Mujeres y referentes del modelo social de discapacidad se encontraron para reflexionar sobre la financiación de sistemas integrales de cuidado. ¿Cómo construirlos? Aquí dejamos algunas ideas.

Hay sinergias y desafíos comunes que se tejen cuando se diseñan políticas públicas que resuelvan las desigualdades que afectan a las mujeres y personas LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Sobre todo, cuando se piensa en crear y financiar sistemas integrales de cuidado cada vez más justos.

Sobre esto dialogaron referentes de la economía feminista y del modelo social de discapacidad durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos.

Estas fueron las principales conclusiones:

Hay que construir sistemas de cuidado fuertes

En un horizonte lejano, con sistemas de cuidados vigentes, ser un varón de América Latina que no paga el apoyo o la obligación alimentaria a la madre de sus hijos será mal visto por la sociedad, pues se tratará de una excepción, y no de la norma, como ocurre en la actualidad.  ¿Cómo llegar a ese escenario? Para Lucía Cirmi Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, la clave para un cambio cultural y material de este tipo debería estar en que las familias siempre tengan una opción b: un sistema de cuidado fuerte en el que el tiempo y las labores de cuidadoras y cuidadores se represente en dinero.

¿Y cómo llegar a un sistema de cuidado fuerte? Según dijo Noelia Méndez, economista del CIEPP y de IAFFE, no solo se trata de identificar estrategias para generar nuevos recursos que lo permitan, sino de priorizar este gasto en la agenda de los gobiernos y de generar mecanismos donde los recursos sean de asignación específica y fácilmente trazables, sin que dependan del gobierno de turno. “El financiamiento tiene que partir de bases de solidaridad, porque cuidar es responsabilidad de todos. Pero hay fuertes sesgos de género. Las mujeres accedemos al sistema de cuidado de forma más precaria”, afirmó Méndez.

Es prioritario fortalecer la institucionalidad

Colombia, uno de los países sobre los que se reflexionó en este diálogo, lleva 10 años en discusiones para tener una política pública del cuidado, y ninguno de los gobiernos ha podido concretar algo. Es por eso que Ana Isabel Arenas, integrante de la Mesa Integral de Economía del Cuidado de Colombia, insiste en que el país y la mayoría de los de la región necesitan crear iniciativas novedosas para que los estados sepan qué hacer, por ejemplo, con el trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares y con los obstáculos que tienen muchas mujeres cuidadoras para entrar al mundo laboral.

De nuevo, en Colombia, existen programas en ese sentido, pero no tienen en cuenta las sobrecargas para las mujeres ni para personas en situación de discapacidad y sus cuidadores. Por eso, dijo Noelia Méndez, la construcción de sistemas de cuidado debe tener en cuenta una intención de universalidad que permita incluir características propias de cada persona y achicar las desigualdades con sus intervenciones.

“Hay que visibilizar el costo de no hacer estas políticas. Lo que no hagamos hoy, va a repercutir en la calidad de vida en el futuro”, dijo, y apuntó que poder movilizar recursos para este tipo de políticas, no solo va a uno de los nudos de la desigualdad (la injusta distribución del cuidado), sino que puede ayudar a generar empleo y otros efectos multiplicadores en la economía. “Lo ideal es que se logren revertir estos roles tradicionales y se redistribuyan y valorice el cuidar, porque me da la impresión de que las feministas llevamos las luchas, pero necesitamos convocar a otros colectivos, que pongan su voz y experiencia para hacer una construcción más colectiva”, concluyó.

El modelo social de discapacidad da lecciones sobre el cuidado

La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto más que nunca la urgencia de generar apoyos a las personas con discapacidad desde su propia perspectiva. Con el confinamiento se suspendieron muchas de las redes y servicios para esta población, mientras las infecciones por el virus redujeron el personal médico especializado, así como el apoyo de las familias.

Es por ello que Alberto Vásquez, investigador del Center for Inclusive Policy, se sumó a la conversación sobre cuidado y desigualdad resaltando que la mayoría de personas discapacitadas de América Latina no tienen apoyo para vivir de manera independiente, mientras escasean los servicios para ellas y ellos. “Si bien se ha avanzado últimamente, sobre todo en mejorar accesibilidad del entorno o en hacer servicios más inclusivos, hemos puesto poca atención a los servicios de apoyo, sin los cuales muchas personas con discapacidad jamás van a poder gozar de una vida autónoma ni podrán integrarse a la sociedad”, afirmó.

Vásquez se refiere, por ejemplo, al hecho de que los estados no suelen subsidiar los costos extra de vivir con una discapacidad. Muestra de ello en que la mayoría de transferencias monetarias se están concentrando en cuidadoras y cuidadores, y no propiamente en las personas con discapacidad, que carecen (con excepción de Uruguay y Costa Rica) de sistemas de asistencia personal.