Si bien la política monetaria, esa que ayuda a administrar la moneda y las tasas de interés en un país, tiene un rol determinante en la movilización de recursos públicos, suele estar lejos de los debates políticos e involucra muy poco a los sectores sociales. No obstante, fenómenos como el de la creciente inflación, que afecta el empleo, han puesto las miradas de muchos actores sobre el tema, acercándolo incluso a los debates de cambio climático y derechos humanos.
Según un reciente documento elaborado por nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, y en la que aportaron integrantes de nuestro Comité de Expertos y Expertas, la relación entre política monetaria y acceso a derechos está mediada por la renta de las personas. Por ejemplo, la subida o bajada de las tasas de interés (la medida insignia de la banca central) impacta en el derecho al trabajo, o la política monetaria determina el presupuesto que los gobiernos pueden o no destinar a programas sociales o a emergencias como la de la pandemia por COVID-19.
Lo anterior confirma que los bancos centrales y otros organismos que inciden en la agenda monetaria global no deberían ser indiferentes a los riesgos que sus decisiones traen para los derechos humanos. Es por eso que, a partir de las directrices de nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, resaltamos 10 pautas que estos actores deberían tener en cuenta:
- Actuar y decidir según las leyes y disposiciones constitucionales vigentes, incluidos los compromisos en materia de derechos humanos, pues los bancos centrales son organismos del Estado.
- Realizar evaluaciones de impacto de sus decisiones, como el aumento de las tasas de interés, con la lupa de los derechos humanos, pues sus políticas afectan a distintos grupos de la sociedad.
- Promover un sistema crediticio justo e igualitario, que reconozca las posibles discriminaciones que existen entre ciertos grupos para acceder a créditos.
- Reconocer que la inflación es multicausal, que requiere instrumentos que van más allá del manejo de las tasas de interés, como evitar regresiones en la asignación de presupuestos anuales para políticas sociales (salario mínimo o transferencias de renta).
- Evitar ajustes monetarios recesivos y aumentos excesivos de las tasas de interés si no son necesarios. Los requisitos que desde el marco de derechos humanos se fijaron para validar medidas regresivas (temporalidad, necesidad, y carácter participativo) pueden ser un referente.
- Usar la política monetaria y el endeudamiento como instrumentos para la consecución de los recursos necesarios para la garantía plena de los derechos y la eliminación de las discriminaciones.
- Asegurar una política monetaria transparente, participativa y democrática.
- Asegurar que su política monetaria sea coherente con otras políticas relevantes, como la política fiscal, con el fin de prevenir crisis que pongan en riesgo los derechos.
- Abstenerse de interferir de manera directa o indirecta en los derechos humanos de las personas en los territorios de otros países.
- Las instituciones financieras internacionales deberían incluir consideraciones de derechos humanos cuando realizan recomendaciones en torno a la política monetaria de los países a los que prestan asistencia.
