Nuestra Iniciativa existe en un momento en el que la desconexión entre los derechos humanos y la política fiscal es crítica, lo que tiene múltiples consecuencias negativas que pueden agravarse en contextos de inestabilidad o crisis económica y frente a la adopción de medidas de austeridad fiscal. El problema, además, es particularmente grave en América Latina y el Caribe, una región marcada por la desigualdad, los índices de pobreza, las medidas de austeridad severas, la explotación subregulada de recursos naturales y la corrupción.

En este escenario, desde 2015, nuestra Iniciativa ha intentado impulsar el potencial que la política fiscal tiene para la realización de los derechos humanos. Para continuar con esa misión, en este 2022 que está por culminar, desarrollamos investigaciones, alianzas y acciones de incidencia de sumo valor para nuestro propósito:

Produjimos investigaciones relevantes para profundizar en el lugar central que deben ocupar los derechos humanos en la política fiscal

En enero de 2022, publicamos una serie de siete documentos que describen cómo diversos actores económicos distintos al Estado tienen claras obligaciones en la construcción y monitoreo de políticas fiscales que garanticen los derechos humanos. El autor, Juan Pablo Bohoslavsky, quien también es investigador de Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) e integrante de nuestro Comité de Expertos y Expertas, explica cómo empresas, organismos regionales e internacionales, universidades, centros de investigación, acreedores, jueces, entre otros, tienen en sus manos oportunidades de oro para conducir las políticas fiscales hacia escenarios que permitan combatir la pobreza y la desigualdad, así como promover la justicia en todos los campos.

Luego, en febrero, publicamos un artículo escrito por dos investigadores del Center for Inclusive Policy en el que, basándose en nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, orientan a tomadores de decisión, académicos, movimientos sociales y personas con discapacidad sobre cómo incluir la discapacidad en la formulación e implementación de las acciones que emprenden los gobiernos para obtener y asignar recursos públicos.

A estas publicaciones se sumaron tres más durante este 2022: María Goenaga, integrante del Comité de Expertos y Expertas de nuestra Iniciativa, reflexiona en un documento sobre cómo reforzar la moral tributaria en nuestra región. Meggy Katigbak, investigadora filipina experta en justicia fiscal y de género, escribió un artículo para nuestra Iniciativa en el que se refiere a la dirección que deben tomar las instituciones financieras internacionales con los países del Sur Global. Por último, en otro documento, con todas las organizaciones que hacen parte de nuestro Comité Impulsor, analizamos una serie de medidas fiscales tomadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la emergencia sanitaria.

Desarrollamos nuestra Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos

Del 1 al 8 de agosto, las ocho organizaciones que hacemos parte de la Iniciativa, así como expertos y expertas, activistas y movimientos sociales nos unimos para darle impulso a los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos tuvimos cuatro eventos, una campaña en redes sobre la deuda externa argentina y un curso para periodistas y sociedad civil con el que abrimos debates y pensamos conjuntamente cómo promover medidas fiscales que den respuesta a las múltiples crisis que enfrenta la región. En estos espacios también reflexionamos sobre cómo los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal pueden servir para avanzar hacia economías que pongan a las personas y al planeta primero. La recuperación post-pandemia, las desigualdades que impactan a mujeres, personas LGBTQ+ y a personas con discapacidades, el debate regulatorio del cannabis, la crisis climática, entre otros temas, estuvieron en la programación.

Nuestros Principios hicieron parte de las agendas de importantes actores internacionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual correspondiente al año 2021, en el que compiló la situación de los derechos humanos en la región, con sus avances y desafíos. En el aparte del informe en el que la Comisión y la REDESCA se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los organismos celebraron la adopción y publicación de nuestros Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en la política Fiscal en 2021, y mencionaron que nuestra Iniciativa, “liderada por un conjunto de destacadas organizaciones y personas expertas de la sociedad civil regional”, constituyen una herramienta que coadyuva a la aplicación los estándares interamericanos en la materia “y resulta de utilidad, tanto para los órganos del sistema interamericano, como los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes”. 

A su vez, dos organismos multilaterales los citaron durante discusiones relacionadas con cooperación internacional en la política fiscal y lucha contra la pobreza extrema. La primera tuvo lugar durante la sesión número 77 de la Asamblea General de la ONU (julio de 2022), en la que se transmitió un reporte de la experta independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa, Attiya Waris, titulado ‘Hacia una arquitectura fiscal global desde el punto de vista de los derechos humanos’.  Basándose en nuestros Principios, Waris menciona que son “inequívocos” en el hecho de que las obligaciones de los Estados “van más allá de los esfuerzos unilaterales a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que la legislación y la política fiscal respeten y protejan los derechos humanos de las personas más allá de sus fronteras”. La segunda mención está en una declaración de la comisionada por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, frente al aumento de la pobreza extrema en el mundo, y en la que, haciendo referencia a nuestra Iniciativa, asegura que las políticas fiscales basadas en los derechos humanos “también pueden ayudar a encontrar alternativas adecuadas a la austeridad, previniendo así las crisis sociales, y ayudar a revertir la desigualdad, aliviando la carga desproporcionada que soportan las personas con bajos ingresos en algunos países”.

Nuestros principios dieron luz en coyunturas regionales

Nuestra región estuvo en vilo en septiembre con la votación de un plebiscito que le preguntaba a los ciudadanos chilenos si querían o no una nueva Constitución, pues seguía vigente la que dejó la dictadura del expresidente Augusto Pinochet. En ese momento de discusión ciudadana, nuestra Iniciativa le entregó a la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza, nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, pues podían iluminar la ruta de una posible nueva Constitución en materia fiscal y de derechos humanos. Si bien el resultado del plebiscito fue negativo con ese propósito, también hicimos parte de un importante encuentro llamado #ReimaginaLa en el que 40 organizaciones, incluida la nuestra, contribuimos a pensar en el futuro de Chile y la región. 

Luego fueron las elecciones presidenciales en Brasil en octubre. El país enfrenta un momento político, social y económico difícil de superar. El gobierno de Jair Bolsanoro (2019-2022) profundizó las divisiones entre quienes apoyan y no apoyan al Partido de los Trabajadores (PT), al tiempo que impuso una agenda económica radical que afectó seriamente las políticas sociales. Por eso, cuando llegaron las elecciones presidenciales y Bolsonaro se enfrentó al también expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, nuestra organización aliada Inesc le entregó nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal al equipo encargado de la política económica de Lula. Con la victoria electoral de este líder, esperamos que nuestro documento sea una ruta para su próximo gobierno.

Al mismo tiempo, en Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro propuso una reforma tributaria progresiva que enfrentó múltiples obstáculos políticos y legislativos para ser aprobada. A través de nuestra organización aliada Dejusticia, le entregamos a la opinión pública información valiosa sobre cómo esa reforma podía incluir varios de nuestros principios.

Cerramos el año con un importante encuentro en Chile

Cerca de 400 personas que hacen parte de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo nos encontramos del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago de Chile para la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que buscaba desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos, y así garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de nuestras organizaciones estuvieron presentes en diálogos y construcción de propuestas colectivas. Destacamos el panel “Cooperación fiscal y derechos humanos ¿Cómo movilizar recursos para una transición verde y con perspectiva de género en América Latina?”, en el que nos acompañaron Liz Nelson, directora de Justicia Fiscal y Derechos Humanos de Tax Justice Network, y dos de los integrantes de nuestro Comité de Expertos: Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR), y Rodrigo Uprimny, de Dejusticia.

Discutimos en el #OFiP22 sobre el potencial que tiene la tributación progresiva en Latinoamérica para corregir las desigualdades estructurales a través de una política fiscal pensada desde una perspectiva de derechos humanos.

Pensar en derechos humanos es pensar en términos de lo innegociable. A veces parece olvidarse, sin embargo, que para que exista algo tan imprescindible como los derechos humanos deben existir también los recursos para movilizarlos. ¿Por qué es importante hablar de derechos económicos, sociales y culturales en intersección con el tema de la tributación? ¿Cómo trabajar hacia una tributación basada en los derechos humanos y en la cooperación? ¿Puede la política fiscal ser un camino o un instrumento para un cambio y una transformación económica sustentada en la justicia de género?

Partimos de estas preguntas para pensar en acciones transformativas y ambiciosas para un desarrollo sostenible en el panel “Cooperación fiscal y derechos humanos ¿Cómo movilizar recursos para una transición verde y con perspectiva de género en América Latina?”. Nos acompañaron Liz Nelson, directora de Justicia Fiscal y Derechos Humanos de Tax Justice Network, y dos de los integrantes de nuestro Comité de Expertos: Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR), y Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

Este espacio, moderado por Laura Carvalho, directora de equidad de la Open Society Foundation, fue parte de la programación de la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que tuvo como sede a Santiago de Chile.

Cerca de 400 personas que hacen parte de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se encuentran esta semana (del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022) en Santiago de Chile para la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que busca desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos, y así garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Reunir en un mismo espacio a la sociedad civil global no es una tarea sencilla. De hecho, para que las organizaciones que hacen parte de nuestro Comité Impulsor pudieran hacer presencia en este encuentro, tuvieron que viajar desde México, Colombia, Argentina y Brasil. La gigantesca tarea de organizar la #OFiP22 estuvo a cargo de 36 organizaciones, entre las que está GI-ESCR (Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), parte de nuestra Iniciativa.

Por su rol de coorganizadores de la Conferencia, y porque Chile es una especie de sede de su trabajo en América Latina, hablamos con GI-ESCR sobre el reto de dar forma a la reunión más grande del mundo sobre el fortalecimiento de lo público cómo elemento central de la garantía de los derechos humanos y la justicia climática. Esto nos dijo Rodrigo Echecopar, vocero del evento y director de Justicia Climática y Económica en GI-ESCR:

¿Por qué el lema de “nuestro futuro es público”?

Tantas organizaciones de todo el mundo se juntan acá, en Santiago, porque justamente están enfrentando problemas comunes en sus países, como la austeridad y la privatización, con la que parece que la sociedad sirve a la economía, y al final vemos si hay espacio para los derechos humanos. Para eso necesitamos encontrar respuestas entre todos y cambiar paradigmas. Por eso lo público, porque permite que el bienestar común se convierta en elemento central y da un paraguas para pensar juntos en el futuro.

¿Por qué el evento en Chile?, ¿qué símbolos despierta este país para este tipo de discusiones?

Chile representa este proceso de discusión sobre cuáles serán las coordenadas del futuro, aunque no es una receta ya establecida. Este país nos pareció un espacio interesante que combina procesos sociales, el constituyente y espacios institucionales.

El evento es global, ¿involucra también a organizaciones del norte global?

Algo interesante es que no es simplemente una expresión de organizaciones del sur global contra el norte, sino de todo el mundo que piensan juntos un pacto global más justo, en reglas globales más justas contra la privatización. Todos estamos buscando coordenadas y alternativas que nos sirven a todos, incluyendo al norte global.

¿En qué momento se involucró GI-ESCR?

Participamos en el último granito: en la construcción de un manifiesto que plantea la importancia de tener servicios públicos fuertes financiados e innovadores para la garantía de los derechos humanos. Luego aceptamos gustosos la posibilidad de jugar un rol de coorganizadores.

¿Qué esperan que ocurra durante esta semana con organizaciones e iniciativas como la nuestra?

Que empecemos a profundizar en agendas de varios sectores, como cuidados, salud, educación, justicia económica y protección social, energía y agua, y que también puedan entrelazarlas. Queremos que todo esto se convierta en un movimiento que habla con lenguaje y estrategia común a nivel global. Que cuando se hable de impuestos, sepamos que tiene que ver con todos los sectores.

¿Qué podemos ganar organizaciones e iniciativas como la nuestra durante esta semana?

Podemos apostar por el fortalecimiento de un polo regional. Nos estamos reuniendo y eso nos permite fortalecer nuestra visión regional e instalarnos en el debate global. También nos permite encontrarnos con organizaciones de distintos lugares, haciendo que nuestras agendas sean más fuertes si nos vinculamos con otras temáticas.

¿Qué pasos siguen de este gran encuentro de organizaciones cuando culmine la Conferencia?

Queremos sacar una declaración conjunta, ver si somos capaces de consensuar los próximos pasos de incidencia, nuestra narrativa y demandas comunes. Queremos que esta declaración sea una especie de hoja de ruta para el futuro que queremos.

Nuestros Principios y Directrices por los Derechos Humanos en la Política Fiscal no solo guían los pasos de gobiernos, empresas, sociedad civil y otros actores en América Latina y el Caribe. Recientemente, dos organismos multilaterales los citaron durante discusiones relacionadas con cooperación internacional en la política fiscal y lucha contra la pobreza extrema.

Lo que dijo la Experta Independiente en Deuda Externa

La primera tuvo lugar durante la sesión número 77 de la Asamblea General de la ONU (julio de 2022), en la que se transmitió un reporte de la experta independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa, Attiya Waris, titulado ‘Hacia una arquitectura fiscal global desde el punto de vista de los derechos humanos’.

El reporte se centra en explorar mecanismos más eficaces y justos para utilizar los recursos públicos con el fin de garantizar los derechos humanos para todos y todas, abordando el crecimiento incontrolado de la riqueza de unos pocos, las desigualdades y las pérdidas de ingresos fiscales por flujos financieros ilícitos. Para la Experta Independiente, los gobiernos no pueden resolver estos problemas por sí solos y requieren ayuda de la cooperación internacional. De hecho, su propuesta es la creación y desarrollo de una convención fiscal mundial dirigida por las Naciones Unidas y de un organismo fiscal mundial que utilice la perspectiva de los derechos humanos.

Waris argumenta su propuesta desde los aportes de varias fuentes y documentos, como los de nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, cuyos principios y directrices, menciona la Experta Independiente, “reiteran lo establecido en los principios rectores sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas al establecer el papel proactivo de los Estados en relación con la política fiscal, asegurando que ese papel se oriente hacia el respeto, la protección y el cumplimiento de derechos”.

De acuerdo con el informe, lo anterior lleva a una conclusión, y es que la insuficiencia de recursos obstaculiza la capacidad de los Estados para realizar los derechos, lo que indica un posible fracaso en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos a través de la legislación fiscal y el desarrollo y la aplicación de políticas.

De igual forma, y basándose en nuestros Principios, Waris menciona que son “inequívocos” en el hecho de que las obligaciones de los Estados “van más allá de los esfuerzos unilaterales a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que la legislación y la política fiscal respeten y protejan los derechos humanos de las personas más allá de sus fronteras”.

Lo que dijo el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa

La segunda mención está en una declaración de la comisionada por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, frente al aumento de la pobreza extrema en el mundo: “hago un llamado a todos los Estados miembros para que aborden la pobreza de forma sistemática y global, incluso aplicando políticas fiscales firmemente basadas en los derechos humanos", dijo en octubre pasado, y agregó que la pobreza socava el ejercicio de todos los derechos humanos al acabar con la capacidad básica de vivir con dignidad.

Cuando se refiere a soluciones, Mijatović dice que la evaluación sistemática de los presupuestos y las políticas fiscales de los Estados miembros en materia de derechos humanos puede mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de política económica y ayudar a los gobiernos a identificar las áreas en las que se pierden fondos públicos, incluso a través de la evasión fiscal. Luego, y haciendo referencia a nuestra Iniciativa, asegura que las políticas fiscales basadas en los derechos humanos “también pueden ayudar a encontrar alternativas adecuadas a la austeridad, previniendo así las crisis sociales, y ayudar a revertir la desigualdad, aliviando la carga desproporcionada que soportan las personas con bajos ingresos en algunos países”.