciativa en Río de Janeiro ha marcado un hito en América Latina, sino que señala la evolución de un proceso global que se ha fortalecido por en los últimos años y que busca atajar problemas estructurales de índole mundial.

Además, el encuentro internacional promovió una fructífera sinergia dentro del movimiento social y, en especial, con otras organizaciones tributarias. Por ejemplo, “la red de fiscalidad feminista se alimentó de la presencia de más representantes de la sociedad civil, pues en el marco del G20, se realizó un curso de fiscalidad feminista que, de otra forma, no hubiese sido tan fácil de lograr”, resaltó Gaggero. Destacó la necesidad de que la sociedad civil aumente su participación en estos espacios y foros internacionales, de modo que se puedan plantear nuevos procesos de cooperación internacional, sobre todo por la naturaleza de los problemas de derechos humanos que están vinculados a la globalización y financiarización internacional.

Asimismo, la Iniciativa co-organizó y estuvo presente en dos eventos autogestionados el 14 de noviembre. Sobre este encuentro, María Emilia Mamberti, de nuestra organización miembro CESR, resaltó la importancia de conectar las discusiones del G20 con otras que están teniendo lugar en otros foros internacionales, donde los temas que el G20 pone en agenda pueden ser desarrollados con mayor detalle. La oportunidad que la negociación de una Convención de Cooperación Tributaria en las Naciones Unidas trae para desarrollar un protocolo para poner en práctica la tributación de las superricos es el mejor ejemplo de esas sinergias.
La presidencia de Brasil abrió la puerta a que este y otros foros internacionales enfrenten la rápida degradación de derechos humanos a nivel global y la falta de compromiso para cumplir los acuerdos más urgentes. Ahora, releva su mandato a Sudáfrica, quien tendrá a cargo la tarea de hacer seguimiento a los nuevos compromisos y expandir las soluciones hacia otros temas, como la deuda soberana y una ruta de financiación climática acorde con las necesidades del Sur Global.

De izquierda a derecha, Henrique Frota (Abong/C20), María Emilia Mamberti (CESR), Nathalie Beghin (INESC), Elaine Barbosa (Plataforma Justa) y Camila Maia (GI-ESCR) participaron en el encuentro “La importancia de la Convención Marco sobre cooperación tributaria internacional de las Naciones Unidas para promover la realización progresiva de los derechos humanos”.