7 de mayo de 2026. La Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal saluda con entusiasmo la publicación de la Resolución No. 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas por parte de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). La Resolución representa un hito histórico para la región, pues vincula directamente y de manera sistemática las decisiones relativas a ingresos públicos, tributación, presupuesto, gasto, endeudamiento y sostenibilidad fiscal con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
La Resolución sistematiza y reconoce de manera integral que principios y obligaciones internacionales, como la igualdad y no discriminación, la progresividad, la movilización del máximo de los recursos disponibles y la cooperación internacional son fundamentales para que los sistemas fiscales puedan disminuir las desigualdades y avanzar en la realización de derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y un ambiente sano.
A su vez, la Resolución 2/26 reconoce a la política fiscal como una herramienta clave para la justicia climática, e insta a los Estados a implementar tributos ambientales que desincentiven actividades dañinas y movilicen recursos para una transición energética justa. Asimismo, establece estándares que la deuda pública no comprometa la capacidad estatal de proveer servicios públicos, y llama a fortalecer la cooperación internacional para evitar prevenir y combatir abusos tributarios transfronterizos. La Resolución también enfatiza el rol de la política fiscal para el fortalecimiento de la democracia, particularmente mediante la adopción de políticas de transparencia y rendición de cuentas que permitan prevenir la corrupción y la captura de instituciones públicas.
Este logro regional se suma a otros avances que han sido impulsados a nivel global. Al respecto, en marzo de 2025, el Comité DESC de la ONU emitió una declaración donde resaltó la estrecha relación entre una tributación justa y la posibilidad de reducir las desigualdades y cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A su vez, dentro de estos esfuerzos globales resalta la inclusión de los derechos humanos como principio rector dentro de los términos de referencia de la futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.
Todos estos esfuerzos reflejan las demandas que la Iniciativa ha sostenido desde su creación, sistematizadas en informes y audiencias temáticas ante la CIDH (en 2016, 2018, 2023 y 2025), en las que se enfatizó la relevancia de contar con una resolución como la hoy emitida por dicha Comisión.
La Iniciativa por los principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal está integrada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), la Red de Justicia Fiscal para América Latina y El Caribe (RJFALyC), el Center for Economic and Social Rights (CESR) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (GI-ESCR).