En esta Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, las organizaciones argentinas ACIJ y CELS analizaron las implicancias del endeudamiento público argentino desde un enfoque de derechos humanos. Lea aquí sus conclusiones.

Hay una mirada tradicional sobre la deuda: un asunto técnico cuya sostenibilidad determina la estabilidad macroeconómica de un país. Sin embargo, reconocer que la deuda soberana es también una cuestión de derechos humanos permite pensar en los costos sociales de la misma y brinda herramientas para cuestionar la legitimidad de un préstamo (si fue contratado en virtud del interés público) y su sostenibilidad, lo que incluye el análisis de si los pagos violan la capacidad del gobierno para invertir en la realización de los derechos de las personas.

Por eso, en el marco de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, las organizaciones argentinas ACIJ y CELS analizaron en un documento las implicaciones del endeudamiento público argentino desde un enfoque de derechos humanos, con especial foco en los impactos sobre las desigualdades de género.

Conozca aquí toda la agenda e información útil sobre la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos

¿Cómo funciona el endeudamiento de un país?

Deuda soberana, deuda gubernamental, deuda pública o deuda nacional, son términos para describir la cantidad de dinero que un Estado pide prestado, creando la obligación de asignar recursos para el pago de esa deuda y de los intereses que genera. La deuda puede ser interna (adeudada a prestamistas en el país) o externa (adeudada a prestamistas extranjeros). Los prestamistas pueden ser públicos (multilaterales y bilaterales) o privados.

Aunque es un mecanismo de financiamiento estatal extendido, muchos países de ingresos bajos y medios se enfrentan a un círculo vicioso de dependencia excesiva de la deuda externa. Los términos y condiciones de un préstamo, incluida la moneda en la que se contrata y la jurisdicción donde se resuelven los potenciales conflictos, afectan la capacidad de manejo de los pagos de la deuda y, por lo tanto, la soberanía nacional.

Los organismos internacionales de crédito son la llave de acceso a todo el financiamiento e incluso a la ayuda oficial, porque evalúan el "buen comportamiento" del país deudor. El FMI analiza las decisiones de política pública de los países, en particular su política económica, y el resultado de estas evaluaciones es tomado como insumo por otros organismos internacionales de crédito y por las evaluadoras de riesgo, que influyen en la determinación de las tasas de interés a las que se endeudan los países. Por lo tanto, los países tienden a querer cumplir con las condiciones del FMI, aun cuando van en contra de sus propios objetivos de política local.

Por esta razón, el servicio de la deuda a menudo se paga a expensas de la inversión social. Cuando los pagos de la deuda restringen los presupuestos gubernamentales o el alivio de la deuda viene con condiciones adjuntas, esto puede conducir a la privatización de los activos públicos, recortes en los programas de protección social, desinversión en servicios públicos esenciales, congelamientos de la planta de trabajadores/as del Estado o de sus salarios y otras reformas laborales, previsionales y fiscales. Esto erosiona la calidad y alcance de los servicios públicos y amplía la brecha para las comunidades desfavorecidas.

¿Qué pasó con la deuda en Argentina?

Durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la deuda pública y privada de Argentina se incrementó en un 260% y 130%, respectivamente. Luego, en junio de 2018, el país firmó un acuerdo Stand by (SBA) por 50.000 millones de dólares, ampliado en 7 mil millones más en octubre de ese mismo año. Así las cosas, Argentina acordaba con el FMI la deuda más grande de su historia y de la del Fondo. Para generar los pagos, el gobierno se comprometía a obtener déficit (primario) cero en 2019 y superávit del 1% en 2020, reducir los subsidios a la energía y redirigir los subsidios al transporte y la tarifa social sobre la electricidad a los gobiernos provinciales, contener el gasto de capital, reducir las transferencias discrecionales a las provincias, congelar la nueva contratación de empleados públicos, reducir el gasto en otros bienes y servicios del Estado Nacional un 18% en 2018 y otro 5% en 2019 y garantizar que la base monetaria se mantenga estable por un año, entre otras medidas .

Una combinación de factores entre los que se encontraron la crisis económica, la vocación fiscalista del gobierno de turno y el programa económico asociado al préstamo, afectaron de manera adversa el disfrute de una amplia gama de derechos humanos de la mayoría de la población, no solo por la vía la privación o deterioro de sus ingresos –fuente básica de acceso a bienes y servicios en las economías capitalistas–, o la precarización del mercado laboral, sino también a través de la desfinanciación de las prestaciones de salud o educación.

Entre 2018 y 2019, el gasto público en salud de Argentina cayó un 21 %; en educación, un 36 %; en agua y alcantarillado, un 39 %, y en vivienda, un 51 %. Estos datos contrastan con el aumento en términos reales del gasto destinado a los servicios de la deuda, que creció un 28 % en el mismo periodo.

Si bien el gobierno adoptó las políticas a las que se había comprometido, los resultados fueron muy disímiles a los proyectados en el programa y en 2019 Argentina se encontraba con peores indicadores económicos que al inicio del programa, altamente endeudada y sin capacidad de repago. Entretanto, los indicadores sociales también empeoraron: las personas en situación de pobreza pasaron del 25,7% al 35,5% de la población total, mientras que quienes estaban en situación de pobreza extrema (indigencia) pasaron del 4,8% al 8%.

Antes de terminar el ciclo presidencial, en 2019, se dejó en cesación de pagos la deuda bajo jurisdicción local, se perdió el acceso al mercado de capitales internacional y se suspendió el acuerdo Stand By con el FMI.

¿Cuáles son los costos sociales de la deuda pública para las mujeres y cuidadoras y cuidadores?

Cuando los gobiernos hacen retroceder los servicios públicos y los esquemas de protección social, las soluciones autogestivas –individualizadas o colectivas– y basadas en el mercado llenan el vacío. Para quienes pueden pagarlos esto significa tener acceso a hospitales privados, guarderías privadas, escuelas privadas, seguros privados, pensiones privadas, residencias privadas, etc. Pero, para quienes no pueden, la situación significa endeudarse y/o asumir las tareas de cuidado en el ámbito doméstico y eventualmente de manera colectiva.

Respecto al primer punto, ante la retracción de las prestaciones sociales, muchas familias se ven forzadas a pedir dinero prestado para mantener sus condiciones de vida. Esto se convierte rápidamente en un ciclo interminable de costos personales, familiares y sociales, poniendo en peligro los derechos económicos y sociales de estas personas y socavando su capacidad para asegurar su bienestar y desarrollar su potencial.

En Argentina, en julio de 2020, la mesa Interministerial de Cuidados informó que casi la totalidad (el 99%) de las titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) había solicitado un “crédito ANSES” (de la Administración Nacional de la Seguridad Social) y que 8 de cada 10 mujeres que percibía alguna asignación tenía un crédito vigente.

Ahora bien, la manera en que se distribuyen las tareas de cuidado -que incluye el cuidado propio y de otras personas que por su edad o determinadas condiciones permanentes o transitorias (niños y niñas, personas mayores o con discapacidad que requieren apoyos) no pueden proveerse dicho cuidado- se organiza de manera injusta en dos niveles. En efecto, el trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres.

El análisis de la narrativa de género del FMI y del tipo de políticas públicas y acciones que recomienda a los países en sus acuerdos permite concluir que el organismo ha ido construyendo una narrativa estrecha e instrumental que no contribuye en la práctica a promover los derechos humanos de las mujeres. También se advierte una contradicción persistente entre las acciones necesarias para reducir la desigualdad de género y los estrechos márgenes de política pública que imponen los acuerdos con el FMI

Lo que recomiendan ACIJ y CELS

• Resulta fundamental que las políticas derivadas del cumplimiento de las metas del nuevo acuerdo con el FMI en Argentina no impliquen una nueva retracción del Estado en la provisión de servicios de cuidado como escuelas, guarderías y hospitales, ya que esto desplazaría más tareas de cuidado hacia el interior de los hogares, donde recaerían desproporcionadamente sobre las mujeres y las niñas, agravando su inseguridad económica y movilidad social.

• Dado el impacto del endeudamiento público sobre la vida de las personas, la población debería poder participar de manera significativa en los debates de políticas y toma de decisiones sobre la deuda soberana. Esto puede ayudar a corregir las asimetrías de poder en las decisiones de política relacionadas con la deuda. En Argentina, el acuerdo de 2018 fue negociado en tiempo récord y eludiendo los más elementales procedimientos de autorización interna.

• La verdad interpela, por eso, las evaluaciones de impacto de las reformas económicas sobre los derechos humanos deben formar parte de la institucionalidad de los países al tomar decisiones sobre la concesión de nuevos préstamos y la reestructuración de los existentes. Ahora bien, dichas evaluaciones no deben limitarse a proponer medidas paliativas, sino que deben concebir y proponer las opciones económicas lo más beneficiosas posible para los derechos humanos, lo cual incluye considerar el principio de justicia social y económica, desafiando de esa manera el carácter excluyente que la economía neoclásica impone al principio de eficiencia en las discusiones de política económica.

Lea aquí el documento 'Deuda y derechos humanos: apuntes sobre la experiencia de Argentina desde 2018'. 

Analizamos una serie de medidas fiscales tomadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la emergencia sanitaria, y aunque su implementación fue necesaria, varias son las lecciones aprendidas a la luz de los derechos humanos.

Mucho se ha escrito sobre los efectos devastadores que la pandemia por COVID-19 tuvo (y aún tiene) sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad de todo el mundo, y los déficits de la economía global para hacerle frente.

En América Latina, la crisis sanitaria agudizó los problemas de desigualdad y pobreza estructurales que ya caracterizaban a la región antes de la pandemia y dejó en evidencia las debilidades económicas e institucionales de esos países para garantizar derechos, en particular en contextos de crisis. Algunos grupos, como las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas se vieron especialmente afectados por la sobrecarga en las tareas de cuidados, la interrupción de ingresos provenientes del sector laboral informal y el acceso inequitativo a las vacunas y al servicio de salud.

Si quiere entender más sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 y las salidas que puede ofrecer la política fiscal, acompáñenos este lunes 1 de agosto en el evento ‘Alternativas fiscales para una recuperación justa post-pandemia’. Inscríbase aquí.

En este contexto, la relevancia de la política fiscal (la manera en que los Estados recaudan y usan recursos públicos) se hizo más evidente que nunca, tanto como herramienta para asegurar medidas de apoyo a los sectores más afectados, como para reactivar las economías nacionales ante la caída del sector privado.

Tal y como señalan nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, el sistema internacional de derechos humanos otorga el marco adecuado para guiar a los Estados en ese camino. En efecto, a más de dos años de iniciada la pandemia, los países de la región continúan realizando esfuerzos y enfrentando los desafíos de avanzar hacia una recuperación justa, en un escenario económico global complejo por la inflación que nuevamente golpea a los sectores más vulnerables.

En este marco, desde la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal elaboramos un documentoen el que analizamos una serie de medidas fiscales tomadas como parte de esos esfuerzos por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Para ello, nos basamos en las recomendaciones elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CEPAL y en los citados Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal.

Los principales hallazgos de dicho análisis fueron los siguientes:

• Se han realizado esfuerzos valiosos por responder a los impactos económicos de la pandemia por COVID-19 en todos los casos analizados en el documento. Aun así, la mayor parte de las medidas fueron temporales, y no se utilizaron como una oportunidad para abordar problemas fiscales estructurales e históricos de la región.

• Las medidas fiscales, incluso cuando tienen por objetivo garantizar derechos de las personas destinatarias, suelen ser administradas y analizadas por los Ministerios de Economía u organismos similares, sin intervención evidente de las áreas del Estado con competencia en derechos, ni coordinación entre dichas áreas.

• Aunque se advierten avances en la incorporación de una perspectiva de género en las decisiones fiscales, aún resta avanzar en la consideración explícita de otros grupos históricamente discriminados, como las comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes, y en la incorporación de una lógica de interseccionalidad.

• Si bien se registran esfuerzos positivos por aumentar el espacio fiscal de manera progresiva, sigue existiendo un discurso extendido en torno a la importancia de la “austeridad fiscal” -en buena medida promovido por el Fondo Monetario Internacional-, que invisibiliza la importancia y posibilidad de movilizar recursos para la garantía de derechos humanos y prioriza la realización de ciertos “dogmas” económicos.

Descargue el reporte donde podrá conocer los hallazgos de esta investigación sobre los esfuerzos fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la pandemia, así como las lecciones aprendidas de los mismos.

Tendremos diálogos con actores diversos y un taller para periodistas e integrantes de la sociedad civil que buscan generar debates y recomendaciones para promover medidas fiscales que contribuyan a enfrentar las crisis de América Latina y el Caribe. 

Del 1 al 8 de agosto distintas organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas, activistas y movimientos sociales nos unimos para darle impulso a los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un documento que consolida los estándares de derechos humanos que los Estados deben seguir y respetar a la hora de implementar sus políticas de impuestos y de gastos.

Durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos tendremos diversos eventos para abrir debates y pensar conjuntamente cómo promover medidas fiscales que den respuesta a las múltiples crisis que enfrenta la región. También buscaremos reflexionar sobre cómo los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal pueden servir para avanzar hacia economías que pongan a las personas y al planeta primero. 

La recuperación post-pandemia, las desigualdades de género que impactan especialmente a personas con discapacidades, el debate regulatorio del cannabis a la luz de los principios fiscales , la crisis climática, entre otros temas que abordaremos durante los eventos de la Segunda Semana, exigen hoy más que nunca respuestas fiscales urgentes que tengan a los derechos humanos en su centro. 

¿Cuál es la agenda de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos?

La jornada de eventos presenciales y virtuales y un curso para periodistas e integrantes de la sociedad civil comenzará el lunes 1 de agosto y terminará el lunes 8 de agosto. 

LUNES 1 DE AGOSTO

Alternativas fiscales para una recuperación justa post-pandemia

La pandemia por COVID-19 agudizó algunos de los problemas más urgentes de América Latina y el Caribe: creciente desigualdad y pobreza, crisis climática, y captura estatal, entre otros. Dado que la política fiscal tiene un enorme potencial para combatir estos desafíos, el escenario obliga a debatir alternativas fiscales que permitan una recuperación justa y verde. 

Soledad García Muñoz, relatora especial sobre DESCA de la CIDH;  Olivia Minatta, del programa Justicia Fiscal en Latinoamérica de CESR; Marcio Ferreira Verdi, secretario Ejecutivo de CIAT;  Santiago Díaz de Sarralde, director de Estudios e Investigaciones Tributarias de CIAT y Daniel Titelman, director de la división de Desarrollo Económico de la CEPAL, conversarán con Ivahanna Larrosa, de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. 

HORARIO

9 AM Guatemala
10 AM México y Colombia
11 AM Chile
12 PM Argentina y Brasil

FORMATO

Zoom abierto al público

Regístrate AQUÍ

Sistemas de cuidados. Solucionando una triple desigualdad: géneros, discapacidades y pobreza

En este espacio se pondrán sobre la mesa los enfoques de género y discapacidad sobre cuidados, autonomía y apoyos para pensar puntos de encuentro, diferencias, posibles sinergias y desafíos que pueden surgir a la hora de diseñar políticas públicas que resuelvan las desigualdades que afectan a las mujeres y personas LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. 

Lucía Cirmi Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina; Ana Isabel Arenas, integrante de la Mesa Integral de Economía del Cuidado de Colombia; Alberto Vásquez, investigador del Center for Inclusive Policy, y Noelia Méndez Santolaria, economista  del CIEPP y de IAFFE, conversarán con Lucía Ramírez, coordinadora de Género de Dejusticia, y con Malena Vivanco, integrante del Programa Justicia Fiscal de ACIJ. 

HORARIO:

1:00 PM Guatemala
2:00 PM México y Colombia
3:00 PM Chile
4:00 PM Argentina y Brasil

FORMATO:
Zoom abierto al público

Regístrate AQUÍ 

Herramientas para Aproximarse a la Justicia Fiscal: curso para periodistas e integrantes de la sociedad civil 

El curso tiene como objetivo fortalecer los conocimientos teóricos y ampliar las capacidades para analizar la política fiscal desde un enfoque de derechos humanos y reducción de la extrema concentración de la riqueza. Al finalizar el curso, las personas participantes estarán familiarizadas con los principales debates nacionales e internacionales sobre la tributación de las empresas e individuos con mayor capacidad económica, conocerán cómo operan los privilegios fiscales vigentes en México, y contarán con mayores herramientas para identificar si el gasto público cumple con sus objetivos y contribuye a garantizar los derechos humanos.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Quinto Elemento Lab, en colaboración con la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT por sus siglas en inglés) y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal impartirán este curso.  

HORARIO:
Del 1 al 17 de agosto: lunes y miércoles de 5:00 pm a 7:00 pm, hora de México

FORMATO:
Curso virtual

CUPO MÁXIMO:
30 personas

Inscríbete AQUÍ

MARTES 2 DE AGOSTO

Latinoamérica: una hoja de ruta para la justicia fiscal y climática

La región vive tiempos convulsionados e inciertos: a la pandemia del COVID-19 se suman la emergencia climática y los niveles crecientes de desigualdad socioeconómica. Sin embargo, son muy pocos los países que abordan de forma decidida los impuestos a la riqueza. La respuesta a esta crisis múltiple no puede suponer un retorno a la austeridad o un sacrificio fiscal que incremente la desigualdad. Es el momento de ampliar la capacidad del Estado, explorando medidas sociales y fiscales que recaigan sobre quienes menos han sufrido el coste hasta ahora. 

Susana Ruiz, de Oxfam; Rodrigo Echecopar, de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (GI-ESCR), y Jocelio Drummond, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), conversan con Alejandro Rodriguez-Llach, de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional (ICRIT).  

HORARIO:

10:00 AM Guatemala
11:00 AM México y Colombia
12:00 PM Chile
1:00 PM Argentina y Brasil

FORMATO:
Zoom abierto al público

Inscríbete AQUÍ 

JUEVES 4 DE AGOSTO

Lanzamiento del libro ‘Principios Fiscales Cannábicos’

En este evento se lanzará la publicación “Principios Fiscales canábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia”, de los investigadores de Dejusticia Isabel Pereira, Luis Felipe Cruz y Alejandro Rodríguez. Esta publicación presenta una propuesta de principios fiscales cannábicos con contenidos claros y prácticos,  con base en experiencias comparadas y a la luz de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en Política fiscal.

Hernando Zuleta, profesor de la Universidad de los Andes; Diana Paola Valenzuela, vicepresidenta de Assocolcanna, e Isabel Pereira, subdirectora encargada de Dejusticia y autora de libro, conversan con Lorenzo Uribe, investigador de la línea Justicia Fiscal de Dejusticia. 

HORARIO:

3:30 PM Guatemala
4:30 PM México y Colombia
5:30 PM Chile
6:30 PM Argentina y Brasil

FORMATO:
Evento presencial en el auditoria de Dejusticia (Bogotá) con transmisión virtual

Inscripciones AQUÍ

*ESPERE LA INFORMACIÓN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA EN PRÓXIMOS DÍAS 

¿Cómo participar en los eventos?

Cualquier persona interesada puede inscribirse de forma gratuita. Sólo debe verificar cuál es el evento de interés dentro de la Agenda de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos y dar click en el botón de registro. Una vez registrado/a, llegará un correo electrónico de confirmación a la cuenta desde la que se haya ingresado. Es posible inscribirse a todos los eventos. 

Sigue también el cubrimiento de la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos en las redes sociales de la Iniciativa y en las de nuestras organizaciones aliadas. 

¿Quién organiza la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos?

Esta serie de eventos son organizados por la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal y su Comité Impulsor, compuesto por ocho organizaciones de la región a cargo de la administración de la iniciativa y la comunicación y difusión de los Principios: ACIJ, CELS, CESR, Dejusticia, Fundar, Inesc, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y GI-ESCR. 

Juntas, estas organizaciones buscamos desarrollar y promover los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un compendio que traduce las pautas generales de Derechos Humanos en guías más concretas de fácil implementación. La iniciativa es un proyecto enfocado en América Latina y el Caribe, organizado de forma abierta, colaborativa, interdisciplinaria, y diversa en términos de género y regionales.

En día pasados, las ocho organizaciones que conforman nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal se encontraron en Santiago de Chile durante Reimagina Latinoamérica, un evento con el que se buscaba generar discusiones, articulación y aprendizajes sobre la Convención Constitucional de ese país, así como sobre asuntos relacionados con derechos humanos y democracia en tiempos de transición.

Vicente Silva, representante para América Latina de Gl-ESCR, una de las integrantes de nuestra Iniciativa y promotora del evento, explicó que “en un contexto global marcado por niveles históricos de desigualdad, una crisis climática aguda y las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, el proceso constitucional chileno puede ser pionero en la construcción de narrativas que permitan reimaginar nuevas alternativas de desarrollo”, y agregó que, tal y como se ha aprendido de estas crisis, “lo que ocurre en un país no está aislado del contexto global, por lo que este proceso de transformaciones políticas en Chile podría catalizar cambios en otros países”.

Para María Emilia Mamberti, coordinadora de nuestra Iniciativa, el encuentro de Chile fue una oportunidad para ver la gran cantidad de problemáticas comunes en materia fiscal que tienen los países de la región: baja cultura tributaria, evasión y dificultad para encontrar cómo se introducen los impuestos en las discusiones públicas sin que parezcan los grandes males, por ejemplo.

En el escenario de Chile, Mamberti confirmó que en América Latina se están consolidando espacios que empiezan a cuestionar la visión tradicional de los impuestos y a relacionarlos mucho más directamente con los derechos. “En Chile es muy claro: están discutiendo cómo una constitución nueva a la que le quieren poner una carta ambiciosa de derechos, y no dudan que necesitan algo de política tributaria para que esos derechos no queden como meras declaraciones”, apunta la coordinadora.

Para llegar a esta especie de consenso regional, en Reimagina Latinoamérica se habló de que la pandemia por Covid-19 ayudó a consolidar esa conexión explicita entre derechos y recursos, ya que muchas medidas tributarias que se tomaron por la emergencia sanitaria se asociaron a gasto público en materia de salud o de seguridad social. En Argentina, por ejemplo, se creó un impuesto extraordinario que grababa cierta parte de la riqueza y que tenía asignación directa para la recuperación de la pandemia.  

Pero dialogar en el Chile de 2022 tuvo un valor adicional: “Ver cómo un pueblo se anima a discutir todo lo que fueron sus bases políticas e ideológicas en las últimas décadas , con total apertura, de manera participativa, con convencionales independientes, jóvenes, con representación paritaria,  es un modelo inspirador para los demás países de la región, sobre todo para pensar en otras formas de decisión pública”, detalla Mamberti, quien en representación de la Iniciativa por Los Derechos Humanos en la Política Fiscal se reunió con los constituyentes y con la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza.

En este último espacio, la funcionaria y su equipo pudieron conocer los Principios y Directrices, apenas pertinentes para el proceso de reforma tributaria que adelanta esa cartera, en el que, si bien no hay un uso explícito del marco de los derechos humanos, sí hay preocupaciones sobre cómo hacer para que esté alineada con los derechos. “Por ejemplo, antes de presentar la reforma, están haciendo un proceso de consulta ciudadana que fácilmente podría relacionarse con los principios de transparencia y participación de nuestros Principios, y que busca aprender de experiencias fallidas del pasado en Chile para construir cultura tributaria y ciudadanía a través de temas fiscales”, explica la coordinadora, y agrega que ese país  va en camino hacia evidenciar mucho más explícitamente que los impuestos se necesitan para financiar derechos.