Del 15 al 23 de julio de 2026
Las semanas por la justicia fiscal y los derechos humanos son el encuentro académico más importante de la Iniciativa. Durante años, personas expertas en diversos temas han expuesto sus argumentos para fortalecer e integrar nuestros principios de manera transversal. En su sexta versión dedicamos cuatro encuentros —tres virtuales y uno presencial— al alcance de la Resolución No. 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos, al papel de los servicios públicos en la construcción de sociedades más igualitarias, a la economía y las finanzas de una transición energética justa, y a las implicaciones presupuestarias del reconocimiento constitucional de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
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Los encuentros de la sexta edición llegan en un contexto en el que las instituciones democráticas, la cooperación multilateral y los derechos humanos enfrentan crecientes desafíos y en el que, aun así, siguen surgiendo avances desde los sistemas internacionales y regionales de protección. La Resolución 2/26, adoptada el 28 de abril de 2026 por la CIDH con el apoyo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), es el primer pronunciamiento integral del Sistema Interamericano que fija estándares sobre cómo las políticas tributarias, presupuestarias y de endeudamiento deben contribuir a garantizar los derechos humanos. Ese hito ordenó buena parte de la conversación de la Semana y proyectó sus implicaciones hacia la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Los cuatro encuentros están reseñados aquí.
Tributar para el bien común: impulsar los servicios públicos en América Latina y el Caribe mediante la Convención Fiscal de la ONU
Miércoles 15 de julio · Evento virtual · Organiza: GI-ESCR
La Semana abrió con una capacitación estratégica dirigida a organizaciones y movimientos del sector de servicios públicos de América Latina y el Caribe, bajo la premisa de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional es la primera oportunidad real en décadas de modificar las reglas tributarias internacionales en favor del Sur Global, y de que el movimiento de servicios públicos debe formar parte de esa conversación. La sesión trabajó cuatro objetivos: comprender qué es la Convención Marco y por qué surgió; entender la relación entre las normas fiscales internacionales y el financiamiento de los servicios públicos; identificar qué está en juego en las negociaciones para los servicios públicos de cada país; y ubicar puntos de entrada concretos para participar en el proceso al nivel más pertinente para cada agenda organizativa. Entre las organizaciones participantes, la Fundación Crisálida, de Tucumán, destacó haber salido del encuentro preparada para involucrarse tanto en el plano político como en el práctico.
El alcance de la Resolución 2/26 de la CIDH sobre políticas fiscales y derechos humanos en las Américas
Viernes 17 de julio · Evento virtual · Organiza: la Iniciativa, con moderación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y CESR
El encuentro central de la Semana analizó la relevancia jurídica y política de la Resolución 2/26, sus implicaciones para los Estados y las oportunidades que abre para impulsar políticas fiscales más justas, progresivas y compatibles con los derechos humanos. La agenda cubrió la tributación progresiva, la movilización del máximo de los recursos disponibles, la austeridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el papel de la resolución en los procesos internacionales, incluida la futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Moderaron María Emilia Mamberti, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y Juan Auz, del Center for Economic and Social Rights. El panel reunió a Javier Palummo, Relator Especial de la REDESCA; Julieta Rossi, experta independiente del Comité DESC de la ONU; Agustina O’Donnell, jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina; y Andrés Marcelo Díaz Fernández, Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El costo de transformar el futuro: la economía y las finanzas de una transición energética justa en Colombia
Jueves 23 de julio · Evento presencial, auditorio de Dejusticia, Bogotá · Organizan: Diorama Initiative, Observatorio Fiscal de la Javeriana y Dejusticia
La única sesión presencial de la Semana reunió a la academia y la sociedad civil para discutir cómo movilizar recursos para la transición energética en Colombia y la región desde una perspectiva de sostenibilidad económica y fiscal. El foro partió de una tensión concreta: avanzar hacia sistemas energéticos sostenibles exige inversiones cuantiosas y reformas institucionales, mientras los países de la región enfrentan restricciones fiscales, dependencia de actividades extractivas —en el caso colombiano, de manera marcada—, desigualdades territoriales y la obligación de distribuir con justicia los costos y beneficios del proceso. La coyuntura de un nuevo gobierno en Colombia dio una urgencia adicional al debate.
Con la moderación de Mariana Matamoros Cárdenas, la jornada se organizó en tres conversatorios. El primero, sobre oportunidades y desafíos de la política pública, contó con Julia Miranda, excongresista, y Juan Sebastián Pardo, de Oxfam Colombia, quienes abordaron las lecciones de la experiencia legislativa reciente, las barreras institucionales y el riesgo de que los costos de la transición recaigan de manera desproporcionada sobre los hogares más vulnerables y las regiones más dependientes de los combustibles fósiles. El segundo, a cargo de Santiago Barbosa, de Diorama Initiative, planteó la transición como un desafío económico, fiscal y constitucional, y no solo ambiental. El tercero, sobre el papel de la política fiscal, reunió a José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, y a Rodrigo Uprimny, investigador senior de Dejusticia, en torno a las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente al ambiente y el cambio climático, el estado actual de las regalías y su peso en los territorios, y las medidas fiscales —incluidos los beneficios tributarios— necesarias para una transición justa. Un diálogo con el público cerró la jornada, orientado a elaborar una agenda preliminar de recomendaciones de política pública. El eje conecta con uno de los desarrollos más novedosos de la Resolución 2/26, que reconoce la política fiscal como herramienta clave para la justicia climática e insta a los Estados a implementar tributos ambientales que desincentiven actividades dañinas y movilicen recursos para una transición energética justa.
Hacia un nuevo paradigma fiscal: implicaciones presupuestarias de la reforma constitucional indígena y afromexicana
Jueves 23 de julio · Evento virtual · Organiza: Fundar
La Semana cerró con una reflexión colectiva sobre las implicaciones prácticas de la reforma constitucional indígena y afromexicana de 2024 en México, con el foco puesto en la autonomía de los pueblos y comunidades para gestionar de manera directa sus propios presupuestos, y en los obstáculos y aprendizajes que ese proceso conlleva. El diálogo se organizó alrededor de un conjunto de preguntas: si la reforma se ha traducido en más presupuesto efectivamente administrado por las comunidades; qué significa en la práctica esa administración directa y qué capacidades institucionales y técnicas exige; qué aprendizajes y buenas prácticas pueden compartir las comunidades que ya accedieron a ella; qué beneficios concretos ha traído o podría traer en salud, educación, infraestructura y cultura; y cómo se vincula ese presupuesto con los planes de vida, los usos y costumbres y los sistemas normativos internos de cada comunidad.
Participaron Maira Olivo, coordinadora de Tierra y Territorio de Fundar; Juan Carlos Martínez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Gabriel Pérez, autoridad comunitaria de San Juan Bosco Chuxnabán, municipio de San Miguel Quetzaltepec, en el Distrito Mixe de Oaxaca; e Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar. La sesión dialoga con los numerales 1.5 y 3.4 de la Resolución 2/26, sobre enfoques diferenciados, interseccionales e interculturales en todas las etapas de la política fiscal y sobre igualdad y no discriminación en la orientación del gasto público.
Mini clases
Lecciones rápidas para comprender la justicia fiscal
La sexta edición sumó cuatro mini clases en video, disponibles en el canal de la Iniciativa.
Reflexiones
Blogs de nuestras organizaciones miembros sobre cuestiones clave de justicia fiscal en la región
- La CIDH da un paso histórico para impulsar la justicia fiscal en la región — Cómo la Comisión, apoyándose en su propia trayectoria, fijó las bases de la relación entre derechos humanos e instrumentos fiscales y dio pautas concretas para que los Estados evalúen y alineen sus políticas con sus obligaciones.
- El camino colectivo de la Resolución 2/26 de la CIDH para la justicia fiscal en las Américas — Por Juan Auz (CESR). Recorre el proceso de consulta —diálogos de alto nivel, audiencia pública regional, cuestionarios y talleres con expertas, academia, Estados y sociedad civil— que convirtió una demanda de la sociedad civil en estándar interamericano, y señala la sintonía conceptual entre la resolución y los 15 Principios de la Iniciativa.
- Movilizar recursos sí, pero para reducir la desigualdad — Por Mariana Matamoros (Dejusticia). El debate sobre recaudar más, endeudarse de manera responsable o recortar gasto no puede desligarse de la pregunta sobre quién soporta la carga y quién se beneficia.
- Los derechos humanos en el centro de la política fiscal — La resolución marca un antes y un después en la conversación pública: la política fiscal no es un asunto técnico aislado, sino que determina quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias al decidir el destino del dinero público.
- Deuda pública y derechos humanos: un cambio de paradigma necesario para América Latina — Las herramientas que la Resolución 2/26 propone para evaluar los impactos de la deuda en términos amplios y con plazos más largos.
¿Quién organiza la Sexta Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos?
Esta serie de eventos es organizada por la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal y su Comité Impulsor, compuesto por ocho organizaciones de la región a cargo de la administración de la iniciativa y la comunicación y difusión de los Principios: ACIJ, CELS, CESR, Dejusticia, Fundar, Inesc, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y GI-ESCR. En esta edición, las sesiones estuvieron a cargo de GI-ESCR (15 de julio); la Iniciativa, con moderación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y CESR (17 de julio); Dejusticia, junto con Diorama Initiative y el Observatorio Fiscal de la Javeriana (23 de julio, Bogotá); y Fundar (23 de julio, virtual).
Juntas, estas organizaciones buscamos desarrollar y promover los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un compendio que traduce las pautas generales de Derechos Humanos en guías más concretas de fácil implementación. La iniciativa es un proyecto enfocado en América Latina y el Caribe, organizado de forma abierta, colaborativa, interdisciplinaria y diversa en términos de género y región.
Si tienes alguna duda o aporte para próximos encuentros, escríbenos a info@derechosypoliticafiscal.org o a derechosypoliticafiscal@gmail.com.