Este lunes 6 de marzo a las 2:15 pm de Los Ángeles, nuestra Iniciativa participará en el periodo #186 Periodo de Sesiones de la Comisión con la solicitud de una serie de medidas cruciales para mantener las conexiones entre estos dos temas en la región.

Del 6 al 10 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, California, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su #186 Periodo de Sesiones. Durante el primer día de esta importante jornada, las organizaciones que hacen parte de nuestra Iniciativa tendremos una audiencia temática sobre Política fiscal y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en la región.

La sesión, que tendrá lugar en la Universidad de California a las 2:15 pm (horario de Los Ángeles), es de suma relevancia, pues mostrará evidencia sobre la centralidad de la política fiscal para la garantía de los derechos humanos, recordará las herramientas fiscales que poseen los Estados para avanzar la garantía de los DESCA, evidenciará los avances que ha tenido la región en esta materia y pedirá a la CIDH que adopte medidas concretas para facilitar dichos avances.

Para nuestra Iniciativa, las medidas deberán estar enfocadas en la adopción de una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos que promueva la operativización de nuestros Principios de Derechos Humanos sobre Política Fiscal en el marco del Sistema Interamericano, que haga recomendaciones concretas para que los Estados adopten políticas fiscales alineadas con sus obligaciones de derechos humanos y que dé una lectura interamericana de los Principios, con miras a la producción de un posible informe temático sobre estos temas.

El rol clave del Sistema Interamericano

Lo anterior se sustenta en varias premisas: que sin recursos públicos adecuados el cumplimiento material de los derechos sería imposible; que la política fiscal es clave para cerrar las brechas entre personas y grupos y para incentivar o desincentivar comportamientos que son necesarios para asegurar la garantía de los DESCA (como los impuestos a las bebidas azucaradas con relación al derecho a la salud), y que la política fiscal también tiene vínculos con el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción, lo que confirma su importancia para la totalidad de los derechos humanos.

Siendo así, las organizaciones que hacemos parte de nuestra Iniciativa insistimos en que considerar la política fiscal es relevante para implementar decisiones del Sistema Interamericano. De hecho, la CIDH ha identificado la ausencia de recursos económicos como uno de los retos más importantes a la hora de que los Estados implementen sus decisiones. Igualmente, la falta de capacidad financiera de los Estados es entendida por la Comisión como un obstáculo para el cumplimiento de las medidas de compensación de las víctimas, las medidas de rehabilitación y las medidas en materias de verdad y justicia.

Por estas razones, desde nuestra Iniciativa valoramos los avances del Sistema Interamericano en conectar la política fiscal y los derechos humanos. Muchos de estos avances han sido liderados por la actual relatora especial por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, cuyo trabajo ha sido central en la materia. 

No obstante, encontramos que la región aún desaprovecha el enorme potencial de las finanzas públicas para avanzar de manera decisiva en la materialización de sus compromisos normativos a nivel interamericano en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, en la región persiste una pobre coordinación entre Ministerios de Hacienda y agencias estatales con competencia en materia de derechos humanos, mientras se calcula que la recaudación tributaria con relación al PIB promedio para América Latina se encuentra muy por debajo del estimado para los países que conforman la OCDE (21,9% para los primeros, contra el 33,5% para estos últimos). A este problema de insuficiencia de recursos debe sumarse la regresividad que caracteriza a los sistemas tributarios de la región y que explica que los sectores más pobres carguen proporcionalmente con mayores esfuerzos.

En suma, en estas condiciones, la mayor parte de las políticas fiscales en América Latina no facilitan una inversión pública que posibilite la realización progresiva e igualitaria de los DESCA, e impiden que los Estados transiten con la celeridad que exigen las actuales crisis, como la generada por la pandemia por COVID-19, el aumento en el costo de vida o la emergencia climática.

Esta situación deriva en una violación sistemática de las obligaciones impuestas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los Estados parte, tales como la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad real para todas las personas y de adoptar, hasta el máximo de los recursos disponibles, todas las medidas que sean necesarias a ese fin.

Un escenario propicio para la audiencia

En este 2023 habrá nuevas y únicas oportunidades para contar con estándares interamericanos claros y consolidados que permitan capitalizar el legado de la Comisión en la materia, así como para contar con la referencia de la CIDH como organismo natural para la protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Destacamos, por ejemplo, la histórica resolución que emitió la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2022, y en la que reconoció la importancia de fortalecer la cooperación fiscal internacional entre Estados y solicitó preparar un informe con los próximos pasos para lograrlo. Luego, está también la convocatoria del gobierno de Colombia para celebrar la primera Cumbre Latinoamericana por una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, que, en nuestro concepto, permitirá movilizar el máximo de recursos disponibles para financiar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos por los instrumentos americanos e internacionales.

¿Cómo ver la audiencia?

Si usted quiere enterarse de lo que ocurre durante esta audiencia, podrá seguir la transmisión por la página de la CIDH y el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter.   

Sobre nuestra Iniciativa

La Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal está conformada por ocho organizaciones que trabajan en América Latina y el Caribe, y entre las que están: ACIJ, CELS, CESR, Dejusticia, Fundar, Inesc, Red de Justicia Fiscal y GI-ESCR. En colectivo, buscamos desarrollar y promover un compendio de principios y directrices que sintetizan los estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal.

Sobre nuestros Principios

Los Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal muestran la abundancia de estándares existentes que conectan la política fiscal y los derechos humanos, y la trascendencia de aplicar dichos estándares para lograr avances significativos en la realización de los derechos, en especial de ciertos grupos. Así, entre otras cosas, señalan medidas concretas que pueden tomarse para para eliminar las discriminaciones por razones de género y promover la igualdad sustantiva de género; indican la necesidad de asignar recursos suficientes para procesos de reparación histórica de poblaciones indígenas y afrodescendientes; e indican pasos concretos para evaluar la justicia y la transparencia de los beneficios fiscales en línea con los compromisos de derechos humanos. Los Principios también dan pautas sobre qué son una tributación justa y una presupuestación justa. Además, detallan la lectura fiscal de las obligaciones reforzadas en materia de DESCA, como la de uso del máximo de los recursos disponibles, realización progresiva o garantía de niveles esenciales de los derechos.

Hablamos con Natalia Quiñones, a cargo de la Cumbre en el Ministerio de Hacienda de Colombia, quien menciona que, con este gran espacio, su país quiere enviar un mensaje de que las decisiones de política pública en materia tributaria tienen que incluir a todos los actores que tienen que ver en la identificación y solución de problemas.

El 2023 inició con una noticia muy esperada para el debate tributario global. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, anunció la realización de una Cumbre Latinoamericana por una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, que tendrá lugar los días 27 y 28 de julio en la ciudad de Cartagena y que será un paso importante hacia la construcción de un pacto tributario para América Latina y el Caribe. Desde nuestra Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal nos unimos en una declaración conjunta con la que respaldamos el llamado, una excelente oportunidad para que los gobiernos consoliden un bloque tributario con mayor poder conjunto en negociaciones internacionales que les permitan enfrentar problemas, como el uso de paraísos fiscales por parte de las élites, la competencia tributaria y la falta de políticas y estándares comunes.

Pero, ¿por qué esta cumbre puede ser considerada histórica en un contexto como el de nuestra región? Para Pedro Rossi, profesor e investigador de Unicamp (Brasil) e integrante de nuestro Comité de Expertos y Expertas, el resurgimiento de varios gobiernos de izquierda, como el de su país, el de Chile o el de Colombia, nos conduce hacia un momento de transformación que favorece un despertar al tema fiscal, una reacción a las políticas de austeridad y un reconocimiento de la necesidad de reformas tributarias revolucionarias, que reduzcan las desigualdades sociales, transformen la estructura productiva y modifiquen la correlación de fuerzas. Esto, teniendo en cuenta que en la primera ola de gobiernos de izquierda en América Latina no hubo reformas tributarias sustantivas y las políticas de reducción de la desigualdad se beneficiaron de un contexto internacional de aumento de los precios de las materias primas.

El hecho de que la Cumbre sea convocada desde Colombia también tiene un significado. Mariana Matamoros, investigadora en temas de justicia fiscal de Dejusticia, organización que integra la Iniciativa, dice mucho sobre el hecho de que su país por fin está liderando pasos importantes para lograr un mejor sistema fiscal y que aprovecha la coyuntura regional de cambios de gobierno para pensar en propuestas de cooperación tributaria. Ahora, en este escenario favorable para la discusión, la sociedad civil colombiana tendrá el enorme reto de mostrar, con evidencia, cómo la evasión, la elusión y otros problemas del sistema global afectan la realización de los derechos humanos y requieren de soluciones basadas justamente en la tributación global. 

En esto coincide Rossi, para quien el papel de la sociedad civil y de la academia será crucial en los distintos escenarios de la Cumbre, pues la naturaleza de los temas tributarios llama a movilizar a actores sociales diversos. Con lo anterior, apunta, el principal desafío para organizaciones e iniciativas como la nuestra será aprovechar este momento para llevar a la sociedad en su conjunto a la discusión del tema, y así dar legitimidad popular a reformas que buscan la reducción de las desigualdades y la justicia tributaria.

En este sentido, concluye Rossi, nuestros principios y directrices proporcionan las bases para cambiar el paradigma de gestión de la política fiscal. Según el economista, el trabajo que realiza nuestra Iniciativa ya tiene repercusiones en varios países de la región, pero tendrá un enorme potencial para apoyar los cambios concretos que se requieren para llegar al pacto latinoamericano por la justicia fiscal que convoca la Cumbre.

La participación en la Cumbre

Al respecto del rol de la sociedad civil, Natalia Quiñones, experta en derecho tributario internacional y a cargo de la Cumbre en el Ministerio de Hacienda de Colombia, menciona que el Gobierno de ese país quiere enviar un mensaje de que las decisiones de política pública en materia tributaria tienen que incluir a todos los gobiernos, pero también a todos los que tienen que ver en la identificación y solución de problemas. De hecho, esa institución lanzó una convocatoria pre-Cumbre para que cualquier persona, empresa u organización del mundo envíe un resumen de máximo 500 palabras sobre los problemas que impiden construir un sistema tributario global inclusivo, sostenible y equitativo. 

“Queremos tener un menú completo de problemas y dar esa oportunidad al público en general para que la política pública sea realmente informada. Es un ejercicio de abajo hacia arriba que nos permitirá priorizar problemas urgentes y prioritarios que contribuyan a construir una agenda de discusión para los ministros que asistirán a la Cumbre”, afirma Quiñones, y agrega que los interesados deberán adjuntar también su hoja de vida y hacer su envío antes del próximo 27 de febrero.

Los resúmenes serán revisados por un comité académico conformado por expertos nacionales e internacionales para crear una especie de repositorio de problemas agrupados en ocho temas:  inclusión, gobernanza y proceso; ODS, cambio climático y fiscalidad; fiscalidad corporativa; política fiscal para la digitalización y las nuevas tecnologías; tributación individual; incentivos fiscales; administración, resolución de disputas y ejecución, y nexo y distribución equitativa de los poderes impositivos.

Con este repositorio se creará una publicación digital en español e inglés llamada ‘Repensando la tributación global’, en la que van a quedar consignados todos los problemas que recibirá el Ministerio de Hacienda de Colombia, sin importar de dónde viene, si se trata de académicos o de ciudadanos preocupados por el tema. También se creará un documento de política que será enviado en el mes de junio a los ministros que confirmen su asistencia a la Cumbre, así como a otros foros globales que aborden estos temas.

A su vez, algunas de las personas que envíen resúmenes serán convocadas como oradores al evento académico ‘Repensando la Tributación Global’, que tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Bogotá y que buscará hacer una aguda discusión sobre los problemas detectados para, más adelante (después de la Cumbre), avanzar en una agenda de soluciones que, de acuerdo con Quiñones, tendrá una metodología de construcción similar a la de los problemas.

ATENCIÓN: Encuentra aquí todo para participar en los espacio relacionados con la Cumbre

• Si usted o su organización quieren enviar uno o varios resúmenes sobre problemas que impidan la realización de una tributación global, hágalo aquí hasta antes del 27 de febrero.

• Si usted o su organización quieren asistir al evento académico pre-Cumbre ‘Repensando la tributación global’, inscríbase aquí.

• Si usted hace parte de la sociedad civil, y su organización quiere participar en la Cumbre de julio, el Ministerio de Hacienda de Colombia abrirá próximamente algunos cupos para observadores.

• Si las organizaciones de la sociedad civil quieren desarrollar eventos paralelos a la Cumbre de Cartagena, pueden coordinar con el Ministerio de Hacienda de Colombia enviando un correo electrónico aquí.

Este año llega con una serie de oportunidades, momentos y debates que le permitirán a gobiernos, academia, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la región pensar y crear alternativas para estos problemas estructurales.

Nuestra Iniciativa existe en un momento en el que la desconexión entre los derechos humanos y la política fiscal es crítica, lo que tiene múltiples consecuencias negativas que pueden agravarse en contextos de inestabilidad o crisis económica y frente a la adopción de medidas de austeridad fiscal, como en la actualidad. El problema, además, es particularmente grave en América Latina y el Caribe, la región más desigualdad del mundo, marcada altos índices de pobreza, las medidas de austeridad severas, la explotación subregulada de recursos naturales y la corrupción.

En medio de este contexto, el 2023 llega con una serie de oportunidades, momentos y debates que le permitirán a gobiernos, academia, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la región pensar y crear alternativas para estos problemas estructurales. Hablamos por ejemplo de la Cumbre “Repensando la Tributación Global”, convocada por Colombia, que discutirá un nuevo marco global para el sistema tributario internacional, y que, con valores como la inclusión, la sostenibilidad y la equidad, contribuirán a guiar decisiones de política fiscal para adaptarse a una economía que ya no puede guiarse por reglas obsoletas e inequitativas del pasado.

Este también puede ser un año bisagra para comenzar a revertir la curva de desigualdad en América Latina a través de mayor justicia fiscal: no solo por las reformas tributarias progresistas de Colombia, y eventualmente Chile o  Brasil, sino porque a finales de 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que llama a los Estados a iniciar negociaciones sobre una Convención Tributaria bajo el auspicio de la ONU.

De acuerdo con Vicente Silva, oficial del programa de Justicia Económica de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIESCR) e integrante de nuestro Grupo Impulsor, 2023 va a ser un año importante para que ese llamado obtenga tracción política, lo que configuraría un gran momento para los países del Sur Global, pues les permitiría lograr una gobernanza que defienda sus intereses en las discusiones globales.

De igual forma, los momentos electorales de países como Argentina, Guatemala y Paraguay, que este año votan por un nuevo presidente o presidenta, así como un posible nuevo plebiscito constitucional en Chile, puede dar oportunidades para exigir respuestas y compromisos de candidatos y constituyentes sobre los principales desafíos que enfrentamos en materia de justicia fiscal en la región.

Los retos para América Latina y el Caribe

Aunque estas oportunidades son prometedoras, nuestra región también atraviesa un momento complejo desde el punto de vista fiscal y monetario. Las proyecciones de la CEPAL esperan un crecimiento económico en torno al 1.3%, mayor inflación y tasas de interés más altas debido al contexto internacional desfavorable. A esto se le suman las crisis asociadas al COVID-19, la crisis ecológica, el alto costo de la vida y el aumento de la desigualdad.

Se forma simultánea, la enorme regresividad de nuestros sistemas de tributación persiste. “Los pobres de nuestra región pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos, especialmente las mujeres y los afrodescendientes”, afirma Nathalie Beghin, de Inesc Brasil, una de las de nuestra Iniciativa. Y añade al menos otros dos retos que enfrenta la región: la evasión y elusión fiscal, pues de acuerdo con la Cepal, el incumplimiento tributario en la región es de unos US$ 325,000 millones anuales, mientras Tax Justice Network calcula que los países de América Latina y el Caribe pierden alrededor de US$ 43 mil millones anuales en impuestos debido al abuso fiscal transfronterizo mundial. A lo anterior se suman los privilegios fiscales que benefician especialmente a los más ricos.

Para Julieta Izcurdia, del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ Argentina, otra las organizaciones de la Iniciativa, en su país, el endeudamiento va a seguir ocupando el debate público, lo que para la sociedad implica continuar aportando miradas heterodoxas y argumentos robustos que muestren que la deuda es una cuestión de derechos humanos y no netamente económica, así como el rol igualador que tiene que tener la política fiscal, el gasto y los impuestos para revertir las desigualdades, en un contexto en el que la deuda está condicionando la forma en que el gobierno argentino recauda y se invierte en políticas sociales.

Desde México, Fundar, quien también hace parte de la Iniciativa, plantea las dificultades que genera su Estado al mostrar interés por sumarse a los espacios internacionales emergentes donde se discutirán las reglas tributarias globales. “En lugar de jugar un rol protagónico y velar por un sistema tributario más justo, el presidente ha propuesto ante la ONU que quienes más tienen realicen una aportación voluntaria, una medida que definitivamente no puede considerarse como un impuesto”, asegura Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de esa organización, para quien la extrema desigualdad y la crisis climática, como problemas globales que pueden solucionarse a través de la cooperación y coordinación internacional, exigen que los gobiernos de la región promuevan conjuntamente una política fiscal que esté a la altura de las circunstancias.

“Si esperamos afrontar con éxito estos retos, necesitamos nuevas ideas de gobernanza y nuevos acuerdos institucionales”, asegura Vicente Silva, de GIESCR, y puntualiza que necesitamos una política fiscal progresiva y mayor cooperación entre los países para contar con los recursos suficientes y necesarios para la recuperación y para financiar bienes y servicios públicos universales, pues tienen el potencial de hacer frente a la crisis del costo de la vida, disminuir la desigualdad y asegurar dignidad para todos y todas dentro de los límites del planeta.

Nuestros principios en este contexto

Además de gravar el patrimonio de las personas que más riqueza concentran, eliminar gastos tributarios ineficientes y combatir la evasión y la elusión fiscal, Nathalie Beghin, de Inesc, ve con esperanza las salidas que ofrecen nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, a los principales retos de la región. Según dice, a partir de mecanismos legales existentes, estos lineamientos muestran que si no se hacen cambios profundos en la manera como se recaudan recursos públicos, no se pueden realizar los derechos humanos, por lo que, en este sentido, ofrecen alternativas para que nuestros gobiernos tomen decisiones por la justicia fiscal. 

En esto coincide Vicente Silva, para quien la política fiscal ya no puede ser entendida como una herramienta que restringe su ejercicio, sino como un dispositivo clave para su realización. De esa forma, pensar la política fiscal desde el enfoque de derechos nos exige repensar nuestro sistema social y económico desde un modelo orientado al PIB hacia otro centrado en los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta. “Todas las agendas transformadoras necesitan recursos para ser viables, y los principios y directrices nos entregan claves valiosas para abrir esas conversaciones entre diferentes sectores”, concluye.

Este 17 de enero de 2023, durante el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, concedió una entrevista a la agencia Reuters en la que anunció la realización de una Cumbre Latinoamericana por una Tributación Global, incluyente, sostenible y equitativa, un paso importante hacia la construcción de un pacto tributario para América Latina y el Caribe. 

Es por ello que las organizaciones que hacemos parte de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, y otras que trabajan en esta materia, nos unimos en una declaración conjunta con la que aplaudimos el llamado realizado por el gobierno de Colombia para celebrar esta Cumbre, que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena en el mes de julio de este año. 

En nuestra declaración, las organización manifestamos que el encuentro anunciado es una excelente oportunidad para que los gobiernos latinoamericanos consoliden un bloque tributario con mayor poder conjunto en negociaciones internacionales y para que fortalezcan sus mecanismos de cooperación. La necesidad de enfrentar problemas, como el uso de paraísos fiscales por parte de las élites, la competencia tributaria y la falta de políticas y estándares comunes, demandan la construcción de una agenda de cooperación robusta. Con la decisión unánime de iniciar conversaciones hacia un marco de cooperación tributaria global en las Naciones Unidas, el momento no puede ser más propicio.

Lea también nuestro artículo: ¿Por qué tenemos que hablar de cooperación tributaria y derechos humanos?

En nuestra declaración también mencionamos que diferentes países de América Latina, como Colombia y Chile, han comenzado a adoptar reformas progresivas en materia fiscal a nivel nacional, y ahora hay que dar un paso de concertación regional que permita aumentar el recaudo y garantizar derechos, combatir privilegios y perseguir el abuso fiscal. 

Las organizaciones que suscribimos la declaración hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe a sumarse a la propuesta de Colombia y mostrar liderazgo en la construcción de un pacto fiscal justo para la región. 

Asimismo, celebramos que el gobierno colombiano quiera garantizar que la voz desde la sociedad civil sea tomada en cuenta desde el inicio, y animamos al resto de los gobiernos de la región a abrir espacios ciudadanos de participación igualitaria y directa, de modo que la construcción de la hoja de ruta hacia una mayor justicia fiscal surja de un proceso colectivo, transparente y sujeto a rendición de cuentas. 

Si quieres firmar y apoyar la declaración, haz click en este LINK