Nuestra organización aliada Dejusticia presentó un documento que plantea cómo una política fiscal basada en los derechos humanos puede contribuir a la regulación del cannabis para el uso adulto en Colombia.

La regulación del cannabis de uso adulto ocurrirá en Colombia más temprano que tarde. De hecho, entre 2018 y 2020 fueron presentados en el Congreso de la República dos proyectos de ley para ese fin, mientras en el mundo hay un boom regulatorio liderado por 19 estados de Estados Unidos, Uruguay y Canadá.

Sin embargo, este tipo de debates de la política de drogas requieren un terreno fértil para que den resultados. Por eso, la discusión sobre la regulación del cannabis para uso adulto en Colombia necesita estar acompañada de evidencia que permita responder cómo se debería estructurar una política pública que responda a las particularidades asociadas al mercado ilegal de la marihuana en el país.

Como parte de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, nuestra organización aliada Dejusticia lanzó el documento “Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia” que, con base en las experiencias de países donde ya se desarrolla la regulación de esta planta y en los Principios y Directrices de Derechos Humanos en Política fiscal, aborda una serie de propuestas sobre los objetivos de la regulación, el tipo de impuestos más adecuados y su destinación.

En este sentido, se propuso un marco fiscal enfocado en la movilización del máximo de recursos disponibles para financiar los objetivos prioritarios en la regulación del cannabis, al tiempo que se considera clave el uso de impuestos que desincentiven el consumo de los productos que tengan un mayor impacto en la salud de los consumidores de cannabis. Por otra parte, en la publicación se defiende que este aporte contribuya a resarcir los daños causados por las políticas de lucha contra las drogas, a aprovechar el potencial pacificador de la regulación y a poner la salud de las personas usuarias en el centro.

La construcción de un marco regulatorio para el cannabis es un proceso especialmente sensible en Colombia, y varias son las razones: la persistencia del conflicto armado en las zonas que surten el mercado ilegal, las brechas de desarrollo socio-económico en las zonas de producción de esta planta, sus impactos en la población campesina e indígena y el hecho de que la marihuana sea la sustancia ilícita más consumida en el país.

Lo anterior exige un diseño de política pública que atienda el consumo como un asunto de salud pública y que tenga en cuenta las necesidades particulares de cada región, la experticia de los cultivadores y la participación de los actores interesados. Adicionalmente, el legado de la guerra contra las drogas en Colombia dejó impactos diferenciados en poblaciones específicas, y una eventual regulación debería presentar oportunidades para favorecer a esas poblaciones.

A pesar de ello, hasta ahora, las propuestas de regulación de la marihuana no han identificado todavía medidas específicas que debería implementar el Estado para atender estos problemas regionales que anteceden el marco regulatorio o que son producto de la prohibición.

Por esa razón, en este documento Dejusticia se centra en tres objetivos: explicar, desde la evidencia disponible y los debates conceptuales, por qué es necesario regular y cuál es el papel del marco fiscal en esta política pública; brindar elementos claves en el diseño de marcos fiscales para la regulación a partir de la experiencia comparada, e identificar las particularidades del contexto colombiano para un eventual proceso regulatorio.