Sobre la Iniciativa
La Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal busca desarrollar y promover un compendio de principios y directrices que sintetizan los estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal.
El compendio traduce las pautas generales de derechos humanos en guías más concretas de fácil implementación, en base a un análisis riguroso de distintas fuentes. Además de generar dicho documento, el proyecto aspira a alentar el uso y la implementación de los principios y directrices por agentes regionales, nacionales y locales.
La Iniciativa cuenta con un Comité Impulsor que nuclea organizaciones de la región con amplia experiencia en temas de política fiscal y derechos humanos; y un Comité de Expertos y Expertas que guían la redacción del documento.
Quiénes somos
La Iniciativa por los principios de derechos humanos en la Política Fiscal cuenta con distintas estructuras de trabajo. En todos los casos se promueve la diversidad de género, regional, y de disciplinas de quienes integran las estructuras, para asegurar que el proceso de desarrollo y difusión de los principios y directrices sea abierto, informado y representativo.
El proyecto
La Iniciativa desarrolla y promueve un documento de principios generales y directrices específicas sobre estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal. Pone a los derechos humanos en el centro de las discusiones fiscales.
Equipo
Conoce al grupo de expertos y expertas de distintas disciplinas y países que contribuyen al desarrollo de los principios y directrices, y a las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la iniciativa.
Historia
Las bases de la Iniciativa se sentaron hace años, cuando distintas organizaciones y personas de toda América Latina y el Caribe comenzaron a trabajar en el campo de justicia fiscal y derechos humanos
Datos
- 12 expertas y expertos
- Diversidad de género
- Comité Interdisciplinario
- 8 organizaciones de la sociedad civil
- 8 diálogos virtuales.
La iniciativa es un proyecto enfocado en América Latina y el Caribe, organizado de forma abierta, colaborativa, interdisciplinaria, y diversa en términos de género y regionales.
¿Qué es la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal?
La Iniciativa por los principios de derechos humanos en la Política Fiscal desarrolló los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, y su uso por una diversidad de agentes regionales, nacionales y locales. Los Principios sintetizan los estándares de Derechos Humanos aplicables a la Política Fiscal, y los traduce guías más concretas de fácil implementación, en base a un análisis riguroso de distintas fuentes.
La iniciativa es un proyecto enfocado en América Latina y el Caribe, organizado de forma abierta, colaborativa, interdisciplinaria, y diversa en términos de género y regionales.
Cuenta con dos grandes estructuras:
• Un Comité de Expertas y Expertos, a cargo de la redacción y adopción de los principios y directrices.
• Un Comité Impulsor, compuesto por siete organizaciones de la región a cargo de la administración de la iniciativa y la comunicación y difusión de los principios y directrices. Los detalles sobre quiénes integran y apoyan esta iniciativa pueden consultarse en la sección.
¿Cómo surgió la Iniciativa?
Desde la crisis económica global del 2008 se han generado avances relevantes en el mundo de los derechos humanos (tanto desde los sistemas de protección y promoción de derechos, como desde la sociedad civil) que muestran cómo ellos se vinculan con la política fiscal. Sobre la base de estos avances, durante los últimos años se ha consolidado un grupo regional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de justicia fiscal y derechos humanos, a partir de una reunión de estrategia internacional llevada a cabo en Lima en 2015.
Desde entonces, la temática se ha posicionado ante distintos organismos regionales e internacionales, a quienes se ha ofrecido evidencia acerca de cómo decisiones fiscales como la tributación regresiva impactan negativamente en los derechos. La cuestión ha sido puesta especialmente a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante distintas vías. En 2017, ella incluyó el análisis sobre el rol de la política fiscal en el combate a la pobreza en su informe temático sobre “Pobreza y Derechos Humanos”. Allí, la CIDH señaló que las obligaciones de derechos humanos son plenamente aplicables a la política fiscal y deben implementarse en todo el ciclo de las políticas.
En este contexto de oportunidad surge la iniciativa, luego años de aprendizaje mutuo, definición de bases comunes, y realización de distintas conversaciones y consultas informales con agentes relevantes en distintos niveles de acción en el ámbito nacional, regional e internacional.
¿Qué motiva la Iniciativa?
La Iniciativa busca que el abordaje de la política fiscal se haga desde la perspectiva de la equidad, la legitimidad y la justicia, y poner a los derechos humanos en el centro de las consideraciones del campo fiscal.
Si bien los derechos humanos y la política fiscal están íntimamente relacionados (movilizar recursos es esencial para el cumplimiento de todos los derechos, y éstos a su vez pueden contribuir a mejorar significativamente la calidad de las políticas), en los hechos las implicaciones fiscales de los derechos humanos no están completamente sistematizadas ni son consideradas rutinariamente. Esta “desconexión” tiene muchísimas consecuencias negativas, que se agravan en contextos de inestabilidad o crisis económica y frente a la adopción de medidas de austeridad fiscal.
Los problemas derivados de la desconsideración de los derechos humanos en las decisiones fiscales es especialmente grave en América Latina y el Caribe. La región está caracterizada por una muy marcada desigualdad, por recurrentes crisis económicas que se utilizan para justificar medidas de austeridad severas, por una explotación sub-regulada de los recursos naturales, preocupantes índices de pobreza y la percepción de una muy extendida corrupción.
En este escenario, la Iniciativa busca destacar el potencial que la política fiscal tiene para la realización de los derechos humanos. Provee un marco un marco normativo y metodológico claro y específico para la aplicación de los principios de derechos humanos en el diseño, implementación, monitoreo y rendición de cuentas en materia fiscal.
Este enfoque permitiría robustecer la rendición de cuentas de los gobiernos, y ayudaría a los estados a establecer criterios de priorización en la distribución de los recursos, prevenir las crisis sociales que se derivan de los recortes de recursos públicos, mitigar los impactos que las políticas de austeridad fiscal, y fortalecer el potencial distributivo y la eficiencia de la política fiscal en escenarios de mayor estabilidad.
¿A quién está destinada la Iniciativa?
La Iniciativa está destinada a un público muy amplio:
- Agentes institucionales (de gobiernos nacionales y locales -incluyendo integrantes del Poder Judicial-, pero también de organismos regionales e internacionales con diferentes mandatos);
Movimientos sociales, - Entidades académicas
- Organizaciones de la sociedad civil.
Busca construir alianzas intersectoriales y reunir a los movimientos de justicia fiscal, derechos humanos y desarrollo, entre otros.
Línea de tiempo
Acá puedes ver un breve resumen de los Eventos principales de La Iniciativa.
Organizaciones
Expertos y Expertas
Procesos de diálogo
¿Cómo está organizada?
La Iniciativa está organizada en base a dos cuerpos principales:
Comité Impulsor y Comité de Expertas y Expertos
Comité Impulsor
Está conformado por un grupo de organizaciones y redes con experiencia amplia y reconocida en los campos de derechos humanos y justicia fiscal en América Latina y el Caribe. Las organizaciones aportan conocimientos en temas de transparencia, análisis presupuestario, combate a los flujos financieros ilícitos, financiamiento del desarrollo, y monitoreo de derechos humanos, entre otras cosas.
El Comité Impulsor ejerce la coordinación general del proyecto y lleva adelante las acciones operativas, de comunicaciones y difusión. Aporta un amplio conocimiento y experiencia en la temática (ver antecedentes de la iniciativa). La Secretaría Ejecutiva del proyecto es ejercida por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés).
Organizaciones del Comité
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, asi como también contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.
Centro de Estudios Legales y Sociales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional. Hoy las principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humanos; la inclusión social y los derechos económicos sociales y culturales, en especial en lo relacionado con el acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud mental; las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de expresión.
Center for Economic and Social Rights
El Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) es una organización no gubernamental internacional que pelea contra la pobreza y la desigualdad apoyando a los derechos humanos como los principios que deben guiar las políticas sociales, económicas y de desarrollo. Trabajamos por el reconocimiento y la implementación de los derechos económicos y sociales -entre ellos, los derechos a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo- como una herramienta poderosa para promover la justicia social y la dignidad humana. Nuestro equipo internacional e interdisciplinario basado en Nueva York y en Lima proviene de los movimientos de derechos humanos, desarrollo y justicia social de diferentes partes del mundo.
Dejusticia
Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto.También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación. En Dejusticia, creemos que el conocimiento comprometido con la justicia social puede contribuir al cambio, y tenemos un enfoque anfibio, entre la investigación y la acción.
Fundar
Fundar es una organización de la sociedad civil plural e independiente —con sede en México— que se rige por los principios de horizontalidad y transparencia. Con su quehacer busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir a generar cambios estructurales que transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y gobierno. La sociedad que queremos es justa y participativa, y donde el Estado cumple cabalmente con los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos para generar condiciones de vida digna y bienestar para todas y todos.
INESC
Red de Justicia Fiscal
GI-ESCR
Gl-ESCR es una organización no gubernamental que promueve un cambio transformador para poner fin a los problemas endémicos de injusticia social y económica a través de una perspectiva de derechos humanos. Su misión es transformar las relaciones de poder para permitir que cada persona y comunidad disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y todos los demás derechos humanos ahora y en el futuro.
¿Cómo está organizada?
La Iniciativa está organizada en base a dos cuerpos principales:
Comité Impulsor y Comité de Expertas y Expertos
Comité de Expertos y Expertas
El Comité de Expertas y Expertos reúne personas de distintas disciplinas y países de la región reconocidas por su experticia y autoridad en los campos de la política fiscal, derecho financiero y tributario, derechos humanos, derecho constitucional y otras disciplinas relevantes. El Comité es el responsable de la adopción de los principios y directrices, luego de un proceso liderado por un subgrupo de sus integrantes a cargo de la redacción del documento (el Comité de Redacción).
Integrantes del Comité
Dayana Blanco Acendra
Directora general de ILEX Acción Jurídica
Abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre y Derecho Privado-Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Es magÍster en Medio Ambiente y Desarrollo de la misma universidad y LLM con especialización en Critical Race Theory de la Universidad de California, Los Ángeles. Ha trabajado en el sector privado, la Rama Judicial, Restitución de Tierras y derechos territoriales, género y en el sector de arte y cultura en Colombia.
Juan Pablo Bohoslavsky
Experto en Deuda Externa y Derechos Humanos
Horacio Corti
Doctor en Derecho
María Goenaga
Doctora en Periodismo y licenciada en Sociología
Verónica Grondona
Economista
Ricardo Martner
Jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica
Bibiana Leticia Ramírez Ramírez
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Pedro Rossi
Profesor, Doctor en el Instituto de Economía
Magdalena Sepulveda
Directora Ejecutiva de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
Rodrigo Uprimny
Abogado