














El 14 de julio de 2020 realizamos el evento: "Ola de litigio por la justicia fiscal: Oportunidades para América Latina". El objetivo fue discutir, en base a los recientes casos contra el sistema tributario de Colombia y Brasil, cómo el litigio es una herramienta que distintas organizaciones de la sociedad civil de la región usan para avanzar temas de justicia fiscal. Estos casos ejemplifican qué pueden aportar los derechos humanos a las discusiones fiscales, y las formas en las que los tribunales de justicia pueden intervenir en temas fiscales.
En una carta firmada el 19 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador destacó la relevancia de la Iniciativa para los principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal.
En esa carta, el Grupo de Trabajo apoyó la iniciativa, señalando que "la política fiscal es un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos"; y prometió instar a los Estados partes a promover la transparencia, la participación y la verdadera democracia en el campo de la política fiscal.
El 27 de mayo de 2020 se llevó adelante un diálogo virtual para recibir retroalimentación sobre el borrador de principios y directrices.
El 20 de mayo de 2020 se realizó el encuentro virtual “Respuestas fiscales para una crisis global”, organizado por la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. En el marco de ese encuentro se discutieron los desafíos fiscales en el actual contexto de la pandemia, y posibles respuestas de corto y mediano plazo para asegurar la garantía de derechos.
Iniciativa de organizaciones de la región llama a los Estados a adoptar una redistribución fiscal sin precedentes y a las instituciones multilaterales a liberar espacio fiscal para evitar una crisis de derechos humanos.
Si los países de América Latina y el Caribe no realizan un esfuerzo redistributivo sin precedentes para responder a la COVID-19, pueden enfrentar una profunda crisis de derechos humanos. Así lo plantea la Iniciativa sobre Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, conformada por seis organizaciones de derechos humanos y la red de justicia fiscal de la región.
La política fiscal es una herramienta fundamental para fortalecer los sistemas de salud y enfrentar la COVID-19, tras años de debilitamiento por las llamadas “políticas de austeridad”, y para brindar garantías económicas y sociales que hagan humanamente viables las medidas de aislamiento físico y prevengan una recesión económica profunda.