Al menos 140 países reconocen el derecho a la salud como un derecho humano en sus constituciones. Sin embargo, tal y como se evidenció durante la pandemia por COVID-19, los desafíos para asegurar el acceso universal a una salud de calidad persisten en los países de América Latina y el Caribe.
Parte de estos desafíos se relacionan con la fragmentación en el financiamiento y gestión de la salud, donde conviven sistemas públicos y privados, que generan problemas para asegurar la accesibilidad y cobertura universal en condiciones de igualdad. Por ello, existe un consenso sobre la necesidad de aumentar el gasto destinado a sistemas públicos de la salud, sobre todo en programas focalizados a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad que, además, garantice a las poblaciones rurales y pueblos indígenas el acceso a la salud.
Ampliar el espacio fiscal para gastar más en salud es también parte del consenso entre quienes estudian la temática. Se debe analizar la política fiscal de manera integral, para evaluar en qué medida contribuye o no a materializar el derecho a la salud reconocido en la ley. Además, se debe comprender que la política fiscal va más allá del financiamiento. Por ejemplo, puede cumplir un rol preventivo en salud (como sucede con los subsidios a la producción de alimentos saludables o los impuestos especiales a las bebidas azucaradas o a las tabacaleras) y promover tanto conductas buenas como dañinas para la salud.
Un correcto uso de los recursos destinados a la salud deviene en su eficacia para disminuir los “gastos de bolsillo” de los usuarios de servicios de salud. En términos simples, estos gastos corresponden a los desembolsos que
realizan las familias “de su propio bolsillo” para solventar gastos de salud. El porcentaje de gasto de bolsillo según gasto total en salud es un indicador que puede ser útil para evaluar si un sistema de salud no otorga suficiente cobertura a las familias de un país. Además, puesto que se trata de un gasto que sale directamente de la economía de los hogares, suele tener efectos desproporcionados sobre los sectores más pobres de la población, y por eso resulta un gasto esencialmente inequitativo.
Para alimentar esta discusión e incentivar mejores medidas en América Latina, las organizaciones de la Iniciativa por los derechos humanos en la política fiscal redactaron un informe sobre cómo garantizar el derecho a la salud en la región. El documento parte de los estándares establecidos por nuestros Principios para analizar en qué medida algunos países de la región realizan esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de derechos humanos respecto del derecho a la salud mediante sus políticas fiscales. Los casos de estudio fueron Argentina, Brasil, Colombia y México y sus políticas fueron comprendidas bajo siete de los 15 Principios.
Entre las recomendaciones que sugerimos a los cuatro países estudiados están: aumentar la inversión pública en el sistema público de salud y avanzar hacia un sistema financiado sobre la base de impuestos altamente progresivos; aumentar los gastos en programas específicos, como los destinados a la infancia; estimular la producción y venta de medicamentos genéricos; y ampliar los espacios de participación social en la asignación y seguimiento de las inversiones en salud.
