Adís Abeba, julio de 2015. La capital etíope bullía de diplomáticos de todo el mundo en la enérgica tarea de repensar las soluciones a los retos globales más importantes y encontrar el mecanismo más adecuado para financiarlas. La conferencia FfD3 (Finance for Development, en inglés) culminó con la Agenda de Acción de Adís Abeba, que se convirtió en un documento clave para encaminar los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030. La Agenda abordó tímidamente los retos en materia fiscal y nunca hubo un verdadero compromiso a la hora de ejecutar las tareas. Y así fue con varios otros aspectos: vivimos en un mundo crecientemente desigual, la pobreza extrema persiste, en especial en los países devastados por la guerra, y la crisis climática roza los niveles de no retorno. Por eso hay tanta expectativa en Sevilla, España, durante la conferencia FfD4, porque la manera en que se aborde la financiación para el desarrollo nos dará luces de la disposición de los países, especialmente los más ricos, a dar solución a las múltiples crisis que enfrenta el planeta.
La Iniciativa está en Sevilla, apoyando los procesos de la sociedad civil para que la próxima Agenda de Acción sea más comprehensiva y se articule con otros mecanismos dentro de la ONU, como la Convención Tributaria que se está gestando. Entrevistamos a Camila Barretto Maia, de GI-ESCR, para entender cuáles son las discusiones que se dan en la ciudad española y qué podemos esperar de ella.
Iniciativa por los derechos humanos en la política fiscal (IDHPF): ¿Por qué GI-ESCR y otros miembros de la Iniciativa están en el FfD de Sevilla?
Camila Barretto Maia (CBM): GI-ESCR está aquí, y creo que la Iniciativa también, por la misma razón; a partir de un entendimiento de que los asuntos de derechos humanos y, en particular, de derechos económicos y sociales, tienen que ser discutidos en los espacios de finanzas internacionales y de desarrollo. Este espacio reduce las distancias entre los foros específicos de derecho internacional y de derechos humanos y los foros que discuten la financiación para el desarrollo.
IDHPF: Ayer estuvimos en el Foro de la Sociedad Civil y una de las mayores demandas fue equilibrar los poderes no solamente entre países, sino también darle más voz a la sociedad civil. Puedes contarnos un poco sobre lo que pasó ayer y por qué estas demandas han sido tan importantes.
CBM: Creo que estamos en un momento en el que es evidente la falta de éxito de algunos marcos. Entre esos marcos, ese de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se encuentran con menos de un quinto de de sus metas para su cumplimiento en 2030.
Es interesante ver ese marco desde desde un movimiento o una red de derechos humanos, porque los ODS surgieron hace varios años con el planteamiento de que ese conjunto de metas e indicadores más de ‘policy’ serían más prácticos y fáciles de cumplir por los estados que, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?
Y desde un principio, el movimiento de derechos humanos desconfió en el sentido de que, en realidad, los estados proponían salirse de un marco de obligatoriedad, de compromisos firmados internacionalmente y demandables ante una corte nacional, por ejemplo, como pueden ser los derechos económicos y sociales. Querían pasar hacia un marco voluntario que, sí, traía indicadores más concretos, como un camino más claro sobre cómo lograr mayor igualdad de género e igualdad económica y distintas metas sociales. Pero eran distintas visiones y desde los derechos humanos decíamos: “eso puede ser riesgoso porque están planteando que estos compromisos dejan de ser obligatorios y se hacen voluntarios, y cada Estado definirá como implementará.
Yo no sería tan estricta como para decir “esta es la razón del fracaso; si estuviéramos solo con el marco de derechos humanos, judiciable, estaríamos mejor”. Pero lo cierto es que los ODS no nos llevaron a grandes avances, sobre todo en términos de reducción de la desigualdad dentro de los países y entre los países. Ese fue el tono de la reunión de ayer. La falta de avances, aunque exista un documento que trae algunas ideas puntualmente interesantes. El Compromiso de Sevilla ofrece logros específicos pero, en lo global, no revela obligaciones ambiciosas que respondan al nivel de falta de avance que tenemos hoy.
IDHPF: Otro de los problemas que se han hecho más evidentes es la financiación climática y, en este caso, está muy ligado al tema de la deuda. Varias de las demandas tienen mucho que ver con, por lo menos, la reestructuración de la deuda, pero en el mejor de los casos, su desaparición. Pero, además, vemos nuevos mecanismos de financiamiento que se vuelven cada vez más complejos y con riesgos potenciales, como el canje de deuda por clima. ¿Qué pasa en este aspecto?
CBM: El tema de la deuda está obviamente conectado al tema fiscal en general, que es lo que une a las organizaciones de la IDHPF. Es muy difícil discutir sobre fiscalidad o sobre recaudación de recursos y la ampliación del espacio fiscal para financiar derechos humanos sin hablar del tema de la deuda, que es un problema crónico que afecta a la gran mayoría de los países más pobres y a varios de los países en desarrollo, los que llamamos de renta media.
Lo importante es insistir en que es una crisis recurrente, crónica, porque eso revela que hay un problema sistémico, estructural, sobre cómo funciona el sistema de la deuda, del endeudamiento del mundo. Es decir, los países se ven constantemente obligados a pedir más préstamos y luego tienen que pagar el servicio de esa deuda. Además, con intereses altísimos para los países pobres. Son muchísimo más altos que los intereses que pagan los países ricos por la misma deuda. Y eso ocupa un espacio fiscal que podría usarse para pagar sistemas de salud, educación pública, etcétera.
Hay un debate sobre el tema climático y ambiental y cómo nos vamos a preparar para reducir emisiones, hacer una transición energética y protegernos contra los desastres climáticos que son cada vez más frecuentes. ¿Y de dónde sale ese financiamiento? Obviamente, los países que tienen menos margen para financiar ese proceso. Pero una parte de la sociedad civil y de los movimientos entiende que los países ricos en realidad tienen un pasivo, una deuda ambiental con el resto del mundo. Y es que sus procesos de desarrollo contribuyeron al agotamiento de los recursos y la emisión de carbón en tasas altísimas.
Si uno calcula esta deuda ambiental y la conecta con el tema de la deuda financiera que tienen los estados pobres, en realidad son los países ricos los que deben más.
IDPHF: El Compromiso de Sevilla fue un documento que, en su momento, generó muchas expectativas, pero no las cumplió. Sin embargo, se celebra que llegó por consenso y en muchos casos dicen que es un buen comienzo para decir que no todo está perdido. ¿Qué ha visto GI-ESCR y la sociedad civil en general de este espacio? ¿Qué se puede lograr en este momento?
CBM: GI-ESCR tiene como una de sus estrategias centrales la participación en los espacios multilaterales para incidir sobre las normas y acuerdos internacionales en pos de la protección de derechos. Y no me parece un tema menor defender la preservación del multilateralismo como tal. Entonces, empiezo diciendo que me parece importante que siga habiendo un compromiso de los estados, de una preocupación para que estos espacios sigan existiendo y logren obtener alguna decisión.
Pero eso no puede nunca significar una reducción en las ambiciones. Porque se terminan proponiendo cosas poco ambiciosas o muy distintas y alejadas de lo que las sociedades necesitan y demandan, bajo la excusa de “bueno, necesitamos un consenso y tienen que estar contentos porque la alternativa es no tomar ninguna decisión, o la huida de los estados de los espacios”. Entonces tenemos que tener esas dos cosas claras. Por un lado, sí es importante que todavía haya multilateralismo, compromisos que lleven a decisiones y, por otro lado, no bajar los brazos y decir en voz muy clara qué es lo que esperamos de esos espacios y cobrar a los estados y a quienes nos representan en ellos la misma ambición.
Considero que el compromiso trae algunas decisiones o claridades importantes en materia fiscal, sobre todo en materia de impuestos, que indican un camino hacia la progresividad y la creación de espacio fiscal en los países en desarrollo. Ese camino viene de acá, de Sevilla, a la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal, que es un marco muy importante y ahí tenemos que exigir que cumplan con lo que los estados incluyeron en los términos de referencia de esa convención; puntualmente, que esa convención respete los principios de equidad y derechos humanos.
Eso puede tener muchas implicancias detalladas. Entonces, en cada decisión que se tome, van a tener que hacer una evaluación de derechos humanos sobre cómo regular determinados aspectos de la política fiscal internacional. Por ejemplo, hay un debate que es central sobre transparencia y privacidad vinculada a la información que tienen los estados sobre el patrimonio de las grandes corporaciones y de las personas extremadamente ricas. Sin transparencia, no hay tributación y se generan situaciones no solo injustas, sino también limitantes del rol del estado. Eso hay que ponerlo en discusión en el marco de la negociación de la Convención, que ya tiene en primer momento de negociación ahora en agosto.
Entonces, el FfD es un compromiso político. No es una convención. Indica un camino respecto a cómo seguir debatiendo estos temas. No obstante, en asuntos como la deuda, el compromiso es muy débil. Tras varios debates que fueron muy claros en términos de las demandas de los países en desarrollo, sobre todo de África, las decisiones en materia de deuda •no responden a la gravedad del problema que hay ni a las necesidades de la población en esos países. Eso también hay que decirlo.