Por Mariana Matamoros, Investigadora Principal, Justicia Fiscal
En los últimos años se ha vuelto frecuente escuchar que los países necesitan conseguir más recursos públicos. Se habla de recaudar más impuestos, endeudarse de manera responsable o reducir algunos gastos para poder financiar la educación, la salud, la infraestructura, la transición energética o la adaptación al cambio climático. La idea parece lógica: si el Estado tiene más recursos, podrá responder mejor a las necesidades de la población.
Pero la realidad es más compleja. Tener más recursos no garantiza, por sí solo, una mejor calidad de vida para las personas, pues los Estados pueden seguir teniendo altos niveles de pobreza y desigualdad. Lo importante es cómo se obtienen esos recursos y en qué se utilizan.
Esta es precisamente la reflexión que plantea la Resolución 2/26 sobre Derechos Humanos y Política Fiscal, publicada recientemente por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La resolución recuerda algo que durante mucho tiempo pasó desapercibido: las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gastos, y endeudamiento son decisiones que pueden ampliar o limitar el acceso de las personas a derechos humanos como la salud, la educación o la vivienda.
La política fiscal también habla de derechos
Cuando se habla de derechos humanos, muchas personas piensan inmediatamente en la libertad de expresión, el derecho al voto o la prohibición de la tortura. Sin embargo, también existen derechos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda o el acceso al agua potable.
Garantizar esos derechos requiere recursos. No basta con reconocerlos en nuestras Constituciones o en algunas leyes si los Estados no tienen cómo financiar hospitales, colegios, carreteras o sistemas de protección social.
Imaginemos una familia que desea que todos sus hijos estudien en la universidad. El deseo puede ser genuino, pero si no existen ingresos suficientes para pagar las matrículas, el transporte o los materiales, ese objetivo difícilmente podrá cumplirse. Lo mismo ocurre con los Estados: los derechos necesitan financiación.
Por eso resulta tan importante que la CIDH haya reconocido una relación explícita entre política fiscal y derechos humanos. No se trata únicamente de cuánto recauda un país, sino también de quién paga los impuestos, cómo se utilizan esos recursos y quiénes terminan beneficiándose de ellos.
No todos los impuestos tienen el mismo impacto
Hablar de impuestos suele generar preocupación. Sin embargo, la pregunta más importante no es si un país debe cobrar más o menos impuestos, sino quién termina pagándolos.
Un sistema tributario es justo cuando quienes tienen mayores ingresos o patrimonio hacen un esfuerzo proporcionalmente mayor para financiar al Estado. A esto se le conoce como progresividad. En cambio, cuando las personas con menos recursos terminan destinando una mayor parte de su ingreso al pago de impuestos, el sistema se vuelve regresivo.
Un ejemplo sencillo lo ilustra. Imaginemos que una persona gana 1.000 dólares al mes y otra gana 20.000 dólares. Si ambas pagan un impuesto de 100 dólares, en apariencia están contribuyendo por igual. Pero la realidad es distinta: para la primera persona ese pago representa el 10 % de sus ingresos, mientras que para la segunda equivale apenas al 0,5 %. Aunque el monto es el mismo, el esfuerzo económico no lo es.
Algo parecido ocurre con impuestos al consumo, como el IVA. Cada vez que compramos un jabón, un cuaderno o un electrodoméstico, pagamos el mismo porcentaje de impuesto, sin importar cuánto ganemos. Como las familias de menores ingresos destinan casi todo su dinero al consumo, terminan entregando una mayor parte de sus recursos al pago de este tipo de impuestos.
Por esta razón, durante años se ha señalado que muchos países de América Latina dependen en exceso de impuestos al consumo, como el IVA, mientras recaudan relativamente poco a través de impuestos más progresivos, como los que gravan la renta o el patrimonio de las personas con mayor capacidad económica. Esto limita la capacidad del sistema tributario para reducir las desigualdades.
Frente a este desafío, la Resolución 2/26 de la CIDH recuerda que los Estados deben diseñar sistemas tributarios que protejan a quienes tienen menos recursos. Para ello recomienda medidas como aplicar tarifas reducidas o exenciones a bienes y servicios esenciales, establecer devoluciones del IVA para los hogares de menores ingresos y fortalecer impuestos progresivos que permitan distribuir de manera más equitativa la carga tributaria.
El otro gran debate: los beneficios tributarios
Existe otra discusión menos visible, pero igualmente importante: los beneficios tributarios.
En principio, estos beneficios pueden ser una herramienta útil. Un gobierno puede reducir las tarifas de los impuestos para estimular la inversión en energías limpias, promover la investigación científica o apoyar el desarrollo de regiones con menor crecimiento económico.
El problema aparece cuando esos beneficios permanecen durante años sin ser evaluados o terminan favoreciendo principalmente a quienes menos los necesitan.
Pensemos, por ejemplo, en los beneficios tributarios que reciben algunas empresas dedicadas a la extracción de minerales no renovables. Estas actividades generan importantes impactos ambientales y, en muchos casos, son desarrolladas por grandes empresas, incluso multinacionales, con una alta capacidad financiera. Aun así, reciben incentivos que reducen los impuestos que pagan. Mientras tanto, una micro o pequeña empresa difícilmente puede acceder a beneficios similares, simplemente porque no cuenta con el capital necesario para realizar las inversiones que suelen exigir estos incentivos.
En un país como Colombia, donde más del 90 % del tejido empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, esta diferencia resulta especialmente significativa.
El resultado es paradójico: un incentivo creado para impulsar el crecimiento económico termina concentrando aún más las ventajas en quienes ya tenían mayores capacidades financieras.
Esto no significa que todos los beneficios tributarios deban desaparecer. Lo que plantea la Resolución 2/26 de la CIDH es que estos incentivos solo tienen sentido cuando responden a objetivos claros de política pública y generan beneficios para la sociedad que justifiquen los recursos que el Estado deja de recaudar.
Recaudar más no siempre significa reducir la desigualdad
América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta. Basta mirar el índice de Gini, el indicador más utilizado para medir la desigualdad en los ingresos. Su escala va de 0 a 1: cuanto más cercano está a 0, más equitativa es la distribución; cuanto más se acerca a 1, mayor es la concentración de la riqueza. Colombia registra un índice cercano a 0,54 y Brasil uno alrededor de 0,50, niveles que evidencian profundas brechas económicas. Estas cifras recuerdan que movilizar más recursos públicos es solo una parte del desafío. La otra, igual de importante, es garantizar que la forma de recaudar y de gastar esos recursos contribuya a construir sociedades más igualitarias.
Entonces surge una pregunta inevitable: si algunos países han avanzado hacia sistemas tributarios más progresivos como Colombia, ¿por qué la desigualdad sigue siendo tan alta?
La respuesta es que recaudar más es apenas el primer paso. La verdadera diferencia la hace la forma en que esos recursos se invierten y llegan a mejorar la vida de las personas.
Por eso la política fiscal va mucho más allá de los impuestos. También comprende las decisiones progresivas sobre el presupuesto, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas.
Más allá de recaudar
La Resolución 2/26 de la CIDH llega en un momento especialmente importante para América Latina. La región enfrenta enormes necesidades de financiación: adaptación al cambio climático, transición energética, envejecimiento de la población, infraestructura, seguridad, protección social y cierre de brechas territoriales.
Es evidente que los Estados necesitarán movilizar más recursos para responder a estos desafíos. Pero el debate no puede quedarse únicamente en cuánto recaudar. También debemos preguntarnos si los impuestos son progresivos, si los beneficios tributarios cumplen realmente su función, si el presupuesto prioriza a quienes más lo necesitan y si el gasto público contribuye efectivamente a reducir las desigualdades.
Entonces, una buena política fiscal no es la que simplemente recauda más, reduce la deuda o gasta con mayor eficiencia. Es la que logra que esos recursos se traduzcan en menos desigualdad, más oportunidades y una garantía efectiva de los derechos humanos. Ese es el principio que resaltó la resolución de la CIDH y que también defendemos desde la iniciativa de los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal: movilizar recursos sí, pero siempre al servicio de la justicia social y de una vida digna para todas las personas.