Hoy terminó el 194 período de sesiones de la CIDH en la Universidad de Miami. Una de las sesiones fue sobre Políticas fiscales y económicas frente a la pobreza y la desigualdad estructural. La Iniciativa participó en el encuentro a través de su organización miembro CESR. Su representante, María Emilia Mamberti, leyó el informe ante la sala.
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¿Qué resaltamos?
El informe expuso la conexión fundamental entre los derechos humanos y la política fiscal. Por un lado, una política fiscal con enfoque de derechos humanos permite obtener y asignar recursos para garantizar los derechos, un correcto funcionamiento del Estado y la provisión de servicios públicos de calidad. Por el otro, la política fiscal puede cumplir un papel fundamental en la distribución de recursos, con miras a reducir las brechas entre distintos grupos sociales.
Además, se hizo un repaso breve sobre el papel de la OEA y la CIDH en el diseño de una jurisprudencia que relaciona el deber de distribuir recursos con los objetivos de reducir la pobreza y promover la igualdad sustantiva. Sobre todo se resaltó el trabajo de la REDESCA, que ha considerado la fiscalidad como un tema prioritario en las discusiones sobre derechos humanos.
Pasos hacia el futuro
A pesar de los avances logrados por la CIDH, aún falta consolidar su legado mediante acciones que refuercen estos esfuerzos. Una oportunidad para adelantar dichas acciones está en la Convención Marco de Cooperación Tributaria. Este mecanismo, que se negocia actualmente en la ONU, incluirá en sus principios generales un estándar para alinear la cooperación tributaria internacional con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, el Comité DESC de la ONU ya emitió una declaración sobre políticas fiscales y da un paso hacia la sistematización de los estándares desarrollados por varios organismos de derechos humanos, como la CIDH.
Las organizaciones de la Iniciativa consideraron que la Comisión podría desarrollar y profundizar su trabajo jurisprudencial a través del uso de los Principios de derechos humanos en la política fiscal. Estos, a su vez, son en buena parte una sistematización de las pautas generales desarrolladas dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Los pasos a seguir que se recomiendan en el informe son:
1. Que la Comisión adopte una resolución temática que sistematice los estándares existentes. Este documento debería promover la operacionalización de los Principios de derechos humanos en la política fiscal y brindar recomendaciones concretas a los Estados.
2. Que la Comisión continúe el análisis transversal de la política fiscal en sus distintas acciones.
3. Instar a los Estados al adecuado cumplimiento de los deberes de información sobre indicadores financieros en el marco del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador.