La Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, el principal resultado de la Primera Cumbre Ministerial para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, ya completa dos meses de haber sido anunciada con bombo por ministros y altos funcionarios de 16 países de la región.

Esta plataforma, cuya secretaría técnica está a cargo de la CEPAL y tiene como presidencia pro témpore al Gobierno de Colombia, busca ser una instancia permanente para que los países de América Latina y el Caribe discutan y se coordinen en asuntos regionales relacionados con tributación.

Sin embargo, las discusiones y decisiones en materia de tributación global no pueden seguir en manos de gobiernos y otros actores que solo dialogan entre sí.  La sociedad civil ha insistido en que estas acciones deben ser participativas, promover la igualdad sustantiva e incorporar las perspectivas de poblaciones históricamente discriminadas que han estado por fuera de los debates fiscales. Esta idea se alinea con varios de nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal.

Por ello, resulta positivo que la declaración que firmaron los ministros durante la Cumbre de Cartagena resalte de forma explícita los esfuerzos para que, en adelante, las políticas tributarias internacionales y regionales sean “incluyentes, equitativas, sostenibles ambiental y socialmente, y favorables al crecimiento, la reducción de las desigualdades y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Para lograrlo, es fundamental que la mayor cantidad de personas, comunidades y organizaciones se involucren y aprovechen la oportunidad única que ofrece la nueva Plataforma, pues solo con la participación de la sociedad el espacio puede ser sostenible sin depender de la voluntad de los gobiernos de turno, y más bien transformarse en un compromiso para lograr una nueva forma de hacer política pública en nuestra región.

Teniendo en cuenta esto, consultamos a varios representantes de movimientos sociales de América Latina y el Caribe que estuvieron presentes durante los diálogos de la sociedad civil que acompañaron la Cumbre. Representantes de pueblos indígenas, líderes afro, feministas, activistas por el derecho a la salud y la lucha contra el cambio climático, entre otras y otros, coinciden en que hacer parte activa de este episodio de la historia por la justicia social es fundamental.

Sonia Astuhuaman Pardave, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

“Los gobiernos de América Latina tienen que entender que los pueblos somos guardianes y cuidadores de todas las fuentes de vida y merecemos tener participación y no ser olvidados en las decisiones sobre tributación global. Aquí estamos para dialogar armoniosamente y hacer entender que nuestra Madre Tierra no es para deprenderla, que el uso de los recursos debe decidirse por personas muy coherentes, sensibles, o, de lo contrario, atropellarán nuestros derechos. La tributación global incluyente y equitativa es un instrumento muy importante para nuestro empoderamiento como pueblos indígenas, pues nos permite compartir las soluciones que sabemos que pueden resolver tantas crisis. Ahora, con esta nueva herramienta, vamos a poder tocar el talón de Aquiles de quienes se oponen a que la distribución de los tributos sea justa y equitativa”. 

Abraham Caraballo, Ilex Acción Jurídica (Colombia)

“La justicia fiscal es el instrumento predilecto para alcanzar la justicia racial, pues la progresividad tributaria disminuye disparidades y materializa nuestros derechos. Por ejemplo, en Colombia existe un derecho fundamental para las comunidades negras de acceder a territorio, pero eso solo puede garantizarse si hay un esfuerzo fiscal amplio. Solo con los recursos necesarios podemos ampliar ese derecho y así contribuir a la disminución de desigualdades étnico-raciales. Es por eso que la política fiscal debería dejarse de ver como un medio de estabilización macroeconómica, y empezar a entenderse más como un medio para seguir una senda de desarrollo en el que la cooperación entre países muestra mejores rutas”.

Juliana Arias y Laura Almanza, movimiento juvenil Life of Pachamama

“En los escenarios donde se discute la tributación global no hay tanta representación de las comunidades de base, y aún menos de las más vulnerables, de esas que trabajan desde sus territorios para enfrentar cara a cara las consecuencias del cambio climático. Esto ocurre porque existe un problema asociado a cómo se perciben los impuestos. Para muchas y muchos, el tecnicismo y la complejidad del tema se convierte en un obstáculo para entender por qué esto es importante y por qué todo el mundo debería estar representado en el debate. El reto entonces es usar otro lenguaje más sencillo y acercar la justicia fiscal a los niños y jóvenes y a la justicia intergeneracional, construyendo caminos colectivos para decidir cómo y de dónde se van a obtener los recursos para financiar la lucha contra el cambio climático”.

Candelaria Botto, Ecofeminita

“La generación de espacios para debatir entre distintos sectores de los países sobre los acuerdos regionales latinoamericanos es muy importante, pero necesitamos superar la subrepresentación de los movimientos más territoriales. Quienes estamos más involucradas en el tema de la tributación global somos activistas, pero casi somos todas somos también académicas con algunas alianzas con movimientos territoriales. Sin embargo, son estas mujeres de los territorios las que ponen todos los recursos para suplir las demandas de cuidado que no resuelven los estados. Tenemos la responsabilidad de mantener un diálogo con ellas, de construir y compartir narrativas donde se entienda por qué es importante la tributación en la vida cotidiana de las personas y sus derechos”.

Germán Niño, FOSPA

“El diálogo alrededor de la tributación global permite que, por primera vez en muchos años, se abra un espacio para la participación de sectores muy diversos de la sociedad civil en el tema fiscal. La agenda de la justicia fiscal nos permite explorar una amplia gama de aspectos que van desde la relación con los derechos humanos y la transparencia, hasta las acciones contra el cambio climático y la industria digital. Eso es importante, porque en la medida en que se equilibra el tema político con la participación de la sociedad civil, dejamos de hablar solo de impuestos y vamos hacia la creación y promoción de una cultura fiscal que asegure la gobernabilidad”.