La primera presidencia de Brasil en el G20 ha impulsado una agenda social que requiere nuevos mecanismos para su realización. La iniciativa que más ha llamado la atención es el cobro efectivo de un impuesto del 2% a los ‘superricos’. ¿En qué consiste este mecanismo?
En febrero de 2024, tras una reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 - G20, liderada por Brasil, se le encargó al economista francés Gabriel Zucman la redacción de un informe para implementar un mecanismo fiscal coordinado que obligue a los milmillonarios en dólares a pagar un impuesto mínimo anual del 2% de su riqueza. La nueva propuesta se acaba de publicar en el “Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto” (A blueprint for a coordinated minimum tax on ultra-high-net-worth individuals, en inglés).
El pedido de Brasil surge por una preocupación mundial derivada del crecimiento de las grandes fortunas, la falta de transparencia con respecto a la posesión y medición de esos activos, y el deterioro de la base fiscal en la mayoría de los países del mundo. El informe se refiere a las fortunas del 0.01% de la población mundial, cuyas tasas de tributación efectiva se reducen en comparación al 99.99% restante. En el caso de Italia y Holanda, por ejemplo, este problema se produce desde los percentiles 95 a 99.
Los procedimientos para hacer efectiva esta propuesta son variados, como un impuesto a la renta presuntiva, un impuesto a la renta sobre un concepto amplio de renta o un impuesto al patrimonio de mínimo el 2% a los 3,000 hogares más ricos del mundo. El resultado, hasta 250 mil millones de dólares de recaudación anual solo por cobrar el 2% anual de la riqueza de los milmillonarios. Si el impuesto se extiende a los centimillonarios, la recaudación podría aumentar hasta 140 mil millones de dólares adicionales.
La Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal saluda esta propuesta y reconoce que el mecanismo tributario propuesto por el informe se alinea con sus objetivos, en especial el Principio 10, que solicita a los países movilizar el máximo de recursos disponibles para lograr la efectividad de los DESCA, en su apartado sobre la generación de ingresos, actividad que debe realizarse de manera progresiva y sostenible, lo cual implica ampliar el espacio fiscal mediante recursos que no están siendo movilizados. En este caso, representados en los marcos fiscales regresivos que solo benefician a los ‘superricos’.
Aún quedan varios retos por afrontar, tanto en la falta de información pública sobre beneficiarios finales—personas naturales que ejercen propiedad y control sobre las empresas—, como en una verdadera cooperación internacional en materia fiscal, sobre todo para contrarrestar el peso de los países que decidan no cooperar con la implementación de la propuesta.
Sin embargo, este informe solo es una ventana para que, de manera democrática, se decida la mejor forma de implementar este posible impuesto, así como cualquier intento para reformar el sistema fiscal internacional. La Iniciativa aboga para que discusiones de esta índole alimenten la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Cooperación Tributaria Internacional, cuyo segundo ciclo de discusiones sobre los términos de referencia se dará este mes. La tributación a las grandes fortunas requiere de una cooperación internacional capaz de eliminar los incentivos para la evasión fiscal y promover el seguimiento de los flujos financieros internacionales. Un sistema robusto, democrático y transparente es la única manera de lograr que propuestas como las presentadas por Zucman se realicen.
