Impulsada por años de incidencia de organizaciones sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución pionera que consolida el papel de la justicia fiscal como elemento fundamental para garantizar derechos humanos.
Por María Emilia Mamberti, abogada especialista en temas económicos, miembro del área de Justicia Fiscal de Latindadd.
En un contexto de grandes desafíos para las instituciones multilaterales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado recientemente cómo las organizaciones internacionales pueden mantenerse relevantes, innovadoras, y sensibles a los contextos socio-políticos en los que operan. Así lo hizo al publicar su Resolución 2/26 sobre “Políticas fiscales y derechos humanos en las américas” en la que, basándose en la larga trayectoria del organismo en el tema, fijó las bases de la relación entre derechos humanos e instrumentos fiscales. En su Resolución, la CIDH dio pautas concretas para que los Estados miembros del sistema interamericano evalúen y alineen sus políticas con sus obligaciones de derechos humanos.
La Resolución trata los temas centrales de la justicia fiscal en la región. Por ejemplo, consagra la progresividad tributaria como un deber de derechos humanos. En otras palabras, los sistemas fiscales deben gravar con mayor intensidad las rentas altas, el patrimonio y las ganancias del capital, y reducir la dependencia de impuestos indirectos que operan de manera regresiva sobre los sectores de menores ingresos. Además, la Resolución interpreta la evasión y la elusión como una vulneración indirecta de derechos humanos, al erosionar el espacio fiscal disponible para financiar servicios públicos esenciales.
La Resolución agrega que, como regla general, los Estados deben abstenerse de adoptar medidas de austeridad. Sin embargo, en línea con interpretaciones existentes, considera que ellas pueden ser admisibles de manera excepcional (por ejemplo, con una justificación muy estricta y una protección reforzada de grupos vulnerables). Sin embargo, esta lectura abre la puerta a que se profundicen las medidas de ajuste fiscal en la región. Latindadd ha documentado recientemente cómo muchos países de la región recurren de manera rutinaria a medidas de austeridad, como una preferencia política a la alternativa aumentar los ingresos fiscales de manera progresiva.
A pesar de que los estándares de justicia fiscal de la Resolución parecen intuitivos, en países a lo largo de toda nuestra región resta mucho camino por recorrer para alcanzarlos. Las recientes giras multiactor de Latindadd muestran, por ejemplo, persistentes abusos fiscales por parte de empresas, o la necesidad de movilizar recursos adicionales, de manera progresiva, para derechos básicos como los de las infancias.
La Resolución muestra también cómo los estándares de derechos humanos pueden construirse “de abajo hacia arriba”, y ser movilizados no solo cómo estándares normativos formales, sino como herramientas para apoyar reivindicaciones sociales en varios espacios. Organizaciones de varios países de América Latina y el Caribe le han solicitado a la CIDH durante años que abordara de manera decisiva la centralidad de la política fiscal para el cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos, y lograron así mover la fiscalidad de las márgenes al centro de la agenda interamericana. El contenido de la resolución, que incorpora de manera sistemática temas de clima y ambiente, género y cuidados, y discirminación racial, refuerza una lectura robusta de los derechos humanos y conectada con las demandas de movimientos sociales por parte de la Comisión.
Este entendimiento progresista del marco de derecho humanos, en el que la región es una pionera, genera círculos virtuosos que abren nuevas oportunidades de incidencia para avanzar la justicia fiscal. Esto se refleja, por ejemplo, en el liderazgo que muchos países de la región han tenido para introducir y defender el lenguaje de derechos humanos en el texto en negociación para la actual Convención Marco de Cooperación Tributaria en las Naciones Unidas. Es esencial, entonces, que en las siguientes fases de la negociación de la Convención sean tenidas en cuenta las interpretaciones relevantes de la CIDH.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH ha cumplido un rol trascendental tanto para materializar la Resolución, como para construir interpretaciones de las normas interamericanas a lo largo de los años. En su trabajo, la REDESCA ha usado un enfoque participativo, convocando a una variedad de representantes de la academia, la sociedad civil y los movimientos sociales a consultas formales e informales, audiencias temáticas, y otras actividades públicas. Este enfoque ilustra con un ejemplo concreto cómo las instituciones pueden construir conocimiento y propuestas rigurosas en temas fiscales de manera colaborativa y abierta, como la región también modela, de manera pionera, mediante el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PT-LAC).