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El 23 de febrero, desde CESR junto con Latindadd, la RJFALC y la Iniciativa sobre P&D de derechos humanos en la política fiscal, llevamos a cabo el Laboratorio "La política fiscal es un asunto de derechos", el primero de la serie de Laboratorios de Justicia Fiscal que buscan brindar herramientas para transformar la política fiscal desde una mirada de derechos humanos.  

En el encuentro, expertos y expertas compartieron estrategias para abordar diversas preguntas, entre ellas: ¿Cómo y por qué es importante conectar las agendas de derechos humanos con la de política fiscal? ¿Por dónde y cómo comenzar a trabajar en temáticas fiscales? ¿Qué tipo de información puede ser relevante? ¿Cómo comunicar esa información? ¿Qué dogmas debemos combatir para democratizar las decisiones de justicia fiscal? 

Sergio Chaparro, del CESR, comenzó por resaltar la relevancia de trabajar la dimensión fiscal de los derechos por cuanto "los derechos dependen más de los recursos que de las propias leyes y la política fiscal define las verdaderas prioridades de los estados". Luego abordó algunos de los desafíos conceptuales que enfrenta toda agenda de justicia fiscal y derechos humanos, y destacó la importancia del marco internacional de derechos humanos para dar argumentos a la hora de exigir a los Estados que exploren alternativas a la austeridad fiscal para movilizar recursos. 

Elizabeth Salazar dio su mirada como periodista de investigación del medio peruano Ojo Público. Entre otras cosas, resaltó la importancia del trabajo interdisciplinario y colaborativo para lograr que la información fiscal sea accesible para la ciudadanía y brindó estrategias para guiar las investigaciones en materia fiscal, así como para lograr que ese trabajo sea sostenible en el tiempo e incida en los decisores públicos. A partir del trabajo de Ojo público, destacó la relevancia de aportar datos históricos y contextualizar las noticias, generar mensajes claros y directos para que la ciudadanía comprenda la relevancia de la temática y actuar de manera conectada con otros expertos y organizaciones para dar un seguimiento más robusto a las políticas que se estén monitoreando.

Julieta Izcurdia, de ACIJ, destacó que en el caso de su organización, el punto de partida para comenzar a trabajar la agenda de justicia fiscal fue analizar algunos aspectos de la información fiscal disponible. Julieta relató cómo fue el camino recorrido hasta hoy, qué vacíos informativos relevantes pudieron descubrir –por ejemplo, al analizar los gastos tributarios o ciertas exenciones fiscales controversiales en comparación con gastos directos que suelen beneficiar a los sectores más pobres–, qué obstáculos tuvieron para acceder a esa información –por ejemplo, el rol de las regulaciones de secreto fiscal–, las estrategias judiciales y extrajudiciales que desplegaron y los desafíos que aún persisten –por ejemplo, argumentos técnicos por parte de la administración tributaria que son difíciles de controvertir–. 

Finalmente, Paulina Castaño de Fundar México hizo hincapié en el programa de privilegios fiscales de Fundar y la campaña sobre Menstruación Digna México de la que Fundar es parte. Sobre la base de esas experiencias, hizo mención al uso de herramientas de acceso a la información pública y el análisis de documentos presupuestarios como aspectos clave para su trabajo. También mencionó una serie de argumentos que desde su organización han ido construyendo para justificar por qué ciertas exenciones o ciertos impuestos pueden ser considerados discriminatorios. Así por ejemplo, en el caso de Menstruación, el pedido concreto de eliminación de IVA para los productos de gestión menstrual se basan en el impacto diferenciado que tiene ese impuesto sobre hombres y mujeres y en el carácter de primera necesidad de dichos productos.  

Al finalizar las exposiciones, las y los cuatro panelistas respondieron varias preguntas interesantes que realizó el público y compartieron algunos materiales de interés.

Incríbete en los próximos Laboratorios

Te invitamos a participar en los dos próximos Laboratorios, el 11 y 25 de marzo a las 9 AM EST. Son totalmente gratuitos y sólo requiere una inscripción previa sencilla a la que poduedes acceder en este link: https://bit.ly/labspolfiscal.

Materiales recomendados durante el laboratorio

- Presentación de Julieta Izcurdia (ACIJ)

- "Desmantelando mitos" (CESR)

- Tax Justice Toolkit (SOMO y Christian Aid)

- Guia de analisis presupuestario con perspectiva de género (ACIJ)

- Guía Ciudadana para el Análisis presupuestario (IBP)

- A budget guide for Civil Society Organisations working in Education

- "Paquete económico 2021. Análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades" (FUNDAR)

- Guía para el análisis presupuestario de las políticas contra la violencia de género en Argentina (ACIJ)

En el marco del llamado a reacciones sobre la propuesta de un Fondo Global para la Seguridad Social realizado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal envío sus aportes respecto de varios de los temas planteados en la covocatoria.

El impuesto a las grandes fortunas

En la Argentina y en América Latina en general, la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos es baja si se la compara con la que tienen en los países más ricos. 

De acuerdo con la CEPAL, en 2018, la recaudación de los impuestos a la renta personal en la región alcanzó un 2,3% del PIB en promedio, en comparación con un 8,3% del PIB en los países más ricos. En cuanto al peso tributario general, en Argentina el 10% de la población de mayores ingresos destina 9,2% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que en la Unión Europea ese porcentaje alcanza al 21,3%.

La mitad de los ingresos tributarios de América Latina y el Caribe provienen de impuestos indirectos que, al definir un porcentaje único para toda la población, en términos relativos afectan más a quienes menos ingresos perciben. En los países más ricos la participación de estos impuestos no supera un tercio de la recaudación, mientras que en Argentina los impuestos al consumo de bienes y servicios (como el IVA) explican el 43% del total de la recaudación nacional.